Un reciente estudio sobre economías regionales de la Argentina precisó que el año pasado 21 de 22 de ellas aumentó sus exportaciones, aunque solo tres superaron los USD 1.000 millones de ventas externas. Y de éstas, solo una superó los USD 2.000 millones.
Paradójicamente, ese sector, la pesca, atraviesa hoy una crisis severa, al punto de haberse postergado ya por varias semanas, sin solución a la vista, el inicio de la zafra de la especie que más dólares aporta, el langostino, que por sí solo explica la mitad de las divisas del sector, a un promedio cercano a los USD 1.000 millones anuales.
En algunos años de la segunda mitad de la década pasada las exportaciones de langostino llegaron a superar incluso los USD 1.600 millones, cuando a los volúmenes de captura en el Mar Argentino se sumaron buenos precios internacionales.
Pero esa etapa pasó. Las empresas agrupadas en las Cámaras de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), argumentan que el precio de la tonelada de langostino pasó de un techo de USD 12.000 hace más de diez años a entre USD 5.500 ahora y proponen reducir en un 30% los ítems “de producción”, que conforman el grueso de los ingresos de los trabajadores de la pesca. Los sindicatos de marineros, maquinistas y conductores se oponen, en particular la marinería agrupada en el SOMU, del que proviene el grueso de la dotación de un buque pesquero.
Sin acuerdos básicos
No ha habido acuerdo siquiera sobre los básicos de convenio, la parte fija, aunque menor, del ingreso de los trabajadores del sector, al cabo de una conciliación que venció el sábado pasado. El mismo día, además, la secretaría de Pesca de la Nación confirmó la suspensión de la campaña de prospección. Sin prospección, dicen los técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), es imposible evaluar la “biomasa disponible”, lo que compromete cualquier decisión sobre la pesquería más importante del país.
Esta semana gremios y cámaras se reunirían en la Secretaría de Trabajo para intentar un acuerdo. Hasta ahora, están lejos. El secretario general del SOMU, Raúl Durdos, recorrió puertos para no se le escapen las bases, que están perdiendo la parte más gruesa de sus ingresos (la “producción”) a medida que pasan los días y los buques no salen a pescar. Y las empresas ya llevan casi un mes sin aprovechar la etapa de mejores capturas, que se prolonga hasta septiembre.
Un buque de pesca de langostino, en mejores días
Costos
“Armar” un congelador (esto es, pagar combustibles y otros insumos y servicios y los premios “de producción” a la tripulación) requiere unas USD 200.000 para perder unos USD 15.000 por marea, dijo a Infobae Agustín de la Fuente, gerente de Capip. Y esa pérdida, dijo, puede ser superior si al cabo de la marea (unos 8 días en el mar) hay que reponer o reparar máquinas o “artes de pesca”.
Capip y Capeca alegan que la tripulación de un “tangonero” (buque dedicado a la pesca del langostino) insume el 60% del costo de una marea, contra el 30% histórico. Los sindicatos niegan esos números y dicen no estar dispuestos a renegociar el valor de los “ítems de producción”. Mientras tanto, los marineros cobran el salario básico, unos $580.000 brutos por mes si no tiene antigüedad. A medida que el conflicto se prolonga, la presión de la marinería (y de las familias) aumenta.
Onda expansiva
La crisis se extiende a sectores asociados, como la industria naval. El sábado pasado, en Mar del Plata, en la botadura de la embarcación número 152 construida por Astilleros Contessi, el presidente de la firma, Domingo Contessi, precisó: “hoy tenemos 113 buques congeladores tangoneros paralizados porque la ecuación económica es inviable, y parte del sector sindical se niega a analizar los costos y balances de las empresas. Los barcos de la flota fresquera de Mar del Plata también van quedando inactivos, pero por goteo: todas las semanas cierra una nueva planta pesquera o se abren retiros voluntarios, tanto en Mar del Plata como en la Patagonia.”
El empresario criticó el Decreto 273, que flexibilizó la importación de bienes de capital usados, calificándolo de “falacia ideológica, pues crea un sistema que elige ganadores y perdedores: pretender competir contra el bien de capital amortizado y usado es absurdo, porque no podemos pagar impuestos usados, pagar sueldos usados o comprar insumos usados. Queremos competir en igualdad de condiciones”
Contessi criticó además el reciente “Régimen de Excepción de la Marina Mercante”, al que calificó de “injusto atajo; la antítesis de la “Jones Act” que se aplica en EE.UU. desde hace más de 100 años”. Pero también hizo un reproche interno. “La culpa de lo que le está pasando a la pesca y a la industria naval argentina no es de los trabajadores, ni de las autoridades. Es culpa de los empresarios, que cedimos ante todas las presiones, que durante años nos mantuvimos en el ostracismo, que hablamos con eufemismos y que no somos capaces de unirnos.” Por eso, pidió unidad y “racionalizar” el diálogo con autoridades, sindicatos y proveedores de servicios, con datos concretos para superar la crisis.
Observatorio de conflictos
Por su parte, el Observatorio del Sistema Pesquero Argentino de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco relevó entre enero y mayo más de 60 noticias sobre la industria pesquera: 70,2% fueron sobre conflictos y 13,8% sobre “legislación e impuestos”. En suma, 84% tuvo que ver con diferendos, como la queja de las empresas, porque el Gobierno excluyó la pesca de la eliminación de retenciones a las “economías regionales” o por el fuerte aumento del “Derecho Único de Extracción”, y la de los trabajadores por la falta de acuerdo con las empresas y por el impuesto a las “ingresos personales”, antes llamado “Ganancias”.
Con los valores actuales, que las Cámaras pretenden renegociar, un marinero percibe unos $4,5 millones brutos por marea (los 8 días ya mencionados) y está a tiro del fisco. Más aún lo están maquinistas, patrones y capitanes de pesca, que son menos numerosos, pero ganan cifras que los llevan hasta la alícuota más alta (35%) del tributo.
“Lo que observamos no es una suma de conflictos aislados, sino un deterioro estructural que atraviesa a todo el sistema productivo”, señaló el Observatorio Pesquero en un posteo en la red X. Y resumió la situación del siguiente modo: “Desde marzo, más de 100 buques de la flota congeladora permanecen amarrados. Las cámaras empresarias alegan que los costos superan los ingresos: langostino a 5,5 dólares el kilo, salarios atados a un valor de 12 dólares, insumos dolarizados, retenciones del 6% y suba del DUE. Tal vez sea hora de abrir un debate inteligente, pensando un nuevo marco colectivo laboral para la pesca argentina. Uno que garantice empleo formal, previsibilidad para las empresas y sustentabilidad para el recurso”.
De lo contrario, ya no habrá solo pescado sin vender, sino incluso pescado que vender.