El Congreso Nacional del Partido Justicialista, celebrado el pasado 20 de mayo, ratificó la intervención del distrito Salta por un período de 360 días. La medida, que había sido resuelta por la conducción nacional del partido, fue formalmente validada durante el encuentro partidario y ya fue notificada a la Justicia Electoral, luego de que la jueza María Romilda Servini, anulara la intervención dictaminada por el Consejo Nacional, presidido por la expresidente, Cristina Kirchner. Ahora se espera una validación de la justicia federal sobre la continuidad de la intervención dictaminada por el Congreso partidario o si se mantiene el fallo anterior que anuló la medida dispuesta en el distrito provincial.
El Congreso determinó que la conducción interventora del PJ salteño siga en manos de Sergio Berni y María Luz Alonso, quienes llegaron para intervenir el partido a mediados de marzo, luego de que fueran designados por Cristina Kirchner en la intervención dictaminada por el Consejo partidario, el pasado 24 de febrero.
La intervención se da en un clima de fuerte conflictividad interna. En las últimas semanas, se registraron enfrentamientos entre distintos sectores del peronismo provincial que disputan el control de la estructura partidaria. Las tensiones llegaron a un punto crítico con incidentes en la histórica sede de calle Zuviría, en la ciudad de Salta, donde se denunciaron agresiones físicas, destrozos y acusaciones cruzadas por presuntos intentos de toma del edificio.
El enfrentamiento involucra a dirigentes históricos, exfuncionarios, sectores alineados al kirchnerismo, referentes territoriales y cuadros que responden a espacios provinciales con poder institucional. La persistente polémica sobre el accionar de los legisladores justicialistas salteños que prestan acuerdos a los proyectos libertarios del Gobierno nacional en el Congreso de la Nación, resulta el principal motivo de la intervención y del clima de enfrentamiento que se vive dentro del PJ local.
No obstante desde el sector oficialista del PJ en Salta, aseguran que el partido está funcionando normalmente y que no peligra bajo ningún punto de vista el marco democrático partidario.
Por su parte la jueza Servini había considerado al momento de anular la intervención dictaminada por Cristina Kirchner que el Consejo no tenía facultades y que es el Congreso nacional del PJ es el órgano para tal determinación.
En su última reunión el Congreso justicialista, además, ratificó todos los actos de los interventores realizados hasta la fecha y se presentó un acta notarial que certifica el quórum del encuentro y los resultados de cada votación.
El escrito fue elevado a la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, quien deberá tomar razón de las nuevas designaciones y ratificar o rectificar su fallo anterior que anuló la intervención al distrito local.