Comienza el juicio contra Cositorto y sus socios por Generación Zoe: 118 estafas y asociación ilícita

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Este jueves 29 de mayo comenzará en Salta el juicio contra Nelson Leonardo Cositorto , fundador de la financiera Generación Zoe, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas reiteradas. La audiencia de debate se desarrollará en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial y estará presidida por el juez Martín Pérez, junto a los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar.

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Este jueves 29 de mayo comenzará en Salta el juicio contra Nelson Leonardo Cositorto, fundador de la financiera Generación Zoe, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas reiteradas. La audiencia de debate se desarrollará en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial y estará presidida por el juez Martín Pérez, junto a los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar.

El proceso se extendería durante al menos un mes y contará con la declaración de más de 160 testigos. La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representará al Ministerio Público Fiscal.

Cositorto fue trasladado días atrás desde la cárcel de Corrientes y actualmente se encuentra alojado en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

Junto a él, también serán juzgados Ricardo Gabriel Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, acusados como coautores de 118 estafas y asociación ilícita en concurso real.

Según la fiscalía, el perjuicio económico ocasionado por la maniobra en Salta asciende a $5.682.500 y USD 574.120,29.

El modus operandi de la estafa

La causa se inició en 2022 a partir de denuncias de personas que habían invertido en Generación Zoe a través de su sede en Pellegrini 782, en Salta. La financiera ofrecía “membresías educativas” que prometían rendimientos mensuales de hasta un 10% y anuales de hasta un 120%, a cambio de una inversión inicial de entre 500 y 1.000 dólares.

A las 24 horas de la adhesión, el sistema ya mostraba un “incremento” del capital del 20% como bonificación educativa. Sin embargo, el contrato imponía restricciones severas al retiro del dinero, incluso penalidades del 50% para quienes lo hicieran antes del año.

Además, ofrecían incentivos por sumar nuevos aportantes y productos denominados “robots”, que prometían duplicar el capital en tres meses. La mayoría de los pagos se realizaban en efectivo y se entregaban directamente a los imputados, aunque también hubo transferencias bancarias a cuentas personales.

Los roles de los acusados

Fuente: https://www.eltribuno.com/salta/seccion/policiales

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