El Partido Justicialista de Salta sigue en una situación de tensión y de pases de factura entre dos facciones. Es que a principios de semana la jueza federal, con competencia electoral, María Romilda Servini, declaró nula la intervención del PJ local, dispuesta el pasado 24 de febrero por el Consejo Nacional del partido.
El principal argumento de la magistrada fue que la medida no había sido tomada por el Congreso Nacional del PJ, único órgano que puede dictar una intervención. El problema es que el mismo martes que salió el fallo de Servini, sesionó el Congreso y ratificó la intervención. Obviamente, las voces disidentes señalaron que era una medida extemporánea.
Esto fue tan así que ni lentos ni perezosos, los que habían sido sacados del partido, dirigentes cercanos al gobernador Gustavo Sáenz, reasumieron la conducción y comenzaron a reclamar $120 millones que habían quedado en la caja antes de la intervención.
El tema es que habrá que ver qué hacen en las próximas horas quienes habían tomado la rienda del partido tras la intervención dispuesta por la expresidenta Cristina Kirchner, quien maneja el PJ nacional. Los interventores Sergio Berni y María Luz Alonso no se pronunciaron hasta el momento. Seguramente, los dirigentes salteños alineados con el kirchnerismo buscarán volver al partido de la mano de un fallo judicial. Lo cierto es que el PJ local es tironeado, se convirtió en un polvorín y en pocos meses deben presentar listas de cara a las elecciones nacionales.