Las DEA comprenden alteraciones neurobiológicas que afectan funciones como la lectura, la escritura, el cálculo matemático y la comprensión verbal. Se manifiestan a través de condiciones como la dislexia, la discalculia o la disgrafía, y no guardan relación con la inteligencia o la capacidad de aprendizaje. Lo que está alterado es el proceso de acceso al conocimiento, no el conocimiento en sí mismo.
En Argentina, y en el mundo, se estima que entre el 5% y el 15% de la población escolar podría estar alcanzada por alguna forma de DEA. Estos estudiantes requieren abordajes específicos, que incluyan adaptaciones curriculares, estrategias pedagógicas diferenciadas y acompañamiento interdisciplinario. Sin embargo, en la práctica, muy pocos acceden a ese derecho.
Pese a la adhesión formal a la Ley Nacional 27.306, el sistema educativo salteño muestra profundas deficiencias en términos normativos, pedagógicos y de implementación curricular. La inclusión educativa, lejos de ser una realidad efectiva, continúa atrapada entre discursos y ausencias materiales.
Sancionada en 2016, la Ley Nacional 27.306 establece el abordaje integral de las DEA como política pública prioritaria. Reconoce la necesidad de detección temprana, tratamiento médico y cobertura obligatoria, así como de capacitación docente y adaptaciones escolares concretas. La norma también exige la incorporación de estas prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO). Salta adhirió a la ley nacional mediante la Ley Provincial 7997. Sin embargo, dicha adhesión no se ha traducido en acciones sistemáticas, sostenidas ni generalizadas. La norma existe, pero la distancia entre lo escrito y lo vivido es abismal.
Diagnóstico tardío
Uno de los primeros obstáculos en Salta es la falta de diagnóstico temprano. Muchos niños atraviesan toda la escolaridad primaria sin ser identificados. No existen protocolos institucionalizados en las escuelas públicas para la detección de DEA. Tampoco hay equipos de orientación escolar suficientes para cubrir las demandas en zonas urbanas, y menos aún en zonas rurales o alejadas. La ausencia de profesionales como psicopedagogos, fonoaudiólogos o especialistas en neurodesarrollo en las instituciones educativas del sistema público genera una dependencia casi total de los servicios privados. Esto reproduce desigualdades y convierte a la DEA en una barrera aún mayor para las infancias en contextos de vulnerabilidad social.
Formación docente
Otro punto crítico es la formación docente. La mayoría de los maestros y profesores
en actividad no han recibido capacitación formal sobre DEA ni durante su formación inicial ni en sus trayectorias profesionales. La ley prevé programas de actualización, pero en Salta estos espacios de formación son escasos, discontinuos y muchas veces dependen de la voluntad individual de cada educador.
Sin herramientas claras, el resultado es previsible: prácticas pedagógicas homogéneas, evaluaciones que no consideran las diferencias cognitivas y modelos de enseñanza que excluyen por omisión. Los estudiantes con DEA no fracasan por incapacidad, sino porque el sistema no les ofrece alternativas.
Diversidad curricular: el concepto ausente: El principio de diversidad curricular —la idea de que no todos los estudiantes deben aprender de la misma forma ni ser evaluados del mismo modo— brilla por su ausencia en la política educativa salteña. Las adaptaciones curriculares, previstas en la ley, no están sistematizadas ni son obligatorias. No hay lineamientos provinciales que establezcan criterios claros ni dispositivos institucionales que garanticen su implementación. La diversidad curricular no implica bajar la calidad ni eliminar contenidos. Significa flexibilizar las metodologías, ampliar las formas de evaluación, priorizar la comprensión sobre la forma, y garantizar que todos los estudiantes —independientemente de sus condiciones neurobiológicas— puedan acceder al conocimiento en igualdad de condiciones. En Salta, esa perspectiva aún no forma parte de la cultura pedagógica hegemónica.
Exclusión encubierta
En lugar de ser espacios de contención y transformación, muchas escuelas en la provincia siguen reproduciendo un modelo selectivo que sanciona la diferencia. Los alumnos con DEA son objeto de burla, frustración o repitencia. En el mejor de los casos, reciben apoyo informal. En el peor, son etiquetados, segregados o expulsados del sistema educativo.
La ley establece que todos los estudiantes tienen derecho a permanecer en la escuela común, con los apoyos necesarios. En Salta, ese principio choca con la escasez de recursos, la falta de planificación y la ausencia de compromiso político sostenido.
En países como Canadá, Finlandia o España, el abordaje de las DEA es parte de las políticas de inclusión educativa desde hace más de dos décadas. La formación docente incluye estrategias específicas, los sistemas escolares cuentan con equipos profesionales de apoyo, y las adaptaciones curriculares no son una excepción, sino una norma.
En esos contextos, la diversidad es concebida como un punto de partida, no como un obstáculo. En Salta -y en buena parte del país- esa transformación aún no ha comenzado.
¿Y ahora qué?
Hablar de DEA no es solo una cuestión médica ni un problema individual. Es una deuda del sistema educativo. Una deuda estructural, sostenida por la indiferencia y la omisión. En Salta, el punto de partida debe ser el reconocimiento explícito de que todo está por hacerse. No hay estadísticas provinciales sistematizadas. No hay presupuesto asignado de manera específica. No hay protocolos. No hay un plan provincial integral para el abordaje de las DEA. Hace falta construir desde cero: diseñar políticas públicas, formar docentes, incorporar equipos interdisciplinarios, garantizar adaptaciones y monitorear resultados. Las niñas y los niños con DEA no pueden seguir esperando. Tienen derecho a aprender. Tienen derecho a una escuela que los reconozca, los entienda y los acompañe.
Porque incluir no es una opción: es una obligación constitucional, ética y pedagógica.