Los diarios del lunes 16 de mayo de 2011 coincidían en sus portadas con un título deportivo de alto voltaje: la victoria de Boca sobre River por 2 a 0 en el superclásico con un gol en contra y otro de Martín Palermo en su despedida futbolística. También informaban sobre la detención en Nueva York del jefe máximo del Fondo Monetario Internacional, el francés Dominique Strauss-Kahn, acusado de intento de violación por una mucama del hotel donde se alojaba. En cambio, no anunciaban que esa tarde un tribunal chaqueño daría a conocer un fallo que -se esperaba- acabaría con casi 35 años de impunidad de los responsables de una de las masacres más siniestras perpetradas por la última dictadura cuando, la noche del 12 de diciembre de 1976, 22 presos políticos que estaban detenidos en la alcaidía policial de Resistencia fueron fusilados por personal que respondía a la VII Brigada del Ejército, a cargo del general Cristino Nicolaides, y de la policía provincial en las cercanías de la localidad de Margarita Belén. El comunicado oficial del Ejército intentó, en aquel momento, presentar esos asesinatos como un enfrentamiento, pero los cuerpos de las víctimas lo desmintieron: todos presentaron signos de brutales torturas, las mujeres habían sido violadas y los cadáveres de algunos hombres estaban castrados.
La sentencia se conoció a primera hora de la tarde, cuando los jueces Gladis Mirtha Yunes, Eduardo Ariel Belforte y Ramón Luis González, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Resistencia, condenaron a prisión perpetua a los militares Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Patetta, al considerarlos culpables del asesinato de once personas y la desaparición forzada de otros cuatro prisioneros, víctimas de lo que en la historia de la represión ilegal en la Argentina llamó la “Masacre de Margarita Belén”. En su fallo declararon probado que el 12 de diciembre de 1976, trece detenidos fueron trasladados a un paraje cerca de Margarita Belén y asesinados a tiros. También señalaron que no se trató de un intento de fuga sino de un plan premeditado para matarlos y que también fueron muertas allí dos personas que mantenían detenidas, para escenificar un intento de rescate.
Las víctimas de la masacre perpetrada por la dictadura
El encubrimiento
El comunicado, escrito en un encorsetado estilo castrense, que dio a conocer la VII Brigada de Infantería la tarde del 13 de diciembre de 1976 era pura ficción, copia casi fiel de muchos otros de la época, en los que solo se cambiaban las fechas, los lugares, los nombres y el número de muertos, a los que siempre se llamaba “delincuentes subversivos”. Según ese parte oficial, reproducido sin el atrevimiento de cambiar una coma por los medios, la madrugada del 13 de diciembre de 1976, mientras un grupo de trece “subversivos” que estaban detenidos era trasladado en dos camiones militares y custodiado por un patrullero de la policía de la provincia de Chaco, el convoy fue emboscado con la intención de rescatar a los detenidos. “Siendo aproximadamente las 4.45 horas del día 13 de diciembre una columna que transportaba detenidos subversivos hacia Formosa fue atacada por una banda armada en la ruta Nacional N°11, próximo a la localidad chaqueña de Margarita Belén. Tres delincuentes subversivos fueron abatidos en el enfrentamiento producido, logrando escapar los restantes; aprovechando la confusión y la oscuridad”, decía el texto.
Además, precisaba algunos supuestos detalles y terminaba con un pedido a la población, típico de esos tiempos: “Dos integrantes de la custodia resultaron heridos. Fuerzas combinadas de Ejército, Gendarmería Nacional y Policía Provincial operan intensamente en la zona para lograr la detención de los prófugos. Colabore con las fuerzas del orden proporcionándole cualquier información que facilite la localización de los delincuentes subversivos”.
El guion del “traslado” de prisioneros y el “enfrentamiento” con supuestos subversivos se repetía una vez más y, como siempre, una lectura atenta podía poner al descubierto las fallas en su construcción. En este caso, se trataba del traslado de detenidos de la Unidad Penitenciaria 7 y del Regimiento de Infantería 1, con sede en Resistencia hacia la cárcel de Formosa y los tiempos no cerraban. Los dos camiones con los detenidos y el móvil policial que oficiaba de custodia habían salido de la capital chaqueña alrededor de las 23.30 del domingo 12 de diciembre y habían tardado más de cuatro horas -hasta las 4.45 de la madrugada del lunes 13- en recorrer los apenas 21 kilómetros que separaban la ciudad del lugar donde supuestamente se produjo la emboscada. Una demora inexplicable.
La “emboscada” y el “enfrentamiento” habían sido en realidad una masacre que pasaría a la historia con el nombre del lugar donde se montó la escena para encubrirla: la Masacre de Margarita Belén
Había más: otro dato sospechoso era que se mencionaba a dos policías heridos, pero no se daban sus nombres ni se mencionaban el grado de gravedad de las heridas y el hospital donde supuestamente los habían llevado. Eso iba a contramano de lo que ocurría cuando realmente había heridos de “las fuerzas legales” en un enfrentamiento: en esas ocasiones se los nombraba y se exaltaba su “valiente comportamiento” en la lucha contra “el enemigo apátrida”. Lo más probable era que esos dos heridos no existieran más que en la ficción del comunicado castrense, para darle más credibilidad al relato.
Era todo falso. Luego se sabría que los prisioneros que supuestamente habían logrado escapar estaban en realidad muertos o desaparecidos y que sumaban 22, todos militantes de la Juventud Peronista o de Montoneros, y que los habían enterrado clandestinamente en tumbas preparadas con anterioridad al “traslado”. Las víctimas eran trabajadores, estudiantes, docentes y periodistas, la mayoría de ellos muy jóvenes: Fernando Piérola, Carlos Zamudio, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Patricio Blas Tierno, Luis Alberto Diaz, Néstor Sala, Luis Barco, Mario Cuevas, Carlos Alberto Duarte, Roberto Yedro, Reinaldo Amalio Zapata Soñé, Julio Andrés Pereyra, Emma Beatriz Cabral, Alcides Bosch, Dora Noriega, Delicia González, Carlos Enrique Tereszecuk, Eduardo Fernández, Ramon Luciano Diaz, Ramón Vargas y Raúl María Caire. La “emboscada” y el “enfrentamiento” habían sido en realidad una masacre de detenidos y de desaparecidos.
Las víctimas eran trabajadores, estudiantes, docentes y periodistas, la mayoría de ellos muy jóvenes
El plan y la masacre
La operación había sido planificada con anterioridad por orden expresa del jefe del Área Militar 233, general Cristino Nicolaides, y tuvo el comando operativo del jefe del Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército, teniente coronel Armando Hornos. Los días previos a la masacre, las víctimas elegidas fueron trasladadas de los lugares donde estaban detenidas -la Unidad Penitenciaria 7 y el Regimiento de Infantería 1 de Resistencia– a la Alcaidía policial de la capital chaqueña, donde fueron brutalmente torturadas. Para la tarde del domingo 12 de diciembre, ya todos los condenados a muerte estaban allí. En ese lugar estaba detenido también el ex diputado radical Víctor Marchesini, que después declaró que a las víctimas las hicieron caminar entre una doble fila de policías que los apalearon hasta dejarlas sin sentido. También contó que a un hombre –a quien no pudo identificar– lo tuvieron crucificado durante casi dos días.
El domingo 12 ocurrieron también dos hechos clave que luego servirían para probar que se trató de una masacre. Ese día, por orden militar, se cavaron fosas en el cementerio Francisco Solano, de Resistencia, cuando los presos que iban a ejecutar todavía estaban vivos en la Alcaidía. Horas más tarde, un helicóptero de la Casa de Gobierno chaqueña sobrevoló la Ruta 11. A bordo iban el interventor militar de la provincia, Facundo Serrano y otros dos militares que fueron identificados como Oscar José Zucconi y Alcides Larrategui, con la misión de elegir el lugar apropiado para montar la escena de la emboscada.
Con la escenografía ya preparada, a última hora del domingo, los presos golpeados y torturados –algunos de ellos casi inconscientes– fueron subidos a una camioneta Mercedes Benz y a un camión Unimog, que enfiló hacia la ruta 11, seguidos por un patrullero de la policía provincial. Los militares que llevaban a los detenidos vestían uniformes de fajina e iban fuertemente armados, con fusiles FAL, pistolas calibre .45 y escopetas.
Cuando llegaron al lugar previamente elegido, bajaron a los detenidos de los vehículos y los fusilaron. En ese momento, algunos ya estaban moribundos a causa de las torturas sufridas ese mismo día y después se sabría que muchos no murieron por las balas sino que ya los habían matado a golpes. Luego distribuyeron los cadáveres en un Peugeot 504, uno de los vehículos supuestamente utilizados por el grupo “subversivo” para emboscar al convoy militar, dentro del camión Unimog y por diferentes lugares del monte para montar la escena del enfrentamiento. Para darle mayor credibilidad, balearon a los dos vehículos. Montada y registrada la escena, los cadáveres fueron llevados al cementerio Francisco Solano, donde ya estaban preparadas las tumbas para enterrarlos.
Una manifestación en el lugar donde se produjo la masacre
La confesión de un muerto
El primer testimonio ante un tribunal sobre la Masacre de Margarita Belén fue registrado en el Juicio a las Juntas Militares, en 1985, y fue el de un muerto. En la audiencia de 5 de agosto de ese año, el abogado y ex miembro de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) Edwin Eric “Peco” Tissembaum, presentó ante los jueces los detalles de una confesión que le hizo el parapolicial Eduardo Pío Ruiz Villaluso, cuando agonizaba en terapia intensiva luego de ser herido a cuchilladas por un oficial de la policía del Chaco. Tissembaum grabó su testimonio en la sala de terapia intensiva, en presencia de un médico y de un escribano que certificaron la lucidez del hombre al contar los hechos.
En su lecho de muerte, el parapolicial contó que cuando los vehículos llegaron al lugar donde se montó la escena casi todos los “trasladados” estaban muertos. Los habían matado a golpes en la Alcaidía la misma tarde del domingo 12. También señaló a varios de los responsables de la masacre: los capitanes Bianchi y Rampulla, los tenientes primeros Pateta y Chancaca Martínez Segón, el subteniente Simoni y los auxiliares de Inteligencia Valussi y Edgardo Eugenio Vicente, todos del Destacamento de Inteligencia 124, que estaba a cargo del coronel Hornos. También acusó al comisario general Carlos Alcides Thomas y a los sargentos Gabino Manader y Cardozo, de la policía chaqueña, y al ex interventor militar del Chaco, general Facundo Serrano.
Durante el juicio a las juntas se dio el primer testimonio ante un tribunal sobre la Masacre de Margarita Belén (NA)
Juicios y condenas
La Masacre de Margarita Belén fue incluida como el caso 678 en el juicio contra las juntas militares. Los jueces encontraron responsable de homicidio agravado por alevosía al dictador Jorge Rafael Videla –en su calidad de jefe del Ejército cuando ocurrieron los hechos– y sentenciaron que la versión difundida por el comunicado de la VII Brigada de Infantería, la de la “emboscada”, carecía de verosimilitud y que lo detenidos “fueron muertos por las fuerzas encargadas de su traslado y no por elementos subversivos como oficialmente se anunciara”. Además, Las Cámaras Federales de Rosario y Paraná habían citado a declarar por la misma causa a Cristino Nicolaides, a Leopoldo Fortunato Galtieri y al jefe de la policía santafesina, Wenceslao Ceniquel, todos ellos encontrados culpables.
El 16 de mayo de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Resistencia dictó sentencia contra los últimos procesados por la masacre, sus autores materiales. En su fallo –como ya se dijo– los jueces condenaron a prisión perpetua por once homicidios agravados por alevosía y por el número de participantes en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada y por cuatro privaciones ilegítimas de la libertad a Athos Renés, Ernesto Simoni, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Horacio Losito y Luis Alberto Patetta. En cambio, absolvieron a Luis Alfredo Chas, un policía que estaba asignado a la custodia de los vehículos militares, porque iba unos 800 metros delante de los camiones y no se encontraron elementos para probar que había participado de la masacre.
Chas disfrutó de otra década de impunidad hasta que a principios de 2021 la Sala II de Casación, conformada por los jueces Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, lo consideró partícipe secundario y lo sentenció a 15 años de prisión. Si se hace el cálculo, cuando el último responsable de la Masacre de Margarita Belén fue condenado, se contaban poco más de 45 años de los asesinatos y casi 37 desde que, a principios de 1984, algunos familiares de las víctimas presentaron sus primeras denuncias judiciales patrocinados por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales Emilio Mignone y Augusto Conte.
Fuente: https://www.infobae.com/america/