En medio del debate por la modernización del transporte en Salta, la situación escaló: Roque López, presidente de la Cámara de Propietarios de Agencias de Remises, presentó una denuncia penal contra el intendente Emiliano Durand, a quien acusa de favorecer de manera ilegal a empresas como Uber, en perjuicio del sistema tradicional de remises.
La denuncia presentada se encuentra en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos Nº 3, apunta a una supuesta asociación ilícita entre el Ejecutivo municipal, concejales y plataformas de transporte por aplicación, que según López operan sin tributar y con beneficios que los remiseros no tienen, lo que está provocando el “vaciamiento” del servicio legalmente establecido hace décadas.
“Nos están dejando sin trabajo, después de 35 años tributando. El intendente promueve una aplicación extranjera que no paga impuestos y nos dice a nosotros que sí lo hagamos. No queremos que la aplicación desaparezca, queremos competir, pero en igualdad de condiciones”, denunció López en diálogo con El Tribuno.
Un sistema tradicional en crisis
Desde octubre del año pasado, el sector de remises empezó a notar una caída importante en la demanda, pero el conflicto se profundizó este año. Según estimaciones de la Cámara, el volumen de viajes bajó entre un 40% y un 50%, con un impacto directo en la economía de chóferes, operadores y agencias.
“Hoy no podemos mantener alquileres, pagar sueldos ni cubrir los costos. Muchos remises están parados, pero los impuestos municipales siguen llegando igual”, expresó López, quien aseguró que el sistema está siendo desmantelado sin diálogo ni regulación clara.
Modernización sí, pero con reglas claras
López fue categórico al señalar que el sector no se opone a la modernización del transporte, y que incluso impulsaron la creación de una propia aplicación de remises, que fue rechazada en su momento por la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte).
“Queremos adaptarnos, pero no podemos competir contra una app que cobra 50% menos, no tributa y no tiene exigencias de seguridad o mantenimiento como nosotros”, sostuvo.
Además, denunció que la apertura a Uber se hizo de forma acelerada, sin reglamentación vigente y sin convocar al diálogo a los sectores afectados. “Nos mandan a pelear con una mano atada. Esto no es progreso, es abandono”, remarcó.
¿Quién regula y quién paga?
Uno de los puntos centrales de la denuncia penal es que, según los remiseros, Uber no está tributando impuestos municipales, provinciales ni nacionales, mientras ellos siguen afrontando todas las cargas impositivas, licencias y habilitaciones que exige la ley.
“Es una competencia desleal disfrazada de innovación. ¿Cómo es posible que una empresa internacional se lleve la recaudación sin dejar nada en Salta?”, cuestionó López, quien pidió que se investigue a los funcionarios por evasión impositiva encubierta y posible connivencia con la empresa.
El reclamo: diálogo y regulación
La Cámara exige que cualquier normativa futura sobre transporte por aplicación incluya condiciones equitativas para todos los actores del sistema: mismas exigencias de modelo de vehículo, habilitación del conductor, seguros y tributos. También reclaman participación en la elaboración de esas normas.
“Queremos que nos regulen igual que a las apps. Lo que no puede pasar es que el Estado promueva la precarización y destruya empleos formales”, concluyó el representante del sector.
20% del sector, al borde del colapso
Actualmente, alrededor del 20% de las agencias de remises de Salta integran la Cámara que realizó la denuncia, aunque el impacto se extiende a todo el sistema. Cientos de familias dependen de este trabajo, en un contexto económico complejo donde cada viaje cuenta.
López cerró su declaración con un llamado directo al intendente Durand:
“No somos enemigos del cambio. Pero si se va a modernizar el transporte, que sea con reglas justas para todos. No queremos desaparecer, queremos competir”.