Los hermanos Américo Humberto Cardozo y Hugo César Cardozo fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de desbaratamiento de derechos acordados, en concurso real. La sentencia fue dictada por el juez José Luis Riera, de la Sala 6 del Tribunal de Juicio del distrito Judicial Centro, en una audiencia en la que la fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal.
Además, Claudio Alejandro Barrera Dip, abogado y representante del Fideicomiso San Rafael, fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional. Los tres condenados deberán cumplir con un régimen de reglas de conducta durante el tiempo que dure la pena. En tanto, un cuarto hombre fue absuelto del delito de desbaratamiento de derechos acordados.
La fiscal Salinas Odorisio demostró durante el juicio que los hermanos Cardozo, en calidad de titulares de la firma Antártida Argentina SRL, comercializaron terrenos mediante boletos de compraventa con firmas certificadas y documentación aparentemente legal. Sin embargo, posteriormente los mismos lotes fueron transferidos al Fideicomiso San Rafael, representado por Barrera Dip, y revendidos a terceros, dándoles la apariencia de ser propiedades sin dueño previo.
Uno de los casos más relevantes fue el lote 13 de la manzana B, que había sido vendido en 1997 a un hombre, pero fue transferido nuevamente en 2012 a una mujer por $15.000. Para encubrir la maniobra, los acusados utilizaron diferentes matrículas catastrales, creando una fachada de legitimidad para una operación que ya era irregular.
Otro caso similar ocurrió con el lote 12 de la manzana O, que había sido vendido en 2010 a una mujer, fue cedido a una tercera persona y finalmente revendido en 2015 por el fideicomiso a una cuarta compradora, quien terminó sin derechos sobre la propiedad.
La sentencia resalta la gravedad de estos fraudes en el ámbito inmobiliario y refuerza la importancia de proteger los derechos de los propietarios y garantizar la legalidad en las transacciones.