La abogada y consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, Jimena de la Torre, visitó Salta para disertar sobre el proyecto de Ley de Reiterancia, una herramienta que busca reforzar la seguridad ciudadana mediante reformas al sistema penal.
Estuviste disertando sobre el proyecto de Ley de Reiterancia. ¿Podés contarnos hacia dónde apunta la iniciativa y por qué la consideran fundamental?
Esta propuesta surge a partir del pedido de Agustina Álvarez, integrante de nuestra agrupación Abogados en Acción, que tengo el honor de liderar. Ella nos consultó sobre proyectos concretos que pudieran tener un impacto directo en la seguridad de Salta. Fue allí donde entendimos que impulsar una ley de reiterancia era clave para mejorar la seguridad ciudadana. La reiterancia no es una medida aislada, sino que forma parte de un conjunto más amplio de reformas necesarias para abordar con seriedad y eficacia el problema de la inseguridad.
¿Qué es exactamente la figura de reiterancia y en qué se diferencia de la reincidencia?
La reiterancia es una figura penal que se relaciona con otras reformas importantes realizadas en el ámbito del Código Penal nacional. Una de esas reformas modificó el concepto de reincidencia. Hasta hace poco, una persona solo era considerada reincidente cuando había cumplido una condena efectiva, es decir, no bastaba con tener una condena firme. Esa condición se modificó, y ahora ya se considera reincidente a quien tiene una condena firme. Pero la reiterancia es diferente: pertenece al ámbito del Código Procesal Penal, cuya competencia es provincial. Por eso, cada provincia debe decidir si la incorpora o no. La reiterancia permite a los jueces actuar de manera más preventiva cuando advierten un patrón de comportamiento delictivo reiterado.
¿Y cuál es la función específica de la reiterancia dentro del sistema judicial?
Sirve para darle a los jueces una herramienta más a la hora de dictar prisiones preventivas. En casos donde una persona vuelve a cometer delitos similares a los que ya tiene en trámite, aunque no tenga condena firme, el juez puede considerar ese comportamiento como reiterancia y disponer su prisión preventiva. Esto se suma a las causales tradicionales, como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, e incorpora el concepto de “riesgo para la seguridad de la sociedad”. Es una respuesta concreta a la preocupación ciudadana frente a personas que delinquen de manera sistemática y vuelven a quedar en libertad por falta de herramientas jurídicas.
Se trata de un cambio importante. ¿Ya fue presentado este proyecto en la provincia?
Sí, el diputado José Gauffin lo presentó formalmente, y desde nuestra agrupación vinimos a respaldar esa iniciativa. Consideramos que va a tener un fuerte impacto positivo en la seguridad de los ciudadanos salteños, sobre todo porque permitiría poner freno a la tan mencionada “puerta giratoria” por la cual delincuentes reincidentes vuelven a la calle rápidamente. Esta es una demanda muy fuerte de la sociedad y sentimos que hay una sintonía entre esa demanda y las herramientas que proponemos.
Esto abre la discusión sobre la capacidad del sistema penitenciario. ¿Cómo se aborda ese punto?
Es un aspecto central. Si el Estado va a dictar más prisiones preventivas, necesita infraestructura. En ese sentido, la propuesta en Salta incluye también la posibilidad de utilizar tobilleras electrónicas para aplicar prisiones domiciliarias. Esto permite aislar al imputado sin necesidad de ocupar una celda, lo que representa un ahorro considerable de costos y una medida efectiva para proteger a la sociedad. También permite concentrar los recursos del sistema penitenciario en aquellos casos de mayor gravedad o peligrosidad.
En cuanto a narcotráfico, ¿no es riesgoso que ciertos imputados cumplan arresto domiciliario, dado que algunos siguen operando desde la cárcel?
Es un riesgo que existe, claro, pero hay que hacer una distinción. La posibilidad de otorgar arresto domiciliario queda en manos del juez, quien debe evaluar el perfil del imputado. Aquellos que estén acusados de liderar organizaciones criminales deben ser alojados en prisiones federales, incomunicados y bajo condiciones especiales. Pero hay otros casos, de delitos menores, donde las tobilleras electrónicas son una buena opción. La clave está en la adecuada evaluación judicial y en el compromiso institucional de acompañar estas decisiones con recursos y control.
¿Cuál es hoy el estado de las vacancias en la justicia federal?
Es alarmante. Tenemos 66 concursos en trámite para cubrir 125 vacancias. El año pasado elevamos 97 ternas al Poder Ejecutivo, pero el presidente no envió ningún pliego al Senado, salvo dos vinculados a la Corte Suprema. Hay alrededor de 200 pliegos pendientes. Esto afecta directamente el funcionamiento de la justicia: sin jueces ni fiscales, se demora la acción penal y se favorece la impunidad. Además, el hecho de no cubrir vacantes implica una sobrecarga de trabajo para quienes están en funciones y un deterioro de la calidad institucional.
¿Esto puede tener una lectura política?
Absolutamente. En esta discusión sobre la “casta”, hay un punto donde el gobierno nacional no está generando los consensos que necesita en el Senado. No se puede gobernar desde la confrontación permanente. Si el Presidente considera a los legisladores sus enemigos, no va a poder avanzar con las reformas que incluso beneficien su propia gestión. Esto afecta el sistema judicial, ralentiza procesos y deja sin respuesta a la ciudadanía. El diálogo y la búsqueda de consensos son imprescindibles en una república.
Salta fue pionera en la implementación del sistema acusatorio. ¿Cuál es su opinión sobre ese modelo?
Es un cambio positivo. El sistema acusatorio establece la oralidad plena: hay un fiscal que acusa, un defensor que defiende y un juez que escucha y decide. Esto acelera los procesos judiciales y garantiza mayor transparencia. En Salta y Jujuy funcionó muy bien, pero para implementarlo a nivel nacional se necesita infraestructura, tecnología y capacitación. Y hoy eso no está garantizado. No basta con una decisión política: hay que acompañarla con recursos reales, con inversión seria y con compromiso institucional.
¿El legislador puede aportar otras reformas necesarias para mejorar el funcionamiento de la justicia?
Sí. Aparte de la Ley de Reiterancia, tenemos una deuda pendiente con el juicio por jurados, que afortunadamente en Salta ya se aprobó para delitos graves. Estas reformas exigen voluntad política de todos los actores: gobiernos, jueces, legisladores y fuerzas de seguridad. Es una tarea conjunta. El juicio por jurados es una herramienta que fortalece la participación ciudadana y la transparencia del sistema judicial.
¿Y respecto a los auxiliares de justicia? ¿Hay un déficit de capacitación?
—Siempre hace falta más formación. Las tecnologías cambian rápido y exigen una actualización constante de las herramientas investigativas. Las fuerzas de seguridad deben tener acceso a capacitaciones permanentes, tanto en técnicas de investigación como en el uso de nuevas tecnologías. Y esa capacitación no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión en institucionalidad, en eficiencia y en calidad democrática.
Vos liderás la agrupación Abogados en Acción. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los abogados en el país?
Nuestra agrupación nació en plena pandemia, en 2020. Hoy somos más de 800 abogados en las 24 provincias. Nos unió la preocupación por la defensa de los valores republicanos: las libertades individuales, la división de poderes, la independencia de la justicia. Durante la pandemia vimos abusos, cierres de escuelas, atropellos institucionales, y también un avance sobre los poderes judiciales provinciales. Queremos una justicia fuerte, independiente y comprometida con la sociedad. Y trabajamos todos los días para defender ese ideal, tanto desde adentro de las instituciones como desde la sociedad civil.
Muchos periodistas cuestionan la idoneidad de algunos consejeros del Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinás?
La idoneidad es esencial. Si yo tengo que evaluar a futuros jueces, debo ser idónea. En el Consejo de la Magistratura Nacional, todos somos abogados con formación jurídica. Podemos pensar distinto, pero hay nivel y calidad en el debate. En algunos ámbitos provinciales, eso no siempre ocurre, y es preocupante porque se termina afectando la calidad de los jueces. La idoneidad debe ser un valor irrenunciable. Evaluar a quienes serán jueces exige seriedad, preparación y compromiso ético.
Aunque se frenó ¿cómo evaluás la decisión del presidente Milei de designar por decreto a los doctores García Mancilla y Lijo para la Corte Suprema?
No estoy de acuerdo. No soy partidaria de los cupos, pero creo que la Corte debe reflejar la composición de la sociedad. Hombres y mujeres. Enviar dos hombres cuando hay juristas mujeres muy idóneas me parece un error. Además, utilizar el mecanismo del nombramiento en comisión, que está pensado para emergencias, fue una mala decisión. Si no había consenso en el Senado, lo que correspondía era negociar, buscar nuevos nombres, no forzar designaciones. La forma también importa. Me da pena por el doctor García Mancilla, que es un gran jurista, pero ese no era el camino adecuado. La institucionalidad debe respetarse siempre, incluso cuando el objetivo sea legítimo.