El Gobierno nacional reclamó formalmente a 672 universidades e instituciones científicas la rendición o devolución de $33.000 millones en subsidios públicos otorgados por el exMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así lo establece la Resolución 77/2025, publicada en el Boletín Oficial, que fija un plazo improrrogable hasta el 30 de junio para regularizar la situación. Pasado ese límite, el Estado iniciará acciones administrativas y judiciales para recuperar los fondos.
Según los considerandos de la resolución, “un relevamiento inicial arrojó que 672 instituciones fueron beneficiarias de subvenciones, con una deuda exigible por rendiciones de cuentas pendientes de aproximadamente $33.000.000.000”.
El informe fue impulsado por el secretario de Ciencia y Tecnología, Darío Genua, a instancias del jefe de Gabinete Guillermo Francos, con el objetivo de reordenar las cuentas públicas tras el traspaso de competencias del extinto ministerio. El Gobierno acusa a las instituciones de haber incumplido con los plazos de rendición, e incluso de haber mantenido parte de esos fondos en instrumentos financieros, desvirtuando —según fuentes oficiales— el fin público original.
Entre las instituciones que más fondos adeudan figuran, según fuentes oficiales:
Universidad Tecnológica Nacional (UTN): $902.715.606
Universidad de Buenos Aires (UBA): $896.272.705
Universidad Nacional Arturo Jauretche: $683.308.996
Universidad Nacional de La Plata (UNLP): $581.062.756
Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM): $571.781.412
Universidad Nacional de Hurlingham: $435.980.499
Comisión de Investigaciones Científicas de PBA: $436.004.115
En redes sociales, Genua fue categórico: “Rinden o la devuelven (con intereses)”, enfatizando que no se concederán más prórrogas. Desde la Casa Rosada insisten en que el objetivo no es revisar el valor científico de los proyectos, sino garantizar transparencia en el uso de los fondos públicos.
La medida forma parte de una política más amplia de racionalización del gasto impulsada por el Ejecutivo desde diciembre de 2023, que incluye también la eliminación de programas con ejecución parcial o sin rendiciones previas. Entre ellos, se cancelaron convenios vencidos del Programa Construir Ciencia y del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT), además de prorrogar plazos de justificación para iniciativas como Pampa Azul, Equipar Ciencia y Bioprospección.
Asimismo, la resolución establece que los casos que no regularicen su situación deberán ser derivados al servicio jurídico de la Secretaría para iniciar el proceso de recupero formal.
La UNSa tiene sus cuentas al día
“La Universidad Nacional de Salta en los últimos tres años estuvo rindiendo todos los programas y proyectos que se le han otorgado en los últimos años”, afirmó su vicerrector Nicolás Innamorato, con lo cual no se verá afectada por el reclamo del Gobierno nacional para que las unidades académicas y científicas rindan fondos.
El vicerrector recordó que cuando asumió la actual gestión de la Unsa, en 2022, “se debían rendiciones del año 2012 que nosotros las pusimos en orden. Hoy no existen esos fondos sin rendir”.
Para las autoridades de la UNSa, la intimación de Nación no los incluye.
Innamorato explicó que en estos momentos “pueden quedar fondos no rendidos de fines de 2024 -noviembre y diciembre- y lo que va de 2025, pero eso es muy normal porque se trata de programas y proyectos que no se desarrollan en el instante sino a través del tiempo, ya sea seis, ocho o diez meses. Una vez que concluye el programa, sí es obligación rendir estos fondos”.
Mencionó, a modo de ejemplo, un programa de extensión que llegó aprobado la semana pasada e incluye casi 22 millones de pesos, pero que ese dinero aún no fue recibido.
El vicerrector señaló que el próximo gobierno de la UNSa, que encabezará el rector electo Miguel Nina, “recibirá una universidad que tiene rendidos todos los fondos que recibió, una universidad que está tan al día que la reconocieron entre las 20 mejores del país de acuerdo al ranking de Reseach.com”.