Una estafa de proporciones millonarias sacudió a la Universidad de Buenos Aires (UBA), que sufrió la sustracción de más de 1.500 millones de pesos a través de maniobras de fraude bancario realizadas en septiembre del año pasado. La operación delictiva se concretó mediante transferencias MEP ejecutadas desde cuentas del Banco Nación pertenecientes a las facultades de Derecho y Odontología.
Según la investigación a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Sebastián Ramos, los estafadores lograron ejecutar 13 transferencias por un total de $1.591.382.140,18, suplantando la identidad de personal del área de Tesorería de la universidad. Para ello utilizaron correos electrónicos apócrifos, documentos adulterados y firmas falsificadas.
Las órdenes de pago se enviaron primero por correo electrónico desde la casilla [email protected], que simulaba ser institucional, y luego fueron entregadas en papel por un supuesto cadete. Estas notas incluían formularios falsos con firmas de empleados reales de la UBA, lo que facilitó la autorización irregular de las transferencias.
La maniobra consistía en enviar los fondos a cuentas de ocho personas físicas y dos empresas ficticias: Elisyumm Capital S.A. y Ekzplodo S.A., cuyos titulares también figuran como involucrados en la causa. El escrito judicial precisa que el 19 de septiembre, los delincuentes intentaron incluso tres transferencias adicionales por más de $340 millones, que fueron frustradas a tiempo.
Hasta el momento, hay 17 personas detenidas y otras cuatro imputadas por fraude a la administración pública y falsificación de documentos. Tanto la UBA como el Banco Nación iniciaron investigaciones internas para determinar responsabilidades y posibles fallos en los controles de validación.
El especialista en informática Julio López explicó que la estafa se facilitó por la falta de verificación rigurosa de correos electrónicos por parte de los bancos. “Este tipo de fraudes son frecuentes porque no existen mecanismos para validar si un e-mail es realmente del cliente. Además, no se cumplieron los protocolos de control”, advirtió.
El caso expone serias fallas en los sistemas de seguridad bancarios y administrativos de instituciones públicas, y plantea interrogantes sobre cómo evitar que estos delitos se repitan, especialmente en contextos de manejo masivo de fondos públicos.