La Unión Tranviarios Automotor (UTA) definió un paro de colectivos por 24 horas en todo el país para el próximo martes 6 de mayo debido al fracaso de la negociación paritaria con las empresas del sector y el vencimiento del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno nacional.
La audiencia de este miércoles entre las partes concluyó sin una definición que permita desactivar la medida de fuerza. Del encuentro participaron representantes de la FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, quienes aseguraron que el sector atraviesa una situación económica crítica que impide realizar cualquier tipo de propuesta salarial.
En representación de los trabajadores estuvieron Roberto Fernández, Jorge Kiener, Luis Arcando y Francisco Valdez, quienes remarcaron que el gremio reclama llevar el salario básico de los choferes desde los 1.200.000 pesos actuales a 1.700.000 pesos.
La discusión salarial quedó estancada desde el 7 de marzo, cuando el Estado activó la conciliación obligatoria ante la falta de avances. Desde entonces, la UTA participó de diversas reuniones sin lograr compromisos formales por parte de las empresas. En la última audiencia, los empresarios no presentaron ninguna oferta concreta ante el Ministerio de Capital Humano, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los sindicalistas.
Las cámaras empresariales argumentaron que el esquema vigente de tarifas y subsidios los deja en una posición de desfinanciamiento estructural. El secretario de FATAP, Gustavo Larrea, afirmó durante la audiencia que el sector “no puede formular ninguna propuesta” por carecer de los fondos necesarios. Además, señaló que el déficit operativo alcanza el 40%, teniendo en cuenta la diferencia entre los costos reales y los ingresos provenientes de tarifas y subsidios estatales.
La UTA ya había rechazado una propuesta de bonos no remunerativos presentada por las empresas en reuniones anteriores. Esa oferta contemplaba pagos de $40.000 el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio, además de establecer un salario básico de $1.270.000. Para el gremio, ese esquema equivale a menos del 1% de aumento mensual frente a una inflación que ronda el 3% o 4%, y calificó la propuesta como un “avasallamiento a la dignidad” de los trabajadores.
Fuentes del sindicato señalaron que este miércoles a las 11 estaba prevista una última reunión virtual entre las partes, pero advirtieron que el gremio ya está habilitado legalmente para avanzar con medidas de fuerza. “Hay conversaciones internas para sacar el comunicado. Desde las 12 estamos habilitados a tomar acciones”, indicaron voceros sindicales.
Las empresas del sector no presentaron ninguna oferta concreta en la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo. FOTO NA: DAMIAN DOPACIOzzzz
El conflicto se inscribe en un contexto de deterioro del sistema de transporte urbano. Según el Índice Bondi, elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el precio real del boleto sin subsidios fue de $1.596,40 en marzo, pero los usuarios pagaron un mínimo de $371,13, con un promedio aún menor por efecto de los descuentos aplicados al acumular viajes. En ese escenario, las empresas recibieron $973,76 por boleto, muy por debajo del valor técnico que reclaman.
El congelamiento tarifario impuesto desde agosto para las líneas nacionales también constituye un factor central en el desequilibrio del sector. Las cámaras empresariales actúan como intermediarias entre los usuarios y el Estado, pero aseguran que no tienen margen para solventar mejoras salariales. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte deben definir si autorizan un aumento del boleto o una suba en los subsidios para destrabar el conflicto.
Fuentes gremiales consultadas remarcaron que la tensión creció en los últimos días por la falta de respuestas oficiales. “¿A dónde pretenden ir? ¿Acaso están escuchando lo que proponen?”, exclamó uno de los representantes de la UTA al finalizar la audiencia. El sindicato considera que el proceso llegó a su límite legal con el vencimiento de la conciliación obligatoria, y que cualquier nuevo intento de dilación agudiza el malestar entre los trabajadores.
Durante las negociaciones, las autoridades de la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, intentaron mediar sin éxito. El secretario de conciliación, Guido Arocco, fue quien encabezó las audiencias y certificó que las partes no lograron acercar posiciones. Desde el Gobierno nacional, sin embargo, se mantiene una postura de no intervención directa, al considerar que se trata de una paritaria entre privados, a pesar de que el Estado define tanto los valores tarifarios como el esquema de subsidios.