Durante la campaña electoral que condujo a su segunda presidencia, Donald Trump dijo más de una vez que deportaría a todos los ciudadanos extranjeros que estuvieran dentro de los Estados Unidos en forma ilegal o indocumentada. Poco después de asumir, se explicitó que, para lograr ese objetivo, la base legal sería una ley muy antigua, de 1798, llamada de Enemigos Extranjeros.
Si bien es cierto que la medida fue cuestionada de inmediato por los sectores progresistas del país, que tuvieron acogida favorable en la justicia federal de Nueva York y Colorado, que establecieron ciertos límites, en el mes de enero el Gobierno obtuvo un permiso provisorio de la Corte Suprema, para que aquél pudiera aplicar dicha ley con ciertas condiciones: los migrantes comprendidos en las medidas debían recibir un aviso formal y luego podían impugnar las deportaciones. Unos tres meses después, sucedió algo muy grave, pero no inesperado, porque el Gobierno federal había advertido, en lo que bien fue interpretado como amenaza de investigación o enjuiciamiento, que los funcionarios locales debían colaborar en los esfuerzos federales para deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
En la ciudad de Milwaukee, en el estado norteño de Wisconsin, la mañana del pasado viernes 25 de abril transcurría apaciblemente, hasta que sucedió un hecho que generó mucha tensión y rápidamente tuvo gran repercusión. Sucedió que agentes del FBI se presentaron en el juzgado a cargo de la jueza Hannah Duggan, para informarle que estaban allí para proceder al arresto de un ciudadano mexicano, identificado como Eduardo Flores Ruiz, que estaba en el interior de las oficinas porque había sido citado a una audiencia para ser informado de cargos menores.
Según lo informado por los mismos agentes, visiblemente alterada, la jueza escoltó a Flores Ruiz y a su abogado desde la sala de audiencias hasta una puerta que conduce a una parte privada, desde donde salieron del edificio. Si bien la persona buscada no fue detenida, de inmediato los agentes procedieron al arresto de la jueza en su propio despacho, acusándola de obstruir un procedimiento a una agencia federal y de ocultar a una persona para evitar su descubrimiento y arresto.
Poco tiempo después, un video publicado en la web permitió ver a la jueza salir del edificio y de su tribunal sin esposas, en compañía de su abogado; se la vio subir a un vehículo de la agencia federal, en el cual fue trasladada al Juzgado Federal de Milwaukee, en la que en una breve audiencia se le informaron los cargos y se la dejó en libertad bajo fianza. La justicia estadual de Wisconsin informó que, si bien la doctora Duggan seguía siendo juez, sería reemplazada por el momento por otro magistrado. Por lo general, en los Estados Unidos, cuando un juez estadual es acusado de la comisión de algún delito, hay una investigación previa para poder privarlo de su libertad, que está a cargo de organismos específicos, por lo general denominados Colegio de Jueces. Los jueces federales sólo pueden ser removidos por juicio político, en el Congreso Federal.
La limitación que nos ocupa no es un privilegio, sino una inmunidad creada por las constituciones para proteger la independencia de criterios y de decisiones de los principales funcionarios de un estado: presidentes, legisladores, jueces y fiscales. Con buen criterio, se cree que, de no ser así, cualquiera de ellos que se apartara de las “razones de estado”, podría ser arrestado por motivos políticos, por mayorías circunstanciales, o bien por alguno de los poderes con deformaciones autoritarias.
El arresto de la jueza Duggan ya ha generado distintos pronunciamientos en repudio de la medida. Se conocieron declaraciones de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal, destacando que la democracia de los Estados Unidos se basa en la independencia del Poder Judicial; de otras asociaciones relacionadas con el Poder Judicial y de la oposición demócrata.
Hasta el momento de escribir esta nota, el FBI no ha publicado nada más que los trascendidos del viernes 25. No se sabe, oficialmente, por qué motivos se arrestó a una jueza en funciones, en su despacho. Imaginamos que los agentes federales dirán que, si bien la jueza tenía inmunidad de arresto, eso no la ponía a resguardo de ser detenida si, como parece ser en este caso, había cometido delitos federales en presencia de aquellos. En nuestro país, esa figura jurídica se denomina flagrancia y permite arrestar a funcionarios y magistrados con inmunidades. La flagrancia existe si una persona con inmunidad de arresto fue sorprendida cometiendo un delito o bien, poco después de hacerlo.
Dos datos adicionales de esta ofensiva contra los migrantes. El mismo día 25 de abril, pero en Nuevo Méjico, el FBI arrestó a otro juez estadual, acusado de guardar a un migrante ilegal en su casa y publicó una fotografía de él, en las afueras de la vivienda, con las manos en la espalda y las esposas colocadas. A fines de los noventa, por orden de un Gran Jurado que se constituyó para casos de crímenes organizados, como las apuestas y juegos ilegales, fueron arrestados varios jueces estaduales, en funciones. Así y todo, lo de la jueza Duggan tiene su propia identidad, porque fue arrestada en su oficina por los mismos agentes que poco tiempo antes le habían informado por qué estaban ahí y qué esperaban que hiciera.
Un Gran Jurado es una institución excepcional y poderosa. Pero es un buen tema para otra nota.