Ya está en marcha el proceso participativo para recibir objeciones y adhesiones a la continuidad de Pablo López Viñals como juez de la Corte de Justicia de Salta. La convocatoria establece que, durante quince días hábiles contados a partir de la tercera publicación en el Boletín Oficial, ciudadanos, colegios profesionales y organizaciones civiles podrán presentar observaciones, ya sea a favor o en contra de la postulación. Las presentaciones deben realizarse por escrito, rubricadas y acompañadas de una declaración jurada, en la Secretaría de Justicia (calle Santiago del Estero 2291) o por correo electrónico.
¿Por qué impulsar la continuidad de un funcionario que lideró una de las gestiones más cuestionadas de la justicia provincial? Es una de las preguntas que surgió entre actores del ámbito judicial y político. López Viñals fue una “herencia” que dejó Juan Manuel Urtubey durante su gestión como gobernador, y que la actual administración pretende extender por otros diez años.
Entre 2008 y 2019, Pablo López Viñals se desempeñó como procurador general de la Provincia. Durante ese período, lejos de consolidar un Ministerio Público eficiente y transparente, su gestión se vio marcada por investigaciones empantanadas, casos sin resolver y una creciente demanda social de justicia. Tenía elementos para hacer una buena gestión por la aplicación del sistema acusatorio. Pero todos los viernes, familiares de víctimas recorrían la plaza 9 de Julio reclamando el esclarecimiento de las causas. Uno de los episodios más recordados fue el doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
“López Viñals fue una “herencia” que dejó Urtubey dejó en la Corte de Justicia y que la actual gestión pretende extender por otros diez años”.
La investigación, plagada de irregularidades, demoras y sospechas, terminó golpeando de lleno la credibilidad del sistema judicial, en momentos en que el Ministerio Público era conducido por López Viñals.
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que terminó luego con la liberación de Santos Clemente Vera.
En tiempos en que la sociedad reclama una justicia seria y aferrada al derecho, llama la atención que un perfil como el de López Viñals reciba luz verde para integrar nuevamente el máximo tribunal provincial.
“Entre 2008 y 2019, Pablo López Viñals se desempeñó como procurador general de la Provincia. Su gestión se vio marcada por casos sin resolver”.
Hoy, con el proceso participativo en marcha, se abre una ventana para que la ciudadanía haga oír su voz. Sin embargo, persiste una duda legítima: que esta instancia termine siendo apenas una formalidad, sin impacto real sobre la decisión de revalidar a López Viñals en el cargo.
La pregunta de fondo persiste: ¿merece continuidad quien dejó una justicia más opaca y más desconectada de los reclamos sociales?
Ciertos problemas de credibilidad que atraviesa el Poder Judicial no se resolverá reciclando nombres ni reproduciendo prácticas que ya demostraron sus límites. La reconstrucción de la confianza pública exige gestos claros: revisar trayectorias, escuchar los reclamos de la sociedad y apostar a hombres y mujeres del derecho que entiendan que el acceso a la justicia no puede ser un privilegio para unos pocos.
El plazo para presentar objeciones ya está corriendo. El desafío ahora es que esta participación ciudadana no quede reducida al ritual de los papeles, sino que sea un verdadero llamado de atención sobre el rumbo que necesita tomar la justicia salteña.
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