Una ciudad con un sistema judicial y una normativa industrial propios, un código regulador altamente flexible y tasas tributarias de un solo dígito se alza en Honduras como un paraíso de inversión. Sin embargo, un cambio drástico en el clima político, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y una demanda por arbitraje internacional ponen en duda el futuro de la fantasía libertaria. El resultado es una controversia de proyección mundial que impacta en Silicon Valley, involucra a África y agita políticamente al Congreso estadounidense.
En Roatán, una isla cercana a la costa hondureña, se encuentra un enclave que asemeja un exclusivo lugar de vacaciones, pero que es una ciudad bautizada, significativamente, Próspera. Creada por el gestor de fondos venezolano Erick Brimen, la pequeña urbe ocupa 2,5 kilómetros cuadrados en una isla de 125 kilómetros cuadrados de superficie, ha sido un imán para multimillonarios libertarios que la definen como “el experimento de autogobierno más ambicioso del mundo”.
Al ingresar al lugar, los visitantes son recibidos por guardias armados para firmar un “permiso temporal de acceso turístico” que les obliga a cumplir el código legal de la comunidad. En su interior, un gigantesco edificio consagrado al “coworking”, torres residenciales y una fábrica de construcción robotizada ilustran sobre la naturaleza de este proyecto.
No obstante, en los últimos tiempos el sueño libertario chocó con la realidad política. Aunque Próspera contó inicialmente con el apoyo de las autoridades hondureñas, el clima político cambió radicalmente. El ex presidente Jesús Orlando Hernández, quien impulsó la ley de “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDE) que permitió el nacimiento del enclave, fue sentenciado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión por diversos cargos de corrupción. La actual mandataria de Honduras, Xiomara Castro, calificó a Próspera como la creación de un “narco-régimen” y su gobierno presentó una demanda que logró que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de la ley.
En respuesta, Brimen inició una demanda contra el Estado hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que cerrar Próspera violaba las protecciones legales establecidas para los inversores extranjeros en tratados internacionales suscriptos por Honduras. La disputa no sólo disparó dudas sobre el futuro del emprendimiento, sino la incertidumbre derivada de la posibilidad de que el venezolano gane el pleito y el Estado hondureño deba pagar 11.000 millones de dólares, lo que equivaldría a un tercio de su producto bruto interno.
El empresario venezolano explicó que su motivación para el proyecto provino de la experiencia de su infancia, donde fue testigo del daño que generaban el exceso de regulaciones y la consiguiente corrupción. En un principio, con el respaldo de economistas libertarios y antes del primer mandato de Donald Trump, intentó establecer “Zonas de Prosperidad” en distintos lugares de Estados Unidos, pero tropezó con resistencia de autoridades locales que no querían ceder la autonomía estatal a una entidad privada. Brimen observó que Latinoamérica y en particular Honduras eran lugares más receptivos a estos ensayos. El venezolano estableció un vínculo con Hernández, quien aseguró las condiciones para que Próspera fuera posible. Logró atraer inversión privada de fondos internacionales, reuniendo más de 120 millones de dólares en capital inicial. En 2017 comenzó la adquisición de terrenos en Roatán. Su estrategia se basó en ofrecer a las empresas la posibilidad de operar con impuestos reducidos y regulaciones a medida.
Con impuestos corporativos del 1% y del 5% sobre la renta personal, la estructura de Próspera permite a las empresas elegir el marco legal bajo el cual desean operar, tomando como referencia legislaciones de distintos países. Su sistema judicial se gestiona en forma independiente, con jueces retirados de Arizona que resuelven disputas de manera online.
En Próspera se destaca la presencia de “biokackers”, investigadores enfocados en el antienvejecimiento y personas interesadas en tratamientos médicos alternativos, atraídos por su entorno regulatorio flexible y las conferencias dictadas en la isla con el lema de “Make Death Optional” (“haga que la muerte sea opcional”), una iniciativa del economista alemán Niklas Anzinger, autodefinido como un “aceleracioncista efectivo, pro-crecimiento y tecno-optimista”.
Durante 2022 y 2023 el crecimiento de Próspera fue notable. Más de 50 empresas se establecieron en la ciudad. Pero luego de que Hernández fuera condenado por narcotráfico, el gobierno de Castro adoptó una postura agresiva contra las ZEDE. Sostuvo que esos enclaves son inconstitucionales y representan una amenaza contra la soberanía nacional. El conflicto escaló cuando el Congreso derogó la ley que permitía la existencia de esas zonas especiales y Castro consiguió que la Corte Suprema declarara inconstitucional el régimen, en una resolución con efecto retroactivo.
“Durante 2022 y 2023 el crecimiento de Próspera fue notable. Más de 50 empresas se establecieron en la ciudad”.
Ante la demanda de Brimen, el gobierno de Castro anunció el retiro de Honduras del CIADI, pero expertos legales sostienen que el país sigue sometido a sus acuerdos previos. En su ofensiva el gobierno hondureño denunció que Próspera actúa como “un Estado dentro del Estado” y señaló que sus bajos impuestos y regulaciones independientes crean una “competencia desleal” contra el resto del país.
La relación entre Próspera y la comunidad local de Roatán fue siempre tensa. Líderes comunitarios como Vanessa Cárdenas acusan a Próspera de haber irrumpido en la zona sin una verdadera consulta popular. Otros lugareños, al contrario, reconocen un potencial beneficio en materia de mejoras de carreteras, sistemas de alcantarillado y oportunidades laborales.
La tensión aumentó cuando el alcalde de Roatán, Ron McNab, rechazó la idea de que una ciudad privada pudiera prosperar sin pagar impuestos municipales. En 2023 el alcalde intentó cerrar una de sus propiedades por no pagar tributos y hasta el momento el conflicto sigue sin resolverse. “Usan nuestro vertedero, nuestras carreteras y nuestro aeropuerto. No me parece justo”, declaró dijo McNab.
Desde la dirección del proyecto aseguran que el 88% de los ingresos fiscales se reinvierten en la ciudad y el resto en desarrollo nacional. Según Brimen, “no estamos aquí a costa del Estado-nación. Lo vemos más bien como una asociación”. Algunos empresarios como Dusan Matuska, fundador de una academia de aprendizaje sobre Bitcoin en Próspera, mantienen su entusiasmo sobre el futuro del emprendimiento.
En cambio, el economista Paul Romer, ganador del Premio Nobel, que inicialmente apoyó la idea confiando en que estos proyectos pueden trasformar las economías emergentes al atraer inversiones extranjeras y fomentar la innovación, sostiene ahora que el enfoque de Próspera “está muy lejos” de lo necesario para transformar Honduras.
Para Romer, la ciudad es simplemente “una comunidad cerrada” aislada de la población local. “Están viviendo en esta fantasía libertaria de que pueden estar libres del gobierno. Eso no va a terminar bien”, aseguró Romer. Stephen Moore, ex asesor económico de Trump y promotor de la iniciativa, también reconoció que no esperaban una batalla legal y política de esta magnitud.
Los críticos de Próspera sostienen que cualquier proyecto de ese estilo debería fomentar una relación mutuamente beneficiosa con su país anfitrión o arriesgarse a un colapso cuando cambian los vientos políticos. Mark Luther, otro colaborador inicial de Brimen, afirmó: “El éxito de una ciudad así depende de una buena relación con el país anfitrión. Es difícil tener éxito sin eso”.
El destino de Próspera depende de los resultados de las elecciones presidenciales de este año en Honduras y del litigio internacional. Si los inversores ganan la disputa y prospera la demanda por 11.000 millones de dólares, el Estado estará forzado a indemnizar a los inversores o aceptar su continuidad. Si el experimento pierde fuerza, podría convertirse en una contraindicación para futuras iniciativas de autogobierno que intenten replicarse en otros lugares del mundo, especialmente en África, donde ya están en marcha varios proyectos en esa misma dirección.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico