Debemos hacer memoria, (re) leer la historia y nunca abandonar la postura crítica hacia acciones de gobierno que ponderan el futuro desde lo inmediato. La Argentina, con el último acuerdo del presidente Javier Milei, firmó 29 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Una relación traumática, nunca con resultados esperables y siempre como sinónimo de crisis institucional. A priori, el Fondo es un organismo internacional que cumple con su rol de estabilizar países con serias deficiencias fiscales. La idea del Fondo siempre fue de organismo de rescate. Pedirle a un rescatista que también sea tu hacedor de milagros siempre fue mucho. Hagamos memoria, para entender el presente, que, como se ve en las próximas líneas, no parece tan diferente al primer acuerdo, allá por el 1958.
En 1956, cuando Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional, el contexto nacional e internacional estaba marcado por profundas transformaciones políticas y económicas. A nivel nacional, el país atravesaba una etapa de inestabilidad política tras el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón en 1955 mediante un golpe militar conocido como la “Revolución Libertadora”. Este nuevo régimen buscaba revertir algunas políticas económicas percibidas como intervencionistas durante el segundo gobierno de Perón.
La idea libertadora era restaurar la economía de mercado y reintegrar al país al sistema financiero internacional. La economía argentina en 1955 mostraba señales de deterioro: inflación elevada, déficit fiscal, caída de las reservas internacionales y restricciones al comercio exterior. Deterioro producto de decisiones erróneas del gobierno, pero también del contexto político interno, de enfrentamiento y discordia. En ese marco, el gobierno provisional de facto encabezado por el general Pedro Eugenio Aramburu consideró necesario acercarse a organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, de los cuales Argentina se había mantenido alejada durante el peronismo.
En el plano internacional, el ingreso argentino al FMI se dio en plena Guerra Fría. Las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, promovían la integración económica global como una estrategia para contrarrestar la influencia soviética. El FMI, fundado en 1944 con el objetivo de garantizar la estabilidad monetaria internacional, se consolidaba como un pilar del orden económico de posguerra.
En América Latina, varios países ya habían recurrido al Fondo para financiar desequilibrios en sus balanzas de pagos, y el ingreso de Argentina fue interpretado como un alineamiento con la órbita occidental. Si hoy cambiáramos ‘soviético’ por ‘chino’ o ‘BRICS’ quizás no estaríamos tan alejados en la línea temporal.
Así, el 31 de diciembre de 1956, Argentina firmó el acuerdo formal de adhesión al FMI, y en 1958 suscribió su primer acuerdo stand-by.
En 1958, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, Argentina firmó su primer acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo fue clave para acceder a financiamiento externo y estabilizar una economía golpeada por la inflación, el déficit fiscal y la escasez de reservas. El pacto implicó un préstamo de 75 millones de dólares, condicionado a la aplicación de un programa de ajuste estructural.
El acuerdo fue parte de un giro hacia una política económica desarrollista, promovida por Frondizi y su ministro de Economía, Rogelio Frigerio. Buscaban impulsar la industrialización a través de la inversión extranjera, sobre todo en sectores estratégicos como el petróleo. Sin embargo, el cumplimiento de las metas exigidas por el FMI – como la reducción del gasto público, la liberalización del comercio y la unificación cambiaria – generó tensiones internas, tanto en el plano político como social. El impacto fue negativo: por un lado, el acuerdo permitió acceder a recursos clave para estabilizar la economía en un corto plazo, pero el ajuste trajo aparejado un aumento del desempleo y conflictos sindicales. El ajuste fiscal y monetario redujo la demanda agregada. La caída en la obra pública y el consumo afectó la actividad industrial, generando recesión y pérdida de empleos, especialmente en sectores urbanos. El acuerdo evidenció una creciente dependencia de las recomendaciones y condiciones del FMI. Esto fue criticado por sectores nacionalistas que lo consideraban una cesión de soberanía y un giro neoliberal prematuro.
Lo que siguió fue el constante circulo negativo de acuerdos, incumplimientos y renegociaciones, reflejo de los recurrentes desequilibrios macroeconómicos del país, pero más aún de la falta de consensos políticos sobre qué economía abordar como política de estado.
Grosso modo, durante los gobiernos posteriores a Frondizi (Illia, Onganía, Cámpora, Perón, Isabel Perón), Argentina firmó varios acuerdos con el FMI, mayormente de tipo stand-by. Sin embargo, la inestabilidad política, la inflación creciente y los cambios abruptos en la política económica dificultaron el cumplimiento de los programas.
En 1976, con el inicio de la dictadura militar, se intensificó el vínculo con el FMI. El ministro José Alfredo Martínez de Hoz aplicó un plan ortodoxo de liberalización financiera y apertura comercial.
El FMI otorgó apoyo, pero la deuda externa creció aceleradamente y los desequilibrios estructurales persistieron.
En los años ’80, la relación se vio condicionada por la crisis de la deuda externa latinoamericana. El FMI se convirtió en un actor clave en los programas de ajuste vinculados a la renegociación de la deuda (Plan Brady). El gobierno de Raúl Alfonsín firmó varios acuerdos, pero los resultados fueron limitados y culminaron en una hiperinflación en 1989. Durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), la relación con el FMI se fortaleció dentro del marco de reformas estructurales: privatizaciones, apertura comercial, y la Ley de Convertibilidad de 1991. El FMI respaldó esta política con préstamos sucesivos, aunque se omitieron alertas tempranas sobre su sustentabilidad.
La crisis del 2001 marcó un punto de quiebre. El FMI había respaldado la continuidad del régimen de convertibilidad, pero cuando los desequilibrios se volvieron insostenibles, suspendió desembolsos y contribuyó al colapso. La ruptura de la convertibilidad, el default y el colapso económico de diciembre de 2001 deterioraron gravemente la relación. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Argentina adoptó una política de distanciamiento del FMI, pagando anticipadamente la deuda con el organismo en 2006 (9.530 millones de dólares) y rechazando su intervención en políticas internas. En 2018, bajo Mauricio Macri, Argentina firmó un nuevo acuerdo stand-by por 57.000 millones de dólares, el mayor en la historia del FMI. El programa fracasó en restaurar la confianza o reducir la inflación y generó fuerte crítica tanto en Argentina como dentro del FMI. Desde 2020, con Alberto Fernández, y luego con Javier Milei (2023-), la relación se transformó en una renegociación permanente del acuerdo de 2018, mediante un programa de Facilidades Extendidas (EFF). En abril de 2025 se aprobó el acuerdo numero 29 por 20.000 millones de dólares.
Noemí Brenta, máxima autoridad en la materia en Argentina, sostiene que los acuerdos entre Argentina y el FMI han generado efectos económicos regresivos, sustentados en evidencia cuantitativa. Según sus investigaciones, entre 1956 y 2022, los acuerdos que la Argentina firmó fueron en su mayoría bajo la modalidad stand-by, y acumularon más de USD 100.000 millones en préstamos. Sin embargo, durante los períodos de implementación de estos acuerdos, el PBI cayó en promedio un 1,5% anual, en contraste con años sin programas del FMI, donde el crecimiento fue positivo. Brenta destaca que, en los programas condicionados por el Fondo, el gasto público primario se redujo en promedio un 2,8% del PBI, mientras que el desempleo aumentó, alcanzando picos del 18% en 1995 (tras el ajuste post-Tequila) y 21% en 2002 (tras el colapso de la convertibilidad). Además, los acuerdos coincidieron con un incremento de la deuda externa, que pasó de US$ 7.800 millones en 1975 a más de US$ 100.000 millones en 2001.
¿Será que la historia demuestra que estos enfoques ortodoxos han generado efectos procíclicos, profundizando recesiones en lugar de estabilizar la economía? ¿Será que en estos acuerdos predominan las maniobras financieras, como el carry trade, por sobre políticas de desarrollo productivo? ¿Será que el énfasis excesivo en metas nominales (déficit fiscal, inflación) sin considerar su impacto en el crecimiento, el empleo y la estructura industrial terminan por empeorar el contexto? ¿O será que esta vez es diferente?