En medio de un controvertido ida y vuelta, se reanudó el operativo de secuestro de celulares en las cárceles San Felipe y Boulogne Sur Mer, de Mendoza, luego de que el gobierno provincial reaccionara contra la suspensión del retiro ordenada por el juez Sebastián Sarmiento.
El martes pasado, el magistrado suspendió el secuestro de dispositivos en las mencionadas cárceles, dando lugar a un hábeas corpus presentado por un grupo de internos. Sarmiento sostuvo que el Servicio Penitenciario no cumplía con la “proporción mínima exigida de un dispositivo tecnológico por cada 200 personas privadas de libertad” en estos dos complejos, y añadió que “ni se verifica” que los dispositivos disponibles “reúnan las condiciones técnicas mínimas exigidas en cuanto a privacidad, funcionalidad, accesibilidad y disponibilidad”.
En ese sentido, dispuso la suspensión temporal del retiro de celulares e instó al Servicio Penitenciario a presentar un informe sobre los dispositivos tecnológicos disponibles en esos complejos en un plazo de 20 días hábiles. En respuesta, la ministra de Seguridad y Justicia provincial, Mercedes Rus, presentó un recurso de apelación al día siguiente.
La cárcel San Felipe de Mendoza.
Rus lo acusó de “intromisión en las funciones propias de la administración”, señalando que el juez excedió sus facultades jurisdiccionales y desatendió una sentencia de la Corte. La titular de Seguridad también criticó que el hábeas corpus fuera presentado por un grupo de internos estudiantes de la UNCuyo y que el juez ampliara su alcance a toda la población carcelaria de ambos complejos; atribuciones que corresponden al Servicio Penitenciario Provincial.
Este lunes, el magistrado se apartó de la causa y su resolución quedó suspendida por su reemplazante. En este contexto, el juez Juan Manuel Pina aceptó un recurso de apelación presentado por el Servicio Penitenciario de Mendoza y, al mismo tiempo, dejó sin efecto lo dispuesto por Sarmiento.
“Atento a la inhibición del Dr. Sebastián Sarmiento, CONCÉDASE el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por el Director del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, contra el auto dictado en fecha 15/04/2025. (art. 466 Ley 6730, t.o. 7007 y cctes. del C.P.P.) y SUSPENDASE lo ordenado mediante resolución de fecha 15 de abril de 2.025 en lo que resulta objeto del presente recurso, y hasta tanto quede firme la misma”, resolvió Pina.
El juez Sarmiento (MDZ Online)
Medios locales informaron que el Gobierno Provincial consideró presentar un Jury de Enjuiciamiento contra Sarmiento, no solo por excederse en sus competencias, sino también debido a otros fallos controvertidos. “Lo estamos analizando con el equipo de abogados”, indicó la vicegobernadora Hebe Casado a Los Andes.
Entre los casos, se destaca el del policía retirado Héctor Pelayes, asesinado el año pasado por un delincuente con antecedentes por homicidio en ocasión de robo y amenazas agravadas. El criminal había ingresado al complejo Boulogne Sur Mer el 29 de febrero de 2016, acusado de homicidio criminis causa en ocasión de robo y ataque en poblado y en banda, y fue condenado en 2018 a seis años y once meses de prisión. Sin embargo, fue liberado en 2023 gracias a un fallo del juez Sarmiento que le concedió la libertad condicional.
Héctor Pelayes, asesinado el año pasado por un delincuente con antecedentes por homicidio en ocasión de robo y amenazas agravadas.
El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, explicó que el acceso libre de los internos a los teléfonos celulares representa ciertos riesgos.
“Lo que pasa es que hay que geolocalizar el teléfono y es un procedimiento bastante problemático descubrir de dónde viene la estafa. Suelen operar en redes sociales, ofrecen artículos para la compra y los venden a un precio más barato que se consigue en plaza. Entonces se contactan con gente interesada y les dicen que los esperan en tal lugar”, precisó.
“Ellos se comunican con algunos cómplices que tienen afuera y los otros los esperan. Esto ha pasado mucho y no es un capricho sacar el teléfono para castigar”, agregó.