La auditoría sobre pensiones por discapacidad que se realiza en Salta desde principios de año se amplía: ahora también se incluye el control sobre las jubilaciones anticipadas por discapacidad, un régimen que hasta el momento no había sido objeto de una supervisión sistemática. El diputado nacional Carlos Zapata confirmó a El Tribuno que la decisión fue tomada en conjunto por ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como parte de un plan para garantizar la transparencia y la correcta asignación de recursos del Estado.
“Hasta ahora, se venía trabajando sobre las pensiones no contributivas, pero en reuniones recientes con autoridades del área se planteó también la necesidad de auditar las jubilaciones anticipadas por discapacidad. Es un universo que creció mucho y merece ser controlado con el mismo rigor”, explicó Zapata, quien mantuvo encuentros con funcionarios de ANSES, entre ellos Paula Evangelina Amor, secretaria general de la Dirección Ejecutiva del organismo, para interiorizarse del alcance de la medida.
Sobre las jubilaciones anticipadas
Estas jubilaciones anticipadas están destinadas a personas que, por una discapacidad debidamente acreditada, no pueden continuar trabajando y acceden a una jubilación antes de la edad prevista por ley. Si bien se trata de un derecho contemplado por la normativa vigente, las autoridades nacionales advirtieron inconsistencias y posibles abusos en la forma en que algunos casos fueron tramitados y otorgados.
“Se detectaron tasas de incapacidad inusualmente altas en ciertos circuitos de aprobación, lo que encendió una señal de alerta. El objetivo no es quitarle el beneficio a nadie que lo necesite, sino asegurarse de que el sistema no sea aprovechado indebidamente”, aclaró Zapata.
El foco también sigue sobre las pensiones: cientos de casos bajo revisión
En paralelo, continúa en marcha la auditoría sobre las pensiones por discapacidad, un proceso que según explicó el diputado nacional Carlos Zapata ya lleva varios meses en Salta y podría arrojar resultados preocupantes. “Uno de los prestadores del PAMI me comentó de manera informal que, de una muestra de 100 personas citadas por la auditoría, solo 30 se presentaron y apenas 15 pudieron acreditar la discapacidad que figura en sus expedientes. Eso da una posible tasa de irregularidad del 85%”, detalló el legislador. No obstante, aclaró que se trata de una comunicación verbal y que aún se espera el informe oficial con los datos concluyentes.
El fiscal federal Carlos Amad interviene en la investigación judicial que ya se inició y advirtió que en la provincia se podrían haber otorgado hasta 20.000 pensiones irregulares, una cifra que calificó como “escandalosa”. Según trascendió, se investiga la existencia de delitos graves como fraude al Estado, falsificación de documentos y malversación de fondos públicos.
“La auditoría es necesaria y positiva, pero no puede convertirse en un proceso eterno. Debe tener plazos razonables y objetivos claros. El control tiene que existir, pero también deben protegerse los derechos de quienes realmente cumplen con los requisitos”, indicó Zapata.
Condiciones del interior y sobrecarga en el sistema
Ante la consulta de las dificultades estructurales que enfrenta el sistema para beneficiarios de pensiones en el interior de la provincia de Salta. Entre ellas, la falta de médicos especializados para certificar discapacidades, la escasez de personal técnico, las distancias geográficas que complican las evaluaciones presenciales y la saturación de los prestadores, tanto de ANSES como de PAMI, Zapata dijo: “Muchos prestadores están colapsados. Reciben cientos de notificaciones, tienen que hacer visitas médicas, elaborar informes, y muchas veces no cuentan con los recursos necesarios. Esto también retrasa la auditoría”, explicó.
Zapata insistió en que el control debe estar acompañado de medidas que faciliten el proceso, especialmente en zonas alejadas o con alta demanda. “No puede ser que por falta de estructura, una persona que necesita una pensión o una jubilación anticipada tenga que esperar meses o años para resolver su situación”, expresó.
Resultados en los próximos meses y posibles consecuencias
Según lo previsto, los primeros resultados oficiales podrían conocerse dentro de los próximos 90 días, aunque no hay plazos estrictamente perentorios. Una vez finalizada la auditoría, se espera que los informes sean remitidos a la justicia en caso de detectarse irregularidades. De allí podrían surgir nuevas causas penales, suspensiones de beneficios, citaciones judiciales e incluso recupero de fondos indebidos.
“Quienes hayan obtenido beneficios mediante documentación falsa deberán responder ante la ley. Pero al mismo tiempo, tenemos que asegurar que quienes necesitan estos recursos no queden atrapados en un sistema burocrático o paralizado por sospechas generalizadas”, advirtió Zapata.
En este sentido, reiteró que el enfoque debe ser equilibrado: “Transparencia con sensibilidad. Eso es lo que tenemos que lograr. No podemos permitir fraudes, pero tampoco podemos abandonar a quienes necesitan del Estado para vivir con dignidad”, finalizó.