Desde que se aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de Javier Milei que habilitó aumentos ilimitados en las cuotas de las escuelas de gestión privada, muchas familias se enfrentan a la imposibilidad de asumir estos costos, poniendo en riesgo la continuidad educativa de sus hijos en la escuela a la que concurrían. En este contexto, el Gobierno nacional implementó en el año 2024 (y reimplementó para 2025) una nueva modalidad de financiamiento educativo en los niveles obligatorios, denominada “vouchers educativos”.
Esta política supone un modelo de financiamiento a la demanda y ya fue aplicado en algunos países como Chile, Suecia o Nicaragua. Con algunas diferencias locales, el sistema apunta a que las familias elijan una escuela y la paguen a través de vouchers. De este modo, se instala una suerte de mercado de servicios educativos en el que los mecanismos para conseguir vacantes privilegian a quienes tienen más recursos económicos y simbólicos. Por ejemplo, en los casos en los que se implementó, ha sucedido que cuando aumenta la demanda de vacantes (en ciertos barrios y ciertas escuelas), se emplean criterios como el mérito académico del estudiante o un “copago” (como sucede en el sistema de prepagas de salud). De este modo se retroalimenta la segregación propia de los sistemas privados de educación.
En el caso de Argentina, si bien se denominan vouchers educativos, solo se trata de un subsidio del Estado nacional a las familias cuyos hijos concurren a escuelas privadas, que ya cuentan con subvención jurisdiccional del 75 al 100%.
Esta política irrumpe, por un lado, con el reparto de funciones en un sistema federal ya que, desde la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones, la administración y financiamiento del sistema educativo obligatorio es responsabilidad de las provincias, mientras que las universidades nacionales, actualmente desfinanciadas, dependen del gobierno nacional. Por otra parte, la política denominada “Vouchers Educativos” genera un nuevo agrupamiento de “subsidiados”, curiosamente algo que los votantes del gobierno de Milei rechazan y denuncian tal como él mismo lo hizo en todos sus discursos y en la campaña.
En síntesis, en este contexto, en lugar de revisar la normativa que origina el problema que deben afrontar las familias que eligen el sistema de educación de gestión privada, el Estado Nacional opta por medidas paliativas a través de nuevos subsidios, aumentando así la dependencia de las familias al nuevo Estado “libertario”. Emergen muchas preguntas, aunque quizás se pueda esbozar una propositiva: ¿Es posible diseñar políticas públicas equitativas que respeten, siguiendo el sistema federal de financiamiento educativo, los fondos estatales asignados a las universidades nacionales y, además, destinar otros recursos hacia las escuelas de gestión estatal?