Fernando Ramón Domínguez es un nombre más entre los tantos afiliados del Instituto Provincial de Salud (IPS), pero detrás de ese nombre hay una historia de entrega, lucha y hoy, profundo dolor. Fernando es policía retirado. Sirvió durante más de 25 años a la comunidad salteña. Hoy, enfermo de cáncer, sufre un abandono que su familia describe como “cruel” y “desgarrador”.
En medio del silencio de la Semana Santa, su esposa, Mariela Mónica Mamani, se aferró al último recurso que tiene: visibilizar. Habló con El Tribuno para contar el drama que viven desde que el 11 de febrero les confirmaron que Fernando tiene cáncer de riñón con metástasis en los huesos. Desde entonces, comenzó una lucha desesperada no solo contra la enfermedad, sino contra una maquinaria burocrática que parece insensible ante el dolor humano.
El diagnóstico, la cirugía y una espera que no termina
Apenas fue diagnosticado, los médicos decidieron operar a Fernando para extirparle el riñón. La intervención se realizó el 11 de marzo. “A los 15 días nos entregaron el resultado de la biopsia y el oncólogo ya tenía todo listo para comenzar con la quimioterapia. Solo faltaba una cosa: la autorización del IPS para los medicamentos”, relata Mariela.
Lo que parecía una gestión médica sencilla se transformó en un infierno administrativo. El IPS rechazó la historia clínica dos veces, primero porque “no estaba completa” y después porque “para ellos, Fernando solo necesitaba un medicamento”, pese a que el oncólogo indicó con claridad dos: uno oral y otro inyectable.
“El médico sabe lo que mi esposo necesita. No entiendo cómo una oficina puede decidir por encima de un profesional de la salud. Ni siquiera tienen trato con el paciente. ¿Qué están esperando? ¿Que se muera?”, pregunta Mariela, con la voz quebrada.
De Salta a Chaco: los papeles de la desesperación
La situación escaló al absurdo cuando desde IPS le informaron que la documentación de Fernando había sido enviada a una auditoría en la provincia del Chaco. “Les pedí el nombre de la auditora, no me lo quisieron dar. Me dijeron que solo espere. Y eso hice. Esperé. Con la esperanza de que ya estaba todo aprobado, pero no. Me dijeron que ahora pasaba a auditoría de farmacia. Otra semana más. Después, que debía pasar por gerencia, pero los lunes gerencia no manda los papeles…”.
Así, día tras día, la espera se fue transformando en agonía. La primera sesión de quimioterapia estaba programada para el 9 de abril. No se concretó. Y aún no hay certezas de cuándo será posible.
“Voy todos los días al IPS. Los empleados ya me conocen. Me dicen ‘Domínguez, otra vez’. Sí, otra vez. Porque es la vida de mi marido lo que está en juego”, dice Mariela.
El costo de la vida
Los medicamentos que Fernando necesita rondan los 13 millones de pesos. “Están fuera de nuestro alcance. Yo no tengo cómo pagarlos. No puedo. Estoy considerando hacer una colecta si esto sigue así. Porque el tratamiento no puede fallar. Cada 20 días necesita una nueva dosis. No hay margen de error”, explicó Mariela con angustia.
La salud se deteriora, la esperanza se agota
El deterioro de Fernando es notorio. Ya no alcanza con un solo calmante para aliviar el dolor. “Hoy necesita dos. Apenas puede caminar. El médico nos dijo que la primera quimio, aunque dura, iba a ayudar a aliviar sus dolores. Pero seguimos esperando. Y él se desanima. Se apaga. Y eso es lo que más me duele”, dice Mariela con los ojos llenos de lágrimas.
Lo más doloroso es que, pese a que los papeles ya están “aprobados”, no hay una fecha cierta para que Fernando reciba los medicamentos. “Me dijeron que los vouchers están listos, pero necesitan un sello en gerencia. ¿Cuántos sellos más hacen falta para que una persona acceda a su tratamiento oncológico?”, se pregunta.
Una familia contra la indiferencia
Mariela golpeó todas las puertas posibles. Se comunicó con concejales, diputados, funcionarios del Ministerio de Salud. Envió mensajes, dejó reclamos, recurrió a redes sociales. Pero las respuestas no llegan. “Están todos en campaña. ¿No hay uno solo que quiera ayudar de verdad? ¿Ninguno que entienda la urgencia?”, reclama.
El IPS, además, está intervenido, y según los mismos empleados, eso provocó aún más demoras. “Cada papel tiene que pasar por muchas firmas. Es ridículo. No hay sensibilidad. Están jugando con el tiempo de una persona que puede morir”, denuncia.
Una súplica que interpela
La familia de Fernando no pide favores. Pide que se respete un derecho básico: el acceso a la salud. Que una persona que trabajó toda su vida para el Estado no tenga que suplicar por medicamentos que necesita para vivir.
“Esto que vivimos en Semana Santa fue dolor. Solo dolor. Porque sabemos que el cáncer no espera. El tiempo que ellos pierden en trámites, nosotros lo perdemos en vida. Y Fernando quiere vivir. ¡Quiere vivir!”, finaliza Mariela.
¿Cómo podés ayudar?
Mariela pide a la comunidad que la ayude a viralizar este caso, para que llegue a las autoridades del IPS, al Ministerio de Salud y a quienes puedan acelerar la entrega de medicamentos. Además, está evaluando organizar una colecta solidaria en caso de no recibir respuesta urgente por parte del Estado.