Ayer, la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Salta mantuvo una reunión con la secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas de la Provincia, Fabiana Ávila, para analizar las gestiones que lleva adelante el Ejecutivo provincial frente a las auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en relación con las pensiones no contributivas por invalidez. La convocatoria respondió a la creciente preocupación de beneficiarios en distintas regiones del territorio salteño, especialmente en las zonas más afectadas por las inundaciones provocadas por el desborde de los ríos Pilcomayo y Bermejo.
La reunión fue presidida por la diputada Laura Cartuccia, quien abrió el diálogo con un planteo claro: conocer de primera mano cuál es la respuesta de la Provincia frente a las situaciones que están atravesando muchas personas con discapacidad en el interior, en el marco de un proceso de revisión que generó incertidumbre y temor en sectores especialmente vulnerables.
Durante su exposición, Ávila reconoció que la Resolución 187/2025 de la Andis—que dispone un proceso de auditoría de las pensiones— generó una fuerte inquietud en la ciudadanía, especialmente en los departamentos más alejados de los centros urbanos. Sostuvo que existen numerosos casos particulares que, por su singularidad y complejidad, requieren un tratamiento especial. En ese sentido, remarcó que desde el Gobierno de Salta se intervino con rapidez para atender las demandas de los beneficiarios, articulando con organismos locales y trasladando los reclamos a nivel nacional.
La funcionaria también explicó que el Gobierno Nacional contrató a la empresa Los Lapachos para llevar adelante la auditoría, y que la Provincia no tuvo participación en la selección ni en la implementación del operativo. Subrayó que la responsabilidad de definir cronogramas, puntos de atención y logística recae exclusivamente en esa empresa, por lo que la administración salteña no tiene posibilidad de modificar la organización del proceso.
En ese marco, Ávila insistió en la necesidad de garantizar el acceso efectivo de todos los beneficiarios a la revisión, teniendo en cuenta las enormes dificultades de traslado, conectividad y comunicación que enfrentan muchas personas en zonas rurales o de difícil acceso. “No se puede permitir que, por una cuestión de distancia o falta de información, se pierdan derechos esenciales. La pensión, en muchos casos, es el único ingreso que tiene una familia”, manifestó.
Asimismo, adelantó que el tema será planteado en los próximos días en el ámbito del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde la Provincia buscará visibilizar esta situación ante las autoridades nacionales.
Planteo de los diputados en la reunión
Durante el encuentro, varios diputados tomaron la palabra para exponer los casos que vienen recibiendo en sus territorios. Coincidieron en que los principales problemas se relacionan con la burocracia, la falta de comunicación clara sobre los requisitos y los turnos otorgados en lugares alejados, lo que impide el cumplimiento por parte de personas con movilidad reducida o sin medios para trasladarse. También se señaló que hubo numerosos reclamos por turnos cancelados sin previo aviso y demoras en la atención.