La conductora Viviana Canosa fue denunciada penalmente por tráfico de influencias, luego de reconocer al aire que intervino en un trámite funerario de Lizy Tagliani tras la muerte de su madre, gestionando —según su propio relato— certificados médicos a través de contactos con funcionarios nacionales.
La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome y quedó registrada bajo el expediente CFP 1560/2025. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el caso recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
El video con la confesión
En su programa “Viviana en Vivo” por El Trece, Canosa relató detalles del hecho ocurrido en diciembre de 2011, cuando falleció Rosa Gallardo, madre de Tagliani. Contó que recibió una llamada desesperada de su amiga en pleno almuerzo en Gardiner:
“Lizy me llama llorando y me dice: ‘se murió mi mamá y no tengo el acta de defunción, puedo ir presa’”.
La conductora explicó que, ante la urgencia, llamó a “una persona de mucha confianza” que sería, según trascendió, el entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien también fue denunciado.
“Agarré el teléfono, miré mi agenda y llamé a ministros, diputados, senadores… resolvimos todo. Llevaron a la señora a la casa, firmaron los papeles y la devolvieron a la sala velatoria”, aseguró Canosa en vivo.
Coincidencias con el testimonio de Lizy Tagliani
Tras la emisión del programa, se viralizó una entrevista radial de 2017 en la que Lizy Tagliani narraba en “La Negra Pop” una historia idéntica:
“Llamé a una amiga. La casa velatoria devolvió el cuerpo de mi mamá a casa. Después apareció un médico que firmó todo.”
Si bien Lizy nunca mencionó el nombre de esa amiga en aquel entonces, la coincidencia entre ambos relatos y el actual enfrentamiento mediático entre las conductoras generaron revuelo en redes sociales y motivaron la presentación judicial.
Qué se investiga
La denuncia apunta a determinar si Canosa utilizó indebidamente contactos políticos para sortear trámites legales, lo que podría configurar tráfico de influencias y violación al principio de igualdad ante la ley.
Según se desprende del escrito judicial, el rol del entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández será central en la investigación. La figura penal de “averiguación de delito” permite al fiscal iniciar una pesquisa preliminar para establecer si hubo delito.
La Agencia Noticias Argentinas accedió al registro judicial que confirma la asignación del expediente al Juzgado Federal N°12.