En San José de Metán hay encendidas quejas por el peregrinar que tienen que atravesar las personas con discapacidad para poder cumplir con los requisitos y no perder el beneficio de las pensiones ante los relevamientos dispuestos por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En las cartas documento enviadas el organismo destaca que “desde el inicio de esta gestión, la ANDIS llevó a cabo relevamientos para garantizar la transparencia y el acceso al beneficio a quienes por razones de salud se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se encontraron reiteradas irregularidades. Es importante que esta ayuda llegue a quienes corresponde y realmente la necesitan, sin discrecionalidad, desviaciones ni fraudes”.
“Por dicho motivo, y con el fin de verificar la subsistencia de los requisitos para el goce de la prestación, se solicita presentarse con su documento nacional de identidad y la documentación médica respaldatoria actualizada que acredite su condición de beneficiario de la pensión, el día 29-04-2025, en la Clínica 9 de Julio”, dice la carta enviada a un beneficiario de Metán, que firma Diego Orlando Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Pero las quejas se multiplicaron en las últimas horas porque los beneficiarios son personas humildes con distintas discapacidades que tuvieron que pagar por los estudios para tratar de tener la documentación actualizada. Incluso algunos viven en zonas rurales y padecen distintas patologías por lo que se les complica para movilizarse.
Buscan una solución
En los últimos días el Centro Integrador Comunitario (C.I.C) de barrio El Crestón estuvo lleno de personas con discapacidad, acompañados por sus familiares, que buscan asesoramiento para poder hacer el trámite. Con la colaboración del hospital Del Carmen profesionales están brindando la información y haciendo los requerimientos necesarios, pero la documentación debe ser presentada en el sector privado, que es lo que llama la atención.
“Nos hemos comunicado con el Ministro de Salud, Federico Mangione frente a la situación que se ha generado y existe la posibilidad de que puedan llegar a presentar los estudios que ya tienen realizados, pero estamos esperando que eso se confirme para evitar tanta burocracia y que estas personas tengan que ir de un lado al otro”, dijo Liliana Nieva, quien es responsable del área de Adultos Mayores y Discapacidad en Metán.
Una 4.000 cartas documento
“El Gobierno Nacional está intimando a las personas con discapacidad, hasta ahora en Metán han enviado unas 4.000 cartas documento pidiendo que los que están cobrando una pensión por invalidez puedan comprobar la discapacidad con estudios actualizados”, destacó Nieva. “Queremos aclarar que el municipio está prestando el C.I.C. para que la gente pueda ser asesorada con la colaboración del hospital Del Carmen. La gente está desesperada, no sabemos cuál es el criterio que se aplica porque le llegaron a chicos que tienen síndrome de down, no videntes y con parálisis cerebral, que son condiciones que no van a cambiar”, dijo Nieva.
“Hacer estudios nuevos genera un gasto para estas personas humildes, el hospital no cuenta con todos los profesionales, tiene que seguir atendiendo y 4.000 personas es mucho. En las cartas dice que tienen que presentarse en la Clínica 9 de Julio. Llega gente también de Lumbreras, Río Piedras, Potrero, Antilla y Rosario de la Frontera, entre otros lugares. Además la gente con discapacidad tiene que ir al sector privado y pagar. Ellos cobran poco, entre $250.000 y $260.000 por mes y para muchos es el único ingreso que tienen”, señaló.
“Voy a presentar un amparo”
El diputado por el departamento de Metán, Gustavo Dantur, adelantó a El Tribuno que si no se soluciona el inconveniente de manera inmediata va a presentar un amparo en la Justicia.
“Se están metiendo con los más vulnerables de todos, las personas que tienen alguna pensión por invalidez. Les vuelven a pedir los mismos estudios que les pidieron hace 15 o 20 años. Muchos de ellos están postrados en una cama y les llegó una carta documento con la amenaza de que le van a quitar el beneficio”, dijo el legislador al hablar al respecto en la Cámara de Diputados.
“El servicio de salud pública está colapsado, deben hacerse estos estudios en la parte privada y tienen una obra social que no les cubre nada. Deben pagar en clínicas privadas y le dicen a cual ir en la carta, de manera direccionada”, sostuvo Dantur.
“Si hay alguna pensión mal dada les aseguro que no la tienen los pobres. Qué se puede esperar de un gobierno nacional que a las personas con problemas mentales las llaman estúpidas e idiotas. Si hay alguna pensión mal dada se la debe quitar, pero no a los que no pudieron pagar un estudio. Pido que intervenga la Justicia”, dijo el diputado por el departamento de Metán.