El juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó nuevos allanamientos en la causa que investiga al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, y a varias personas de su entorno. Uno de los operativos se hizo en una financiera trucha que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar se incautaron $ 62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112 mil reales.
“Los allanamientos son una continuidad del operativo que se hizo en la financiera que funcionaba en el hotel (Sheraton) de Pilar”, dijo una fuente de la investigación consultada por Infobae. Ese operativo ocurrió a fines de enero. En ese momento también se allanó una peluquería “Hairspray Studio”. Ambos negocios son adjudicados a la concejal Claudia Pombo.
La hipótesis que siguen los investigadores es que en ambas financieras “circuló dinero de las actividades ilícitas”. Se trata del expediente radicado en el juzgado federal de Campana, donde se investiga si hubo una maniobra de lavado de dinero. En esa causa, además de D’Donofrio y Pombo, también fueron imputados Facundo Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo (también concejal de Pilar), y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).
A fin del año pasado, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados. Pero también apuntó a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.
En ese esquema quedarían involucrados funcionarios judiciales, estatales, y varias concesionarias.
El hotel donde funcionaba la financiera
La última tanda de allanamientos estuvo a cargo de Prefectura y de la Policía Federal.
El operativo más llamativo fue en una financiera, sobre la calle Esmeralda, donde había varios clientes al momento que ingresaron los efectivos. “Los inspectores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) constataron que dicha entidad no contaba con autorización ni registro para operar, motivo por el cual el juez interviniente dispuso el secuestro de dinero en las siguientes divisas: 205 millones de pesos argentinos, 425 mil dólares, 4.600 euros y 112 mil reales”, informó la Prefectura a través de un comunicado. De ese total, una parte del dinero le pertenecía a clientes de la financiera.
Además del dinero, se secuestró documentación valiosa para la causa, agregó una fuente judicial.
Otro de los operativos tuvo lugar en un domicilio donde funcionaría una empresa que le había prestado dinero a Facundo Asencio (ex Director de Fiscalización y Control) para comprar un auto de alta gama. En el lugar, finalmente, funcionaba otra empresa.
El juez de Campana también ordenó secuestrar datos de la empresa que administra el sistema de Telepeaje, para determinar si había vínculo entre algunos de los imputados, y en un edificio de co-working donde podría haber información valiosa de una de las empresas investigadas.
El expediente sumó hace pocos días información de inteligencia de carácter reservado, proveniente de España. La Justicia llegó hasta ese país al detectar que Claudia Pombo hizo varios viajes en los últimos años y estaría vinculada a dos emprendimientos gastronómicos. Muchas de esas salidas las hizo en compañía de Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata, y otro de los involucrados en la trama de las fotomultas.
En otra de las causas, que está a cargo del fiscal Alvaro Garganta, la semana pasada se hizo un allanamiento en la sede de CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios. También hubo un operativo en el domicilio del presidente de la empresa, Bernardino Antonio García, a quien se le secuestró un teléfono clave que ahora será peritado.