La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Tribunal de Casación rechazara un recurso extraordinario contra un fallo en su contra.
A través de un comunicado, Fernández de Kirchner denunció que el tribunal “no respondió ni trató las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas” y cuestionó la “arbitrariedad manifiesta de la sentencia”.
Además, recusó al juez de la Corte Suprema designado en comisión, Manuel José García Mansilla, argumentando que su nombramiento por decreto del presidente Javier Milei “viola la Constitución Nacional”. Y recordó que García Mansilla había declarado en una audiencia en el Senado que no aceptaría una designación de ese tipo.
En el escrito, la dirigente del PJ vinculó la decisión de recusarlo con declaraciones recientes de Milei, quien en un reportaje aseguró que Fernández de Kirchner “va a ir presa”, lo que, según ella, implica una “indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”.
Por otra parte, señaló que su partido solicitó una sesión especial en el Senado para el próximo jueves 3 de abril con el objetivo de rechazar el pliego del magistrado.
“Nunca tuvo miedo”
Carlos Belardi, abogado defensor de Cristina Kirchner, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que vaya presa”, en referencia a la condena a seis años recibida por la causa Vialidad.
Desde la sede del PJ Nacional de la calle Matheu, Beraldi indicó que, desde que la asesora, “Cristina nunca tuvo miedo”, que sabe cuál fue su accionar como mandataria y que este proceso “existe porque ha hecho muchas reformas que no le perdonan”.
El letrado sostuvo que la afirmación que hizo el presidente Milei, al manifestar que “va a ir presa”, indicó que es algo “grave dentro del manejo de causas judiciales” y que un Jefe de Estado tiene “prohibido” hacer.
“La Corte ya ha intervenido en la causa y no es que solamente está el recurso de la expresidenta, hay diez recursos más que la Corte tiene que tratar, por lo cual, desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y medianoches, salvo que se trate de una operación política”, indicó.
Consideró que los jueces “no pueden tomar una posición acusadora como ocurrió en este expediente” y que se deben “corregir cuestiones de la fundamentación de la sentencia”, dado que carece de fundamentos jurídicos y “es grave”.
Por otra parte, sostuvo que esta causa, que empezó hace nueve años y donde se le imputó a la expresidenta el haber llevado a cabo un manejo “discrecional” de fondos públicos, “asignándosele a la provincia de Santa Cruz más dinero que el que correspondía”, no contó con pruebas que fundamentaran esa acusación.
“En el juicio se demostró que ella, en primer lugar, no había asignado fondos de manera discrecional a ninguna provincia, porque esa es una decisión que surge de las leyes de presupuesto y que vota el Congreso de la Nación. En lo que se refiere específicamente a si se adjudicaban obras en condiciones irregulares, está más que definido que la (ex) presidenta de la Nación jamás había tomado ningún tipo de atribuciones. Todos los testigos que vinieron al juicio dijeron que ella no había tomado ninguna intervención, porque se trata de fondos que se manejan desde un órgano que es autárquico como es la Dirección Nacional de Vialidad”, detalló.