La escena de terror vivida el martes en el colegio secundario N° 5176 de Villa Esmeralda continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como institucional. Mientras la comunidad educativa intenta recuperar la calma tras el violento episodio, la Justicia salteña avanza en la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades del adolescente de 14 años que, armado con un machete, irrumpió en el establecimiento y desató el pánico entre estudiantes, docentes y directivos.
Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal penal juvenil N° 1, Carolina Mateo Bellini, investiga al adolescente por la posible comisión de los delitos de lesiones, amenazas y daños, en perjuicio de al menos dos personas. El joven habría intentado agredir a un compañero tras una discusión ocurrida horas antes dentro del colegio. La situación escaló a niveles impensados cuando, tras ser reportado por sus actos, el adolescente regresó al establecimiento con un machete extraído del vehículo de su madre, ingresó por una zona lateral y recorrió los pasillos hasta irrumpir en un aula.
Los gritos de alerta, el caos entre los estudiantes y profesores y el pedido desesperado de auxilio de una docente quedaron registrados en unos videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales. La situación solo pudo ser contenida gracias a la intervención de un profesor que logró desarmar al joven, mientras se esperaba la llegada de la Policía, que demoró alrededor de 15 minutos.
Medidas de protección y comité de crisis
Frente a la gravedad del hecho, la fiscal Mateo Bellini ordenó que se establezca una consigna policial en el establecimiento educativo y también en el domicilio de la víctima, con el fin de proteger su integridad física y la del resto del alumnado. Además, se solicitó al Juzgado Penal Juvenil la implementación de medidas urgentes de protección, contempladas por la legislación vigente.
Por disposición de la jueza en lo Penal Juvenil de Primera Instancia, Tatiana Dip, se conformó un Comité de Crisis Interdisciplinario que deberá llevar adelante tareas inmediatas de contención, asistencia y acompañamiento psicológico para toda la comunidad educativa del colegio.
Este comité está integrado por equipos técnicos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en coordinación con especialistas de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. También se dio intervención preventiva a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones y a la Asesoría de Incapaces en turno.
La jueza Dip actuó en el marco de lo que establece el artículo 12 de la Ley 8097, que exige alertar de manera inmediata a las autoridades administrativas cuando se detectan situaciones de vulnerabilidad o desprotección de niños y adolescentes en el sistema penal juvenil. Asimismo, se aplicaron los principios de la Ley 27372 de Protección de Víctimas, que obliga a adoptar medidas urgentes ante situaciones de violencia, considerando especialmente la edad de las personas involucradas.
Mientras tanto, la fiscalía continúa con tareas investigativas para esclarecer por completo las circunstancias del hecho, incluyendo el análisis de los registros fílmicos, los testimonios de docentes y alumnos, y los antecedentes del joven, quien había ingresado por primera vez a esa escuela este año.
Un colegio que intenta recomponerse
Mientras se desarrolla la investigación judicial para esclarecer todos los detalles del hecho, el Ministerio de Educación anunció que las clases continuarán bajo un esquema especial, con actividades de contención emocional para estudiantes y docentes.
“Garantizamos la integridad física del alumnado. Se realizarán tareas de contención con el curso del adolescente y se convocó a los equipos de psicólogos y psicopedagogos del Ministerio”, explicó la supervisora general de Educación Secundaria, claudia casas, en declaraciones a El Tribuno. Además, se organizaron reuniones con padres y talleres para trabajar sobre la prevención de la violencia escolar.