Las tensiones políticas entre posiciones inconciliables, que se traducen en conductas y discursos de tono bizarro, distorsionan por completo la función de la Cámara de Diputados y relegan al arcón de los desechos lo que es la razón de ser del Congreso: el espacio de representación de la ciudadanía y de las provincias, concebido para que de allí surjan leyes que ordenen la convivencia y ofrezcan al país una expectativa de futuro.
Las últimas sesiones, enmarcadas en protestas callejeras cooptadas por grupos sectarios, demuestran que la pelea por el poder ha desplazado a la lucha política genuina, y que los intereses particulares de legisladores y funcionarios pesan decisivamente por encima de las urgencias de la Patria.
En este embarrado escenario, la fragmentación de la oposición y los forcejeos, tan imprudentes que parecen ingenuos, entre los inexpertos legisladores oficialistas, la inestabilidad política y económica de las últimas cinco décadas parece encaminada a agravarse.
En primer lugar, la enarbolada reivindicación de los jubilados se convierte solo en un pretexto. Todos los que han ocupado posiciones de poder en este largo período han contribuido al deterioro del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones. Porque la raíz de la crisis previsional hay que buscarla en la distorsión en la relación entre trabajadores activos y jubilados, que hoy ha pasado a ser casi de uno por uno, cuando el modelo original y sostenible era de tres trabajadores en actividad y aportantes por cada jubilado. La ampliación de la expectativa de vida, el retroceso de la producción eficiente y la inversión, y la extensión de la economía en negro configuran un cuello de botella. La demagógica decisión del gobierno de Néstor Kirchner, cuando duplicó el número de jubilados y pensionados para beneficiar a quienes se habían retirado sin aportes, no previó un financiamiento genuino. En cambio, se optó por cargar el peso de lo que debía ser una política asistencial a los recursos de ANSES, que son de los aportantes.
Este descalabro previsional está directamente vinculado a una economía crecientemente ineficiente y a una presión tributaria que estimula el aumento de la evasión. Se trata de una cuestión de Estado que debe ser asumida como tal.
La confrontación de fundamentalismos entre libertarios y kirchneristas cierra las puertas a una salida institucional frente a la encrucijada.
Las sobreactuaciones oposicionistas de Máximo Kirchner y el jefe del bloque de diputados de la Unión por la Patria, Germán Martínez, así como los exabruptos entre las libertarias Marcela Pagano y Lilia Lemoine, ratifican el clima de frivolidad política.
Asimismo, la convocatoria de la CGT a su tercer paro general contra el actual gobierno es también la señal de contradicción y falta de autocrítica del sindicalismo. Una institución que se despreocupó por completo de la caída de las fuentes de trabajo y del poder adquisitivo del salario, que convalidó pasivamente el crecimiento del trabajo en negro durante gobiernos que eran afines, pretende ahora hacer política con las demandas de los jubilados.
El gobierno de Javier Milei debe asumir la responsabilidad de brindar soluciones de fondo y definitivas. Por más que hoy abunden corrientes de diverso signo que niegan a la política como instrumento de desarrollo, solo con política será posible construir políticas de Estado.
El éxito logrado esta semana, con el control de la movilización fuera del Congreso y la aprobación de un DNU que le permite avanzar en la negociación de la deuda con el FMI, no debe llamar a engaños. No es legítimo gobernar a decretazos ni eternizar las rejas y la represión, aunque sea inevitable ante la rigidez de los vínculos con la oposición.
Sacar de la crisis al país solo será viable con acuerdos; los discursos ideológicos y fundamentalistas y la mezquindad de los intereses de unos y otros anticipan que estamos muy lejos de lograrlo.