Empresarios pesqueros expresaron públicamente su queja al Gobierno de Javier Milei, por haber quedado “excluidos” de la baja temporaria de retenciones que beneficiará a partir de febrero a los productores del campo y alertaron sobre “inminentes quebrantos” en el sector.
El cuestionamiento a la medida y la advertencia sobre posibles quebrantos fue planteado por la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP).
Los empresarios expresaron su “sorpresa y profunda preocupación por haber sido excluidos” de la medida y advirtieron que enfrentan “una situación de quebranto inminente” debido a la caída del precio internacional, los altos costos de la actividad y la elevada carga tributaria que enfrenta el sector. Sostienen que, además de los retenciones, el sector está gravado con el Derechos Únicos de Extracción (DUE), que en diciembre pasado fue incrementado.
Afirmaron que “la combinación de altos costos y excesiva carga tributaria pone en riesgo la continuidad de pesquerías muy importantes, que ya presentan situación de quebranto”.
Las retenciones a la actividad van del 1 al 9 por ciento según el volumen, packaging y el valor agregado. El promedio es de entre 5 y 6%. Y aclaran que, según el destino, se pagan aranceles de ingreso. Por ejemplo, para ingresar a la Unión Europea, los langostinos tienen un 14%.
Indicaron que la actividad “es actualmente la principal economía regional del país, con un rol clave en Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.
“La decisión de excluir al sector pesquero de la reducción de retenciones anunciada pone en riesgo un sistema productivo que no solo aporta divisas, sino que también es motor de desarrollo regional, generando miles de empleos directos e indirectos en actividades complementarias como la construcción y mantenimiento de embarcaciones, la logística y la producción de insumos”, señalaron, subrayando que la decisión “pone en peligro el trabajo realizado para garantizar la sostenibilidad medioambiental de la actividad”.
Por ello, le reclaman al Gobierno su “inmediata inclusión en el régimen de reducción de retenciones, a fin de evitar el impacto negativo que esta decisión podría tener sobre la sostenibilidad de la industria”.
Un costo de US$800 millones
La decisión del Gobierno nacional de bajar en forma temporal las retenciones agrícolas tendrá un costo fiscal de US$800 millones, estimaron en la Secretaría de Agricultura.
La decisión regirá desde mañana y hasta el 30 de junio, e incluirá al maíz, trigo, girasol, soja y sus derivados. La iniciativa incluye la eliminación permanente de gravámenes para las economías regionales que tenían retenciones desde el 2,5% hasta el 5% como máximo, entre las que estaban el azúcar, algodón y arroz.