La Prefectura Naval Argentina ha aprobado una nueva normativa que establece un marco regulatorio específico para buques en puertos y terminales de la zona patagónica. La medida surge tras un análisis exhaustivo realizado por distintas áreas técnicas de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación y la Dirección de Planeamiento. La Disposición 45/2025, publicada en el Boletín Oficial este miércoles, tiene como objetivo garantizar mayores estándares de seguridad y promover la eficiencia económica del sector portuario en la región, con un impacto significativo en la logística y el comercio exterior.
El nuevo plexo normativo reemplaza agregados y disposiciones anteriores que, según la Prefectura, resultaban insuficientes ante las actuales exigencias del comercio internacional y la complejidad operativa de los puertos modernos. La actualización incluye pautas específicas sobre el uso obligatorio de remolques, protocolos de emergencia, sistemas de amarre y medidas preventivas para minimizar riesgos durante maniobras críticas, factores esenciales para mantener la continuidad de las operaciones logísticas y evitar interrupciones en la cadena de suministro.
Un marco regulatorio adaptado a los tiempos modernos
La Prefectura Naval resalta que el Decreto Nº 770/2019, conocido como REGINAVE, establece que las normas deben ajustarse a las particularidades de cada puerto. Con la entrada en vigencia de la nueva Ordenanza Nº 1-25 del Tomo 3, se busca uniformar los criterios de seguridad y operatividad, asegurando que todos los buques, independientemente de su bandera, cumplan con los mismos estándares en aguas nacionales. Esta uniformidad favorece la eficiencia logística, reduciendo costos y tiempos de espera para los buques que operan en el comercio exterior.
Este nuevo marco también responde a los lineamientos del Estado Nacional, que desde 2017 impulsa la simplificación de procedimientos administrativos a través del Decreto Nº 891/2017. La actualización normativa de la Prefectura se alinea con los principios de modernización y eficiencia promovidos por el Ministerio de Seguridad, lo que refuerza su compromiso con la mejora continua en el sector portuario y logístico, generando condiciones más competitivas para el comercio exterior.
Seguridad y protección ambiental como ejes centrales
Uno de los aspectos destacados de la normativa es el énfasis en la seguridad de la navegación y la protección ambiental. La Prefectura subraya que las nuevas disposiciones no eximen a los capitanes, prácticos ni armadores de la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para preservar la integridad de los buques, su carga y las instalaciones portuarias. Además, se incorporan requisitos estrictos sobre el balizamiento, iluminación y el uso de remolques en determinadas circunstancias, lo que asegura operaciones más seguras y fluidas, vitales para el comercio exterior.
La normativa también incluye definiciones y conceptos específicos que serán de aplicación exclusiva para la operatividad en los puertos de la región. Esto abarca desde la forma en que deben realizarse las maniobras de amarre hasta los procedimientos a seguir en situaciones de emergencia, lo que mejora la gestión logística y facilita el flujo del comercio internacional e interprovincial.
El nuevo marco normativo reemplaza agregados y disposiciones anteriores que, según la Prefectura, resultaban insuficientes ante las actuales exigencias del comercio internacional y la complejidad operativa de los puertos modernos (Foto: Shutterstock)
Según la Disposición 45/2025, la nueva normativa entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. La Dirección de Planeamiento será la encargada de imprimir un ejemplar patrón de la norma y de incorporarlo en el sitio oficial de la Prefectura Naval Argentina.
Por todo esto, la normativa publicada en el Boletín Oficial marca un hito en la regulación del sector naviero en la zona patagónica, promoviendo una operatividad más segura y eficiente para los buques que operan en aguas nacionales. La modernización de los estándares refleja el compromiso del Estado con el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales del país, generando beneficios directos para la logística y el comercio exterior.