La ONG Será Justicia le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que ordene como medida cautelar que la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner no pueda ejercer cargos públicos por la ratificación de la condena en la causa de la obra pública en Santa Cruz, conocida como la causa Vialidad.
La entidad también reclamó que se inicie el decomiso de bienes que se ordenó en la causa y que se analice “la posibilidad” que de se ordene la detención de la exmandataria.
Será Justicia presentó ayer un escrito en el que pidió ser considerada “Amicus Curiae” (amigo del tribunal) porque no forma parte del expediente. Lo hizo ante la Sala IV de la Cámara de Casación que hace 12 días confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo no está firme porque puede ser apelado a la Corte Suprema de Justicia para lo que las partes tienen plazo hasta el 20 de febrero próximo.
Pero Será Justicia se presentó y pidió como medida cautelar que la prohibición para ejercer cargos públicos se aplique ya. La ONG explicó que la Constitución Nacional en su artículo 36, establece que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
La entidad agregó que ya hay un doble conforme de condena en el caso y planteó dos escenarios para dictar la medida: “Una de ellas es que la eventual intervención extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia resulta ajena a cuestiones de hecho y prueba, de modo tal que los actos de corrupción verificados en autos en cabeza de Cristina Fernández no deberían ser modificados. Otra de las razones destacables es que, con esta disposición, se pretenden asegurar y garantizar los fines del proceso en sus últimas instancias, evitando maniobras que le faciliten su impunidad o posibles injerencias desde el poder en la actividad de la justicia”.
También señaló que si no dicta lo contrario, Cristina Kirchner podría ser candidata en las elecciones del año que viene “y, a partir de allí, obtuviera fueros parlamentarios que impedirían el futuro cumplimiento de la condena”.
“Sumado a ello, su condición de presidenta del Partido Justicialista, cuyo bloque de senadores ostenta la mayoría del recinto, podría hacer recaer bajo sus designios la selección de uno o más integrantes del Máximo Tribunal que, paradójicamente, deberán resolver su situación procesal”, agregó. Otro punto que se planteó es que analice si la expresidenta no debería ser detenida ante un posible riesgo de fuga.
Denunciada por el cobro de plus por “zona austral”
Además del pedido de la ONG Será Justicia, la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner fue denunciada penalmente para que se investigue si cometió el delito de fraude en perjuicio de la administración pública al cobrar el ítem de “zona austral” en su jubilación de privilegio cuando reside en la ciudad de Buenos Aires y no en el sur del país.
La denuncia fue presentada por la Fundación Apolo y quedó a cargo del juzgado federal 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por el juez federal Daniel Rafecas. “La presentación se fundamenta en los beneficios previsionales que la exmandataria habría percibido de manera indebida al declarar su domicilio en Río Gallegos a pesar de vivir en la CABA”, sostuvo la fundación. “Este beneficio habría significado un incremento en sus ingresos de más de $6 millones al momento de su suspensión, afectando de manera directa a las arcas públicas”, sostuvo la entidad.