Como uno de los primeros objetivos se trazó en la gestión de Petri, el accionar judicial para tomar el control de tres terrenos en la Ciudad de Buenos Aires, tres en la provincia de Buenos Aires y tres en la localidad de Bariloche, Río Negro.
Las denuncias, de las cuales señalan que hay avances en siete, tres son de carácter penal por “usurpación” al ejército y responsabilizan a “mapuches” o grupos que “se autoperciben mapuches”.
Fuentes oficiales culpan exclusivamente a la administración de Alberto Fernández por no pelear por las extensiones territoriales y dejarlas en manos de “mapuches”.