La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) actualizó la histórica Declaración de Salta, de 2018. El documento, denominado “Declaración de Salta II”, fue aprobado en el cierre de la 80° Asamblea General celebrada entre el jueves y el domingo en Córdoba.
La Asamblea de Salta, realizada hace seis años con El Tribuno como anfitrión, fue calificada como “histórica” por la contundencia del pronunciamiento final, definido como la consolidación de la Declaración de Chapultepec, un documento fundacional aprobado por la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión celebrada en México el 11 de marzo de 1994.
Desde entonces, decenas de países lo han suscripto. El jueves, en la inauguración de la asamblea de Córdoba, el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios firmó la Declaración de Chapultepec y ratificó la adhesión de su país al compromiso de garantizar la libertad de prensa, desvinculándose así de las recientes acciones contra periodistas de parte de sectores de su partido.
Periodismo y gobiernos
La Declaración de Salta II ratifica los principios sobre la libertad de prensa, el derecho a la información, al acceso a la información pública y la denuncia y condena de las intervenciones estatales como censura, la violencia verbal del insulto y la descalificación de los periodistas y la violencia física, así como la persecución de los profesionales, golpeados, detenidos y exiliados por ejercer el derecho a informar.
Pero la vertiginosa evolución de la tecnología obliga a reclamar que los derechos a las libertades de expresión y de prensa sean garantizados tanto en el ámbito analógico como en el digital.
Entre los nuevos desafíos se mencionan el impacto de la inteligencia artificial; “la opacidad de los algoritmos, que puede fomentar la polarización y la difusión de desinformación, minando así el debate público”; las grandes empresas tecnológicas, que concentran el mercado de la publicidad, conforman un complejo escenario para el normal desarrollo profesional de los medios; a la misma altura se denuncian atropellos al derecho de propiedad intelectual, fundamental para la viabilidad económica del periodismo.
Entre las definiciones se destaca que “los gobiernos no deben inhibir con regulaciones o acciones el acceso a internet y las expresiones de interés público en el espacio digital; tampoco imponer sanciones agravadas por manifestarse en ese espacio ni penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de funcionarios públicos o personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad cuando se trata de asuntos de interés público. En caso de reclamos de carácter civil, debe probarse que se actuó con real malicia y desalentarse demandas desproporcionadas”.
La libertad de prensa, de expresión, de acceso a la información, así como la investigación periodística son inherentes a la democracia, que solo puede existir si el ciudadano está informado. Por eso, la Declaración de Salta II puntualiza que “el bloqueo y el filtrado de acceso y/o de contenidos por control estatal en el espacio digital constituyen censura previa de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
También reclama que los Estados garanticen “en el espacio digital un ambiente libre de violencia, ciberataques y amenazas a quienes cumplen la función de informar” y, también, que “las autoridades no apliquen mecanismos de vigilancia digital que vulneren las libertades y la privacidad de la ciudadanía”.
También exigen que el orden jurídico garantice “el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de quienes ejercen el periodismo y permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado”. En el mismo sentido, sostiene el documento actualizado que “la legislación debe garantizar que los actores del ecosistema digital adopten buenas prácticas para resguardar los datos personales y la privacidad de las personas que utilizan sus plataformas y servicios”
Manipulaciones
La Declaración de Salta II advierte por las manipulaciones de las opiniones o actitudes del público “con fines político-partidistas, Y estigmatizar a medios de comunicación, agredir a periodistas u hostigar a personas a través de revelación de datos personales, ciberacoso o amenazas”.
El único límite de la libertad está en la responsabilidad y en la buena fe, que exige suprimir la propaganda bélica, las incitaciones al odio, la violencia, los genocidios y la pornografía infantil. “Desarrolladores de sistemas de IA y otras plataformas de generación automática de contenidos deberán asumir responsabilidad por estos, aun cuando se alimenten de fuentes de terceros”.
El documento puntualiza que también afectan “la libertad de expresión y la sostenibilidad del periodismo las prácticas comerciales indebidas que puedan ejercer los intermediarios tecnológicos, desarrolladores de sistemas de IA y de otras tecnologías digitales por su alcance global, su manejo de grandes volúmenes de datos personales y su integración en la cadena de valor publicitaria, por lo que las autoridades deben evitar que aquellos hagan abuso de su posición dominante”.
Un pronunciamiento
El proceso de actualización de la Declaración de Salta, que llevó un año, fue coordinado por los copresidentes de la Subcomisión de Salta II, Martín Etchevers y Gustavo Mohme. Se llevó adelante una consulta diversa y plural, para asegurar que los distintos puntos de vista fueran escuchados y considerados por expertos, por organizaciones representantes de medios, empresas tecnológicas y de comunicación internacionales, centros de pensamiento, organizaciones intergubernamentales de derechos humanos.
Uno de los aspectos más importantes introducidos en la Declaración es la protección de los derechos de autor y la compensación justa para los medios de comunicación y periodistas por el uso de sus contenidos en plataformas digitales y motores de IA, un tema cada vez más relevante a medida que las grandes empresas tecnológicas generan beneficios directos e indirectos utilizando estos contenidos. Se pone énfasis en que los intermediarios tecnológicos, incluidos los desarrolladores de sistemas de IA, respeten los derechos de propiedad intelectual y adopten medidas para evitar prácticas que afecten la libre competencia y la diversidad informativa.
“La Declaración de Salta II permite a la SIP continuar ejerciendo un rol de liderazgo en la defensa de la libertad de expresión y de prensa, reafirmando su compromiso de luchar por los valores fundamentales del periodismo y de la industria de los medios en este nuevo contexto digital”, dice un comunicado de la entidad. “Con esta actualización, la SIP reafirma su papel como defensora de la libertad de prensa y se posiciona como un actor clave en el diálogo sobre cómo deben abordarse las tecnologías digitales para garantizar un acceso a la información libre, diverso y de calidad, al mismo tiempo que se protege la viabilidad económica del periodismo independiente”.
José Dutriz es el nuevo presidente
El presidente y director de La Prensa Gráfica de El Salvador, José Roberto Dutriz, asumió ayer como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al concluir la 80ª asamblea general de la organización en la ciudad argentina de Córdoba.
Dutriz sustituye en la presidencia de la SIP al mexicano Roberto Rock, director del portal La Silla Rota. Es el primer salvadoreño que lidera la principal organización de medios de comunicación del hemisferio occidental, cuya fundación reconoce antecedentes en 1926, pero comenzó en 1942.
José Roberto Dutriz.
“Una SIP audaz y actualizada será siempre una piedra angular en la contribución de sociedades libres y desarrolladas”, expresó Dutriz en su primera intervención como presidente de la SIP.
En noviembre anunció que viajará a Panamá al frente de una delegación que se reunirá con el presidente José Raúl Mulino y otros sectores de la sociedad panameña.
“Continuaremos comprometiendo a líderes democráticos con los principios de la Libertad de Prensa y Expresión a través de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta actualizada, en busca de fortalecer las garantías para el libre ejercicio del periodismo”, expresó Dutriz.
La SIP aprobó en Córdoba la actualización de la Declaración de Salta Sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, promulgada en 2018. El documento contiene una serie de principios para proteger el libre flujo informativo y la promoción de las libertades.
“La ahora Declaración de Salta II nos permitirá seguir esforzándose por nuestra industria y contra todos los agentes que erosionan la confianza en nuestras audiencias, ya sea por prácticas comerciales indebidas, infracciones a la propiedad intelectual o por amplificar los canales de desinformación”, manifestó Dutriz.