Como parte del proceso de liquidación de fondos fiduciarios públicos, que activó el Ministerio de Economía en agosto último, el gobierno de Javier Milei acaba de eliminar el que se creó por ley en 2018 para administrar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
La medida, que el Ejecutivo nacional oficializó la semana pasada con la publicación del decreto 888/2024, se cimentó en la Ley de Bases aprobada en julio último y generó gran preocupación en el seno del Consejo Federal de Medio Ambiente.
El COFEMA, como se lo conoce por su sigla, convocó a los representantes de las provincias a una asamblea extraordinaria que se desarrollará hoy, a las 10, para definir un pronunciamiento conjunto contra el decreto 888 y definir acciones frente a la decisión del gobierno nacional. Así lo confirmó ayer el ministro de Ecología de Misiones, Martín Recamán, quien preside el Consejo y aseguró que en la mesa plenaria estarán representadas “todas las provincias”.
“La disolución del fideicomiso del Fondo de Bosques Nativos significa una enorme preocupación para las provincias, porque implicaría quedarnos sin una herramienta financiera que garantizaba proteger los fondos destinados a los bosques nativos”, remarcó la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, actual titular de la Comisión de Bosques del COFEMA.
Por los análisis previos en comisiones que se traducirían en las próximas horas en un crítico documento del COFEMA, se espera que las provincias adopten una posición unánime de rechazo y soliciten la restitución del fideicomiso disuelto.
Es que, si bien el decreto 888/2024 no eliminó el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, haría que su administración sea muy difícil. Así lo advirtió también la Fundación Vida Silvestre, que definió a la decisión del Ejecutivo nacional como “un nuevo ataque a la conservación y uso sustentable de nuestros bosques nativos”. Su director general, Manuel Jaramillo, puntualizó que la medida haría que unos $15.900 millones que hoy las provincias están en condiciones de recibir -como parte de los derechos establecidos por la Ley de Bosques que rige desde fines de 2007, “vuelvan al Tesoro General del Estado y sea muy complejo asegurar la trazabilidad y transparencia en el uso de esos fondos a futuro”.
Jaramillo subrayó, asimismo, que los argumentos detallados en el decreto 888/2024 “no solo resultan llamativos y hasta ofensivos sobre las jurisdicciones provinciales que han comprometido profesionalismo en la mejora continua en la implementación de esta Ley de importancia para todos los ciudadanos de Argentina. Los argumentos no cuestionan la validez del mecanismo fiduciario. Se centran en la forma de administrar los recursos, en las actuaciones de las provincias en el marco del cumplimiento de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos, y en lo que respecta a las capacidades institucionales de las provincias en informar y evidenciar el uso de los fondos. Estos problemas no corresponden al fondo fiduciario, y no se resuelven mediante su eliminación, sino mediante el total cumplimiento de la Ley de Bosques”, recalcó.
Desde Vida Silvestre se recordó que los ordenamientos territoriales son una herramienta que el Congreso de la Nación estableció para planificar la protección y el uso sostenible de los bosques nativos en cada provincia según categorías de conservación rojo, amarillo y verde, que van de mayor a menor grado de protección. La Fundación subrayó que, en ese marco, los fondos específicos comprometidos por la legislación vigente, deben ser destinados en un 70% a los titulares de tierras que protegen los bosques o hacen un uso sostenible de ellos, mientras que el restante 30% se otorga a las jurisdicciones a los fines de asignar esos recursos, otorgar permisos de desmonte y fiscalizar la deforestación ilegal, entre otras competencias.
En este punto, se recordó que en ninguna de las administraciones nacionales que se sucedieron en los últimos 17 años el Fondo de la ley de Bosques obtuvo las partidas correspondientes, que representan el 0,3% del presupuesto nacional. “De hecho, en los últimos 10 años, el máximo otorgado fue del 10% de lo correspondiente. Incluso el actual presidente envió en el proyecto de ley de presupuesto 2025 el fondo más bajo de la historia para el cumplimiento de esta ley, otorgando apenas el 2,5% de lo correspondiente. Esto implica contar con 170 pesos anuales por hectárea de bosque nativo”, detalló la Fundación Vida Silvestre. La entidad, en concordancia con el posicionamiento del COFEMA, sostuvo que “este tipo de decisiones van a contramano de lo que sucede en el mundo y de los compromisos asumidos a nivel internacional sobre clima y biodiversidad”.