Ecuador era una “isla de paz”, al menos eso se creía pues durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el país fue señalado como un ejemplo regional de reducción de violencia. Las cifras oficiales mostraban una caída significativa en la tasa de homicidios, lo que el gobierno de Correa promocionó como un éxito en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, un estudio reciente realizado por Arduino Tomasi, un ex investigador postdoctoral en la Universidad de Chicago, sugiere que esta supuesta disminución de asesinatos en realidad pudo haber encubierto una realidad mucho más oscura.
Según Tomasi, más de 7.379 muertes violentas durante este período fueron clasificadas de manera ambigua como “de intención no determinada”, lo que podría ser evidencia de un esfuerzo para ocultar homicidios relacionados con el narcotráfico y, posiblemente, un acuerdo no oficial entre el gobierno y los cárteles de la droga, lo que él denomina una “pax narco”.
Tomasi habló con Infobae sobre los resultados de su análisis y contó que se topó con este fenómeno casi por casualidad. “Esta investigación empezó de casualidad en enero de 2024, cuando se canceló mi vuelo de Guayaquil a Estados Unidos”, comentó Tomasi. El 9 de enero de este año se registraron una serie de ataques terroristas que llegaron a su culmen con la toma de una televisora en vivo. En ese momento, Tomasi comenzó a revisar las estadísticas de homicidios del gobierno y descubrió algo alarmante. “Usando los datos de (la base estadística) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), me encontré con una figura extraña: los eventos de ‘intención no determinada’ estaban aumentando mientras la tasa de homicidios caía”.
Mapa de la concentración de las muertes violentas no determinadas. (Gráfico de Arduino Tomasi)
Según los datos oficiales, las muertes violentas de intención no determinada, aquellas donde no se puede discernir si fueron homicidios, suicidios o accidentes, comenzaron a aumentar de manera significativa en 2010, poco después de que Estados Unidos cerrara su base militar en Manta, en 2009, en la costa ecuatoriana. Esta base, utilizada para operaciones antinarcóticos en la región, era considerada un punto clave en la lucha contra el tráfico de drogas. Tomasi señala que esta coincidencia temporal no es accidental, sino que sugiere que la retirada de las fuerzas estadounidenses dejó un vacío que los cárteles de la droga aprovecharon para aumentar sus actividades en el país: “La caída en las incautaciones de cocaína fue evidente tras el cierre de la Base de Manta, lo que sugiere una relajación en las medidas antinarcóticos”, explicó Tomasi.
Lo que hace este estudio particularmente perturbador es la relación entre el aumento de las muertes no categorizadas y las incautaciones de cocaína. Según Tomasi, cada vez que las incautaciones disminuían, el número de muertes violentas de intención no determinada aumentaba: “Este tipo de muertes violentas deberían ser marginales, pero comenzaron a superar incluso a la tasa de homicidios en 2014, lo cual es extremadamente inusual”, afirmó Tomasi.
Comportamiento de las incautaciones de cocaína y de las muertes no determinadas. (Gráfico de Arduino Tomasi)
Para lograr obtener sus resultados, Tomasi realizó un análisis estadístico cuasi-experimental conocido como diferencias en diferencias (DiD). Al consultarle sobre sus evidencias para argumentar que esta correlación no es una simple coincidencia y que existe una relación causal entre ambos fenómenos, Tomasi indicó que este tipo de análisis (DiD) le permitió aislar el efecto de la salida de la Base de Manta sobre el incremento de las muertes violentas sin categorizar: “El diseño de diferencias en diferencias que utilicé controla por factores fijos de provincia y por tendencias comunes entre grupos, lo que me permite aislar el efecto causal de la salida de la Base de Manta”, explicó. En su análisis intenta eliminar posibles variables de confusión y responder cómo la salida de la base afectó directamente las muertes violentas no determinadas.
A pesar de lo revelador de estos hallazgos, la investigación de Tomasi ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores en Ecuador, académicos y políticos, estos últimos encabezados por el correísmo. Grupos cercanos al expresidente Correa han criticado duramente el estudio argumentando que se basa en un número limitado de datos y que las conclusiones podrían ser erróneas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por la legisladora Pamela Aguirre, del partido de Correa, ha liderado esta campaña en contra del trabajo de Tomasi, según enfatiza el investigador: “Han llegado a promocionar tweets que me acusan de fraude académico”, señaló, y aclaró que tales acusaciones carecen de fundamento. “En el primer análisis utilicé nueve observaciones, pero luego amplié el estudio a 252 datos a nivel provincial, y los resultados siguen siendo consistentes”.
Incremento del tráfico de menores en Ecuador. (Gráfico de Arduino Tomasi)
En su cuenta de X, Tomasi ha hecho públicos los datos que utilizó en su investigación, junto con el código que empleó en el lenguaje de programación R (una herramienta utilizada para análisis estadísticos). Esto permite que cualquier persona interesada pueda acceder a estos datos y seguir paso a paso el análisis que realizó con el objetivo de verificar los resultados o reproducir el estudio de manera independiente. Diego Vaca, un estudiante doctoral de la Universidad de Barcelona y cuyas publicaciones lo muestran afín al correísmo, refutó los resultados de Tomasi y dijo que “no tienen significancia estadística”.
Además, Tomasi agregó que hay evidencia adicional que respalda esta relación: “Cada vez que caen las incautaciones de cocaína, suben estas muertes violentas no determinadas, y se concentran geográficamente en lugares clave del tráfico de cocaína”. Según el investigador, si estas muertes fueran accidentes, deberían estar distribuidas uniformemente a lo largo del país (algo que también dice haber comprado con un análisis de las muertes clasificadas como accidentales). En cambio, estas muertes no determinadas se concentran en zonas donde el narcotráfico tiene mayor presencia.
Ricardo Patiño, entonces canciller de Ecuador, el capo Leandro Norero y el ex presidente Rafael Correa. La fotografía correspondería a una de las reuniones durante la pacificación de las pandillas. Norero era miembro de los Ñeta y luego se volvió financista de Los Lobos. Fue asesinado en prisión en 2022 (Expreso)
El investigador reforzó su argumento señalando que es poco probable que estas muertes sean suicidios, pues sería difícil explicar por qué la gente comenzaría a suicidarse masivamente en las áreas fronterizas con Colombia cada vez que caen las incautaciones de droga. Tomasi concluyó que la explicación más lógica es que se trata de homicidios relacionados con el narcotráfico, que no fueron reportados como tales.
Tomasi, públicamente ha relatado que trabajó con figuras del correísmo. Al ser cuestionado sobre esto, el investigador contó a Infobae que tuvo una relación profesional con la actual prefecta del Guayas y antes asambleísta correísta, Marcela Aguiñanga, quien lo buscó para que trabajara en la elaboración del código de Ambiente. También Tomasi colaboró con Pamela Aguirre cuando se propusieron enmiendas constitucionales incluyendo la reelección indefinida que fue rechazada en un referéndum impulsada por el ex presidente Lenín Moreno. Ese plebiscito fue el quiebre de la relación de Moreno con su antiguo copartidario, Rafael Correa. Sobre sus relaciones laborales previas, Tomasi agregó que también trabajó en el think tank de Guillermo Lasso, Ecuador Libre. Para Tomasi esto es “prestar mi cerebro” y aseguró que no es militante de ningún partido político.
Rafael Correa es uno de los defensores de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, quien ha sido identificado como uno de los capos del Cártel de los Soles
Además de las muertes violentas no categorizadas, Tomasi también ha documentado un incremento significativo en otros crímenes relacionados con el narcotráfico, como la trata infantil. Según su investigación, entre 2011 y 2013, Ecuador superó en un 69.57% el promedio latinoamericano de trata infantil. Tomasi mencionó al pediatra Pablo Aníbal Izquierdo, un asesor del gobierno de Correa que fue detenido este año por su participación en la transmisión y distribución de material de abuso sexual infantil: “Este caso es emblemático porque muestra cómo personas en posiciones de poder podrían haber facilitado la expansión de delitos como la trata infantil”, comentó.
La relación entre el narcotráfico y otros delitos graves, como las desapariciones, también forma parte del análisis de Tomasi. Al igual que en países como México, donde las desapariciones son una consecuencia directa del poder de los cárteles, Ecuador ha experimentado un aumento en las denuncias de personas desaparecidas desde la salida de la Base de Manta. Aunque Tomasi aún está recopilando datos sobre este fenómeno, señaló que “algo está pasando en Ecuador con las desapariciones, y la salida de la base militar parece haber sido un catalizador”.
Rafael Correa y la ex senadora colombiana Piedad Córdoba mantenían una buena amistad; Córdoba, que ya falleció, habría sostenido un encuentro con agentes encubiertos de la DEA, que se hicieron pasar por intermediarios de un cartel de droga mexicano; además, su hermano fue condenado por narcotráfico
A pesar de las críticas y los ataques personales, Tomasi sigue defendiendo la validez de sus hallazgos. El investigador reveló a Infobae que una vez que analice la información sobre las desapariciones, enviará su investigación a una revista científica para que sea evaluada por pares y se publique como un artículo académico. Al consultarle por qué difundió parte de sus datos con anticipación y no lo hizo con un paper, Tomasi señaló que las producciones académicas son poco consumidas por el gran público y por la magnitud de sus hallazgos le pareció correcto mostrarlos en un lenguaje más amigable y por una vía de difusión diferente.
Tomasi, que ha difundido sus hallazgos por X (antes Twitter), ha pedido a las autoridades que investiguen esas más de 7.000 muertes sin resolver: “Se necesitan investigaciones adicionales urgentes para identificar a los responsables de lo que parece ser una violación grave y a gran escala de los derechos humanos, reflejada en miles de muertes violentas subreportadas. El gobierno ecuatoriano tiene el deber legal y moral de proporcionar respuestas a estas alarmantes estadísticas que revelan una situación previamente oculta y profundamente preocupante”.
Ecuador vive una crisis de seguridad sin precedentes por la penetración del crimen organizado. (REUTERS/Vicente Gaibor del Pino)
La mañana del 6 de septiembre, el presidente Daniel Noboa anunció que dispuso al INEC que realice “inmediatamente una auditoría interna y la verificación del manejo, procesamiento y obtención de los datos sobre homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas, desde el año siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución de la República hasta 2023″. Además, el mandatario dijo que solicitará a la Fiscalía General del Estado “que inicie la investigación que corresponda ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos, y que abra una investigación formal y exhaustiva sobre la gestión de Pablo Aníbal Izquierdo durante su periodo como asesor de salud de la Presidencia de la República entre 2011 y 2013, con particular atención a posibles irregularidades en políticas de salud pública y manejo de datos”.
El ex presidente y prófugo asilado en Bélgica, Rafael Correa, respondió a Noboa y escribió: “Calígula: No seas RIDÍCULO. Por eso cada día estás peor” (sic.). Por su parte, Tomasi dijo este viernes que detendrá el análisis “hasta obtener los hallazgos de la auditoría sobre muertes violentas, trata infantil, desaparecidos y la gestión de Pablo Aníbal Izquierdo. Espero que los auditados no tengan nada que ocultar. De lo contrario…”, escribió en X.