La imagen positiva sobre la minería en Salta, Jujuy y Catamarca supera el 60%, según un reciente encuesta que hizo la consultora salteña Droit. Más allá de esa ponderación, que es significativa en una actividad donde la aceptación social es clave para las inversiones, hay aspectos develados por el estudio que deberían encender luces de alertas no solo a las empresas mineras sino también a los gobiernos de las respectivas provincias.
Sobran los casos en los que la desinformación o la mala comunicación hicieron caer proyectos mineros e incluso motivaron a la prohibición de esta industria. Un ejemplo es Chubut, donde la actividad está cancelada. Otro, Panamá donde una de las minas de cobre más grandes del mundo, que aporta el 4% del PBI de ese país y alrededor de 50 mil empleos, está en proceso de cierre por protestas sociales.
La encuesta de Droit reveló que 8 de cada 10 personas de las provincias mineras del NOA tiene poco o ningún conocimiento sobre minería. Y más del 80% dice que sabe poco o nada sobre el litio, casualmente el mineral que cuenta con más desarrollos de producción y el que está moviendo la economía norteña.
Los datos fueron recolectados en entrevistas presenciales entre 1.200 casos por cada provincia. Además, se realizaron distintos focus group, que son estudios cualitativos (de alta precisión), en cada distrito, entre grupos de jóvenes adultos de sectores de ingresos bajos y medio altos.
Entre los puntos destacados, en general, más del 80% de los norteños cree que la minería es una oportunidad para su provincia y cerca del 90% ve a la minería como generadora de empleo.
Ambiente y comunidades
En relación con el ambiente, un 95% de los encuestados considera que la minería contamina y un 86% piensa que la actividad contamina el agua. Sin embargo, un 65% de los consultados cree que es posible hacer “minería amigable con el ambiente”.
En cuanto a lo que pasa entre las mineras y las comunidades adyacentes a los yacimientos, el relevamiento indica que el 44% percibe que las empresas están comprometidas con el progreso de las comunidades.
En la misma línea, tan solo el 31% de quienes participaron en las encuestas dijo que las empresas mineras tienen comunicación y diálogo con las comunidades.
Control del Gobierno
Un aspecto crítico que descubrió el trabajo de Droit es que sólo el 26% de los encuestados considera que el gobierno controla bien o muy bien a las empresas mineras.
Sobre ese punto, uno de los directores de la consultora, Pedro Buttazzoni, contó a El Tribuno que para el 100% de entrevistados el control “es en favor de las empresas y no de la gente”.
“Esto es un punto importante. No se trata de que el gobierno tenga deficiencias en el control por ausencia de capacidades, recursos y sistemas, entre otros, sino que se percibe una decisión del gobierno de no controlar o de controlar en favor de las empresas”, explicó el especialista.
Afirmó que esa mala imagen sobre los gobiernos representa un desafío también para las empresas. “En el sentido de la necesidad de las mineras de validar sus prácticas ambientales, sociales, etcétera, directamente con actores relevantes de las comunidades, más allá del aval formal que el gobierno pueda otorgarles”.
Bajo los resultados de la encuesta, lo que el gobierno pueda decir sobre lo bien o mal que trabajan las empresas carece de confianza y legitimidad.
Algunas de las respuestas que se obtuvieron en este ítem fueron: “Controlan para su propio beneficio”; “los políticos están en el negocio de la minería, nunca van a controlar nada”; “controlan a favor de las empresas”; “todos sabemos que las empresas pagan y el gobierno aprueba todo”; “no controlan nada”. Y la lista sigue.
“Hay un descreimiento en general de los gobiernos y la política. Ese es el punto de partida y el origen”, dijo Buttazzoni.
Consideró, asimismo, que existe “un desequilibrio en la comunicación del gobierno”.
En el caso de Salta señaló que se observa un rol promotor muy fuerte en la comunicación tanto de la Secretaría de Minería y de otros actores como Remsa, pero “hay muy poca comunicación sobre cómo el Gobierno está garantizando que las empresas mineras cumplan con los estándares”.
“Por supuesto, es un problema para las mineras, porque necesitan que una voz formal y creíble diga que están haciendo las cosas bien. Y ahí está ese desafío, de encontrar otras voces, otros actores, locales, nacionales e internacionales que los puedan validar”, sugirió Buttazzoni.
Recomendaciones
Como conclusión, desde Droit hicieron énfasis en el concepto de que “no comunicar no es una opción”.
“Las discusiones regulatorias se ganan o pierden en la opinión pública. Los sectores empresarios deben tener una narrativa propia y ocupar sin miedo espacios para contar su visión de las cosas”, sostuvieron. Y agregaron: “No alcanza con un posicionamiento formal. Hace falta explicar más y hacerlo simple”.