La incertidumbre acecha el inicio del curso político, un periodo que será determinante para el futuro de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de coalición se enfrentará en los próximos meses a una de las patatas calientes más importantes de la legislatura, cuyas consecuencias amenazan con hacerle caer. Es el caso de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, los primeros desde que el líder socialista volvió a ser investido en noviembre de 2023, tras prorrogar los del año pasado ante un apretado calendario electoral.
Pedro Sánchez está decidido a llevar al Congreso las cuentas públicas de 2025 para su debate y votación, a pesar de las grandes dudas sobre si cosechará los apoyos necesarios para que salgan adelante. En privado, fuentes gubernamentales admiten la dificultad para aprobar unos nuevos presupuestos debido a su frágil mayoría parlamentaria. En todo caso, estas voces restan importancia a la posibilidad de que el Congreso los tumbe y obvian la idea de que este escenario conlleve un adelanto de las elecciones. Por este mismo motivo, Felipe González, en 1996, y el propio Pedro Sánchez, en 2019, llamaron a los ciudadanos a las urnas.
Más allá del riesgo, todavía está casi todo por hacer. Por eso, el Gobierno no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. De momento, solo tiene claro que llevará al Congreso un proyecto presupuestario. “Somos conscientes de cuáles son nuestras tareas y nuestra responsabilidad”, aseveró la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero tras el parón veraniego.
Asimismo, confirmó que el Gobierno va a presentar los Presupuestos de 2025 “en tiempo y forma”, es decir, antes del 1 de octubre. Después, “entrará la responsabilidad de los distintos grupos políticos porque les corresponderá a ellos decidir si apoyan las nuevas cuentas”, añadió para anticiparse a la posibilidad de que el proyecto presupuestario no vea luz verde.
El Gobierno prevé un ‘otoño caliente’ en el Congreso
Y es que a la inconsistencia de los apoyos por parte de sus socios habituales, se suma la celebración de los congresos de Junts y ERC en octubre y noviembre, respectivamente. “Somos conscientes de nuestra minoría parlamentaria”, recuerdan en Moncloa para referirse a la posibilidad de que el proyecto presupuestario de 2025 descarrile en el Congreso al coincidir con el importante momento de reflexión de estos partidos.
La celebración de estos cónclaves no solo servirá para reorganizarse (con la tensión interna que eso conlleva), ya que sendos partidos independentistas, cuyo apoyo es imprescindible para el Gobierno, también redefinirán su estrategia en Madrid después de las derrotas que han sufrido en las últimas citas electorales. La principal consecuencia ha sido la caída de la hegemonía del bloque independentista en Cataluña por primera vez desde la irrupción en 2012 del llamado procés catalán, con el socialista Salvador Illa alzándose como president de la Generalitat. Por eso, el Gobierno anticipa un otoño caliente en la política nacional: “Afrontar periodos congresuales y más cuando se está fuera de las instituciones tiene sus complejidades”, esgrimen estas voces gubernamentales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz durante una sesión de control. (EFE/Mariscal)
Los Presupuestos nunca son una norma cualquiera. En el caso de la actual legislatura, son la piedra angular de este nuevo periodo político, en el que la derecha trata de pintar una imagen continua de un Gobierno derrotado. Y, en el marco del discurso de los de Alberto Núñez Feijóo (PP) de pintar una legislatura agotada, el Ejecutivo siempre ha buscado revertir a toda costa estos malos augurios a través de las promesas de unas nuevas cuentas.
En el seno del Gobierno, esta cuestión es crucial para el espacio liderado por Yolanda Díaz, ya que sirve de escaparate para vender logros sociales y económicos que la diferencien de los socialistas. Esta norma también es relevante para los socios parlamentarios que invistieron a Sánchez, pues más allá de la amnistía pactada con ERC y Junts, la mayoría de los acuerdos comprometidos por el PSOE con estas formaciones (EH Bildu, PNV, BNG o Coalición Canaria) se tienen que articular bajo el paraguas del proyecto presupuestario.
Sánchez aboga por cambiar el curso de la historia
Con estos mimbres, el Gobierno quiere sacudirse la presión. En este sentido, Moncloa se anticipa a la posibilidad de que el proyecto presupuestario no vea luz verde y justifica que, si se vuelven a prorrogar los Presupuestos de 2023, estas cuentas fueron elaboradas por la anterior administración de Pedro Sánchez y “no por el PP”, añaden fuentes de la parte socialista del Ejecutivo.
Una derrota en esta materia supondría un mazazo sin paliativos para el Gobierno, pero Sánchez no quiere oír hablar de un adelanto electoral, a pesar de que él mismo se vio obligado a tomar esta decisión en su primer mandato, después de que ERC tumbara los Presupuestos de 2019 en febrero de ese mismo año. Sánchez, que accedió a la Moncloa en junio de 2018 tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy, fracasó en su primer intento de consagrarse al frente del Ejecutivo.
El juez del ‘caso Begoña Gómez’ cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio.
“Un Gobierno tiene la obligación de cumplir con su tarea: aprobar leyes, gobernar, avanzar. Cuando algunos partidos bloquean la toma de decisiones hay que convocar elecciones”, pronunció el líder socialista en un discurso en el que cuestionó “la crispación” y defendió el diálogo con los independentistas “siempre dentro de la Constitución”.
Hasta esa fecha, solo había un precedente similar en la historia de la democracia española posterior a la Transición. Fue otro socialista, Felipe González, quien adelantó los comicios en enero de 1996, después de que sus socios hasta entonces en el Congreso, Convergència i Unió y PNV, rechazaran en octubre los Presupuestos. Esta decisión dio pie a la posterior caída de González frente al popular José María Aznar.