Una denuncia ha sido revelada por el Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano (ODDE). En un oficio presentado ante el presidente del Congreso de Ecuador, Edison Mendoza, coordinador del ODDE expuso una presunta red de corrupción dentro del Comité Paralímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDEDI). Este escándalo involucra la participación de personas que, aparentemente sin tener ninguna discapacidad, han competido en eventos paralímpicos, beneficiándose indebidamente de recursos destinados a los atletas que sí tienen una discapacidad.
El ODDE, según se indica en el oficio al que accedió Infobae, es una entidad acreditada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 2018. El observatorio menciona que desde hace aproximadamente cinco años, han recibido información confidencial sobre actos de corrupción que afectan directamente a los deportistas con discapacidad en el país. La red que exponen habría permitido que deportistas sin discapacidad, con la complicidad de entrenadores y dirigentes deportivos, accedieran a “clasificaciones funcionales fraudulentas”, otorgándoles elegibilidad para competir en eventos paralímpicos y, en algunos casos, obtener reconocimientos y beneficios económicos.
Según el ODDE, Santiago David Chango Pilataxi, director técnico metodológico del Comité Paralímpico Ecuatoriano, y Walter Oswaldo Haro Ruiz, director técnico metodológico de la FEDEDI, son señalados como los principales responsables de esta presunta red de corrupción. Estos dirigentes habrían facilitado que deportistas sin discapacidad obtuvieran de manera fraudulenta la clasificación funcional necesaria para competir en eventos paralímpicos. Este fraude se habría extendido incluso a nivel internacional, como en los Juegos Parapanamericanos de Toronto en 2015, donde Ecuador obtuvo su primera medalla de oro en salto largo, un logro que ahora está bajo sospecha, de acuerdo a la denuncia del observatorio.
La denuncia sobre los deportistas paralímpicos.
El proceso de elegibilidad para los deportistas con discapacidad intelectual es riguroso y debe cumplir con estándares internacionales establecidos por entidades como VIRTUS, la Federación Internacional de Deportes para Atletas con Discapacidad Intelectual. Por ejemplo, el atleta debe tener un coeficiente intelectual de 75 o menos, lo cual es un indicador de discapacidad intelectual según los criterios internacionales, además debe mostrar limitaciones significativas en el comportamiento adaptativo (en las áreas conceptuales, sociales y prácticas). A esto se suma que la discapacidad intelectual debe haber sido diagnosticada antes de los 22 años.
El ODDE ha denominado a esta presunta red de corrupción como “Avaricia” y sostiene que esta habría comenzado en 2015 bajo la dirección de Bayron López Burgos, entonces presidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Durante su mandato, indica el oficio del observatorio, Ecuador habría llevado a cabo eventos deportivos con deportistas que no cumplían con los criterios de discapacidad necesarios, pero que aun así participaron y obtuvieron importantes reconocimientos, como en los Juegos Parapanamericanos de Toronto.
La denuncia también señala a Sonia Patricia León Jara, actual presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano y ex presidenta de la FEDEDI, como una de las figuras involucradas en esta red de corrupción. Según el ODDE, León Jara habría estado al tanto de estos actos y habría permitido que continúen, beneficiándose incluso económicamente a través de “vacunas” o sobornos exigidos a los deportistas y empleados del Comité Paralímpico.
Algunos deportistas paralímpicos habrían participado en competencias convencionales.
Según el observatorio, y tras obtener documentos oficiales, algunos de los deportistas participaron anteriormente en competiciones de deporte convencional y luego fueron ingresados en los programas de competencias paralímpicas: “Los deportistas competían en el deporte convencional de acuerdo a las fichas técnicas y a las declaraciones rendidas por el Mgs. Diego Arteaga Rosero, Metodólogo de la Federación Deportiva del Carchi, quien, mediante la entrevista realizada por Javier Tamba Guzmán, periodista Federación Postera, deja absolutamente claro el proceso de formación y competición que tuvieron los deportistas descritos en líneas anteriores y como estos deportistas de la noche a la mañana fueron reclutados por el Comité Paralímpico Ecuatoriano y pasaron a competir en el Deporte Adaptado”, se lee en la denuncia ante el congreso.
El pasado 23 de agosto, un entrenador de atletas paralímpicos alertó en la televisora Teleamazonas que en los actuales Juegos Paralímpicos de Paris, hay deportistas con discapacidades falsas: “Los seleccionados que deberían tener alguna discapacidad intelectual, para participar en los Juegos Paralímpicos París 2024, no la tienen”, dijo el entrenador que prefirió la reserva de su identidad.
Una de las evidencias, dijo el coach se observa en las licencias de conducir. En Ecuador la licencia tipo B (para conducir vehículos livianos) no se pueden otorgar a personas con discapacidad y algunos de los atletas paralímpicos de la delegación ecuatoriana tienen ese tipo de permiso de conducción: “Hasta cierto grado de discapacidad se puede otorgar la licencia tipo F, pero no la B. Algo aquí no cuadra, cómo la consiguieron si tienen una discapacidad entre el 36% hasta más del 60%”, explicó el hombre, según recogió el medio ecuatoriano.
En declaraciones para dicha televisora, Santiago Chango, jefe técnico del Comité Paralímpico Ecuatoriano, explicó que: “Para que los deportistas puedan participar de manera oficial en el Paralímpico tienen que pasar por un proceso de clasificación médico funcional y quienes lo hacen son clasificadores internacionales”.