Debido a que el imputado se negó a declarar, la Justicia acudió a las fuentes familiares para que puedan darle un cierre a la causa.
Las acusaciones contra el legislador iniciaron meses atrás, tras una investigación iniciada en Estados Unidos, cuando autoridades especializadas en cibercrimen encontraron material de pedofilia en su posesión, con imágenes de pornografía infantil, incesto y zoofilia.
Por otro lado, a comienzos de agosto, el juez Faría libró una orden de allanamiento en la propiedad del legislador por tenencia del material explícito y se encontraron con más de 600 archivos.
Por último, la Policía busca confirmar o descartar que ambos estuvieron involucrados o puedan estar vinculados a la producción de alguno de esos materiales.
NA
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