Atacar al periodismo profesional es un recurso de los gobiernos débiles para justificarse ante el público, que, de todos modos, no les cree. Además, es una forma de bloquear las investigaciones en casos de corrupción. Venezuela, Cuba y Nicaragua son hoy ejemplos muy elocuentes de estas prácticas antidemocráticas, que en cualquier forma de populismo son estrategias.
Los populismos, esencialmente antidemocráticos, hacen de la búsqueda del enemigo un recurso político; el periodismo de investigación y de opinión siempre figura entre los principales candidatos. Y los “intelectuales orgánicos” lo incorporan a la doctrina. De Nicolás Maduro a Donald Trump, no hay excepción.
¿Acaso el periodismo puede ser el culpable del naufragio kirchnerista?
¿Acaso es un invento el escándalo machista protagonizado por Alberto Fernández, el presidente que aspiraba a poner fin al patriarcado y se jactaba como de un gran logro por la institucionalización del DNI no binario?
¿Las peleas grotescas en el seno del bloque oficialista son provocadas por medios concentrados o por la inmadurez personal y política de varios legisladores?
Pero el mal ejemplo cunde y el autoritarismo se hace cultura.
El empresario Pablo Otero, más conocido como “el Señor del Tabaco”, no tuvo mejor idea que demandar por US$ 2.000.000 al periodista Andrés Sanguinetti y al medio iProfesional por un artículo publicado en marzo pasado donde se informaba el vertiginoso ascenso de Otero en los últimos ocho años. Sanguinetti describió el conflicto que se planteaba con las grandes multinacionales cigarrilleras por las ventajas que Tabacalera Sarandí obtuvo al evadir con amparos judiciales una parte del pago de los impuestos internos durante todo ese período. Señalaba que ese beneficio, supuestamente ilícito, le permitió a Otero conquistar casi la mitad del mercado interno de cigarrillos, además de convertirse en un magnate propietario de una veintena de empresas internacionales.
La nota de Sanguinetti coincide en líneas generales con todas las publicaciones y los hechos que se sucedieron, vinculados al caso desde febrero, cuando el tratamiento de la ley Bases generó una discusión en torno de los gravámenes al cigarrillo.
El tema es un poco complicado: el Impuesto Interno, ahora del 73% del valor del cigarrillo, incluía un criterio común: había un piso que no se podía eludir, pero Tabacalera Sarandí logró amparos judiciales denunciando la inconstitucionalidad de ese piso. Nunca tuvo un fallo favorable sobre el fondo de la cuestión, pero no pagó. Ahora la Suprema Corte dictaminó en contra y la AFIP le reclama varios cientos de millones adeudados por no cubrir ese piso. También es investigada por la Unidad de Investigación Financiera y los fallos de la Corte le fueron adversos.
Así y todo, Otero sostiene una demanda desorbitada contra un periodista, que obviamente no la va a poder pagar. El empresario pretendía que Sanguinetti se retractara en la audiencia de Conciliación, pero no lo logró.
Más allá de los intereses en juego y de la confrontación entre Otero y las grandes firmas del rubro, hay un dato cierto y concreto: la demanda solo puede interpretarse como una amenaza al periodismo. “Retractate o pagá como puedas”.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) opinó al respecto que “las amenazas de acciones legales tienen un efecto inhibitorio no sólo sobre el destinatario sino sobre el periodismo en general, con lo cual se deteriora la calidad de la información que recibe la sociedad”.
A los empresarios, en general, les gusta que hablen de sus logros, y les molesta cuando los ponen bajo la lupa. Como a todo el mundo.
En cambio, amenazas como la de Otero son excepciones. Y solo desacreditan a su autor.