El epílogo de la ilusión bolivariana se manifestó ayer con la reanudación de las amenazas violentas de Nicolás Maduro dirigidas a quienes no reconozcan la legitimidad de su nuevo gobierno. La promesa de derramamiento de sangre en el caso de una victoria de Vente Venezuela cobra especial gravedad en un régimen autocrático que produjo, en 25 años, el sistemático encarcelamiento y proscripción de opositores, la utilización de bandas paramilitares (o milicias civiles), miles de denuncias por torturas, desaparición de personas y ejecuciones clandestinas, y el exilio de ocho millones de venezolanos. Vente Venezuela no tiene poder de fuego como para desencadenar una guerra civil. Es decir, Maduro promete resistencia armada, con las armas y el dinero del Estado. O sea, represión para no aceptar la derrota.
Maduro no permitió la fiscalización normal, impidió el trabajo de veedores internacionales y el voto de millones de opositores, y anunció su pretendida victoria en base a un documento del Tribunal Electoral. Un tribunal hecho a medida y que simplemente leyó lo que le indicaron. Sin documentación. Y para justificar la ausencia de actas que permitan verificar los votos acusó a la proscripta María Corina Machado y los opositores en el exilio Lester Toledo y Leopoldo López (quien pasó largos años en prisión con acusaciones fraguadas) de un supuesto hackeo al sistema automatizado de votos.
¿Quién va a tratar de manipular los votos para terminar perdiendo? ¿Quién es el que detenta más poder para ejecutar un hackeo?
El mapa internacional da una señal. Los gobiernos que celebraron el anuncio de Maduro son los de Rusia, China, Irán, Siria, y algunos otros, todos de perfil autoritario y represivo. Y Bolivia, por la afinidad de Evo Morales con el chavismo y porque lo que ocurre en estos días en Venezuela guarda una notable semejanza con el simulacro de golpe que disfrazó la derrota de Morales en 2019. También, denunciado por manipular el escrutinio. En cambio, EE. UU. y los países de la Unión Europea, así como la mayoría de los países árabes pidieron evidencias de una elección transparente antes de pronunciarse.
A su vez, Maduro, enfurecido, ordenó el retiro del personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, cuyos gobiernos condenaron el fraude.
Luego de once años en la presidencia, Nicolás Maduro ha demostrado que no le teme al ridículo, y al mismo tiempo, que lo único creíble de sus palabras son las amenazas contra sus opositores. Con retóricas anacrónicas, denunciando a poderosos contra los que hipotéticamente lucha, ha convertido al país en una fábrica de pobreza e ineficiencia.
Pero el problema va más allá de Venezuela y sus líderes actuales. El mapa mundial de apoyos y rechazos a este trámite electoral muestran las diversas visiones de la legitimidad, la democracia y el poder que confrontan en un momento muy crítico para la paz del mundo.
Mientras en Venezuela la elite encabezada por Maduro y Diosdado Cabello se sostiene en la efectividad de las armas, su gobierno, al igual que muchos de distinto signo en otros países latinoamericanos, ha perdido (o cedido) parte del control territorial a manos de bandas del crimen organizado y de antiguas guerrillas recicladas.
Un fenómeno que se expande desde México a Tierra del Fuego, síntoma de un debilitamiento institucional progresivo, cuyas consecuencias son absolutamente impredecibles.