Desde nuestra perspectiva, el Estado revela nuestra cosmovisión sobre el porvenir. En ella se acuerda con un concepto general: el Estado se constituye por los habitantes de un territorio determinado y necesita de instituciones para ser gobernado.
En democracia, las instituciones gubernamentales, como el poder legislativo y ejecutivo son las que tienen la capacidad de dictar normas y decidir políticas, las cuales son elaboradas e implementadas por las instituciones administrativas, como la burocracia y las hacen cumplir por medio de las instituciones coercitivas, como el poder judicial.
Así, el Estado y la Democracia se desarrollaron – a través del tiempo – con tensiones y conflictos que son propios de cada coyuntura histórica y que oscilaron, desde el estado mínimo donde la Gran Depresión de 1929 pone en discusión la “Teoría Clásica” del libre mercado, hasta una propuesta alternativa como el estado de bienestar de 1936 con la “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”.
Estas variantes de Estado en una Democracia de mercado son formas particulares de orden, que rigen la política y economía.
El Estado es un espacio de discusión y operación política donde se discute el orden existente, esta disputa no es sólo por opiniones o teorías económicas, sino por el excedente económico de bienes y servicios producido por la sociedad.
Desde estas visiones podríamos preguntarnos, ¿el Estado es la principal causa de nuestros problemas? ¿se puede afirmar que el déficit es motivo del tamaño del Estado? ¿Qué el Estado mínimo resuelve todos nuestros problemas? ¿El Estado de bienestar es ineficiente y deficitario?
Las instituciones
Las instituciones actúan cumpliendo dos roles relevantes. Por una parte, realizando las tareas rutinizadas de la burocracia, que a través de normas jurídicas legitiman múltiples decisiones diarias de organización social.
El otro rol, es actuar en condiciones de “crisis”, es el caso en que se percibe que “algo anda mal”, es el caso de una huelga, una tasa excesiva de inflación, una caída la tasa de inversión, la demanda de que determinados recursos económicos del Estado sean asignados al programa X y no al Y. Luego, alguna institución estatal lo soluciona.
Ambas cuestiones aparecen como necesarias, la primera para mantener el “orden” y la segunda, para enmendar la ruptura del orden que produce desorden que es contrapuesto a la “normalidad” del sistema.
Entonces, el Estado como toda relación social es una relación de fuerzas; luego, sus instituciones y su derecho están atravesados y tensionados por las luchas sociales que anidan en la sociedad civil y las contradicciones del sistema que genera situaciones de inequidad y concentración económica.
El Estado y la sociedad civil
El Estado es un bloque de poder; sus funciones consisten en ejercer coerción legítima y regular e intervenir en disputas entre sectores. Está constituido por el gobierno, el aparato institucional (derecho), el aparto organizacional (burocracia) y la fuerza militar y policial que ejerce la dominación legítima.
Este bloque de poder dominante interactúa con la sociedad civil, es decir, las corporaciones, los partidos políticos, las organizaciones sociales que interactúan en la esfera pública.
El Estado y la sociedad civil constituyen dos bloques de poder y este vínculo es la punta del iceberg: en la profundidad, ambos bloques se tensionan en la disputa por la apropiación del excedente económico.
La demonización del Estado
En lo concerniente a la tensión entre el Estado y la sociedad civil, se plantean dos perspectivas: una la dimensión económica, en el que la economía articula los medios de producción y fuerza del trabajo que producen el excedente económico para satisfacer los intereses individuales.
Otra la dimensión política, donde se articulan la sociedad civil y el Estado, en un espacio que es la esfera pública asociada a lo colectivo, donde se discute la asignación del excedente económico.
Estas dimensiones interactúan en el espacio público donde la discusión implica el vínculo entre los que crean la riqueza y entre quienes tienen la atribución de distribuirla en la sociedad. También esta relación implica criticar las decisiones económicas, como la ineficiencia económica de la movilidad jubilatoria o las políticas que auspician la colonización del estado con intereses partidarios o corporativos, tal como ocurre con la expansión del gasto por subsidios para empresas públicas como YCF o Ferrocarriles.
En ambos casos se muestra un Estado donde toma medidas argumentando una solución “técnica”, que dotada de una aparente neutralidad comete una arbitrariedad con los jubilados y en el segundo pone en práctica el “clientelismo político”.
Estas medidas se instalan con un discurso donde se afirma que el Estado nos roba, engaña y endeuda, aunque algunas veces se responsabiliza al parlamento, otras a los partidos políticos o los dirigentes corruptos; centralmente lo
que se busca es demonizar al Estado, para inhabilitar la discusión sobre el excedente económico y el control político de la asignación del gasto.
El excedente económico
En cuanto al excedente económico se plantean dos posiciones en la que una se resuelve donde lo político está al margen y otra con mediación política del sistema.
La primera, sería decir que los sectores económicos ejercen el poder político sin mediación, es decir, los representantes (senadores, diputados, concejales) no dialogan con actores de la sociedad civil (sindicalistas, dirigentes políticos, dirigentes sociales, Iglesias) que interactúan en la esfera pública. Luego, sin negociación ni acuerdos con otros sectores, se elimina la política y prevalecen las decisiones e intereses individuales por sobre la dimensión colectiva.
La segunda, se basa en que, en una economía de mercado, el orden político y económico se disputa e institucionaliza en el Estado por medio de la discusión parlamentaria y el dialogo, la negociación y el acuerdo con representantes de la sociedad civil, es decir, la política garantiza una asignación de recursos eficiente y equitativa.
Una opinión calificada
La descripción precedente sobre las funciones, atributos y objetivos del Estado, nos muestran que el tratamiento de un asunto estratégico, como cuál es el tipo de Estado, para la resolución de los problemas sustanciales de Argentina se reduce a frase altisonantes, tales como, “el Estado que nos roba engaña y endeuda”, sin habilitar la discusión y neutralizando a las voces disidentes.
Las frases altisonantes son gravosas para la convivencia y el diálogo porque se pronuncian por personas que tienen influencia social, es decir, tienen una opinión calificada. Por caso, un primer mandatario.
Una opinión calificada es de alguien que, por su poder político, económico o su prestigio forma opinión pública y genera decisiones respecto de temas cruciales.
Cuando el expresidente Raúl Alfonsín decía “que con la Democracia se come se cura, se educa” consolida las ideas de la democracia cuando veníamos de una dictadura. También cuando el expresidente Carlos Menem afirmaba “salariazo y revolución productiva” garantizaba que había una salida a la crisis económica de esa época. La frase del expresidente Fernando De la Rua “dicen que soy aburrido” quería significar que con él se terminaba la “fiesta menemista”.
Estas frases que recordamos nos alejan del dogmatismo, de la discriminación, del fanatismo; pero principalmente promueven una diversidad de opiniones que coadyuvan a repensar lo político.
En consecuencia, las opiniones calificadas de los ex jefes de estado nos guían en nuestras acciones cotidianas.
La opinión calificada del presidente de la Nación Javier Milei denostando al Estado, lo que hace es cerrar la discusión democrática, porque no es un diálogo, sino un monólogo dado en discursos oficiales, en una red social o con periodistas que no repreguntan.
Estas afirmaciones del presidente de la Nación desconocen las instituciones que garantizan el orden representado en el Estado y la sociedad civil, no tiene en cuenta las funciones del Estado, ni la tensión propia de la sociedad civil y el gobierno en una democracia, ignora los valores e intereses compartidos por la comunidad política, minimiza la necesaria acción del estado en la articulación de los intereses individuales y los colectivos.
En resumen, el presidente desconoce, no tiene cuenta, ignora, minimiza; pero lo que sustancialmente instala es la idea de que la causa principal de todos los problemas esta en el Estado, demonizándolo.
Lo demoniza cuando dice que hay que reducirlo hasta lograr el “Estado mínimo” para erradicar a la burocracia ineficiente y corrupta, como lo resumió Ronald Reagan cuando indicaba “las ocho palabras más terroríficas de la lengua inglesa son: Soy el gobierno y estoy aquí para ayudar” expresando que el estado no debe ayudar, sino ser el “vigilante nocturno” del SXlX, el Estado mínimo. (*)
No obstante, la realidad política del SXXl nos desafía a repensar el poder de la principal institución redistributiva: el Estado, a partir de reflexionar que – como dice Mariana Mazzucato – “El problema no es el gobierno grande o pequeño. El problema es el tipo de gobierno: que hace y como lo hace” (**)
(*) “Estado vigilante nocturno” o ” laissez-faire”.es un modelo que reduce al mínimo las funciones del Estado
(**) Mariana Mazzucato. Misión Economía. Una carrera espacial para cambiar al capitalismo