Cuando en 1993 el Congreso sancionó la ley 24309, declara la necesidad de la reforma de la Constitución y establece el núcleo de coincidencias básicas. Como bien lo señaló el presidente de la Corte Suprema Horacio Rossati, fue necesario el consenso previo para modificar la continuidad de las instituciones y adecuarlas a la nueva necesidad de la República.
En esa ley estaba el corazón de la reforma y esos puntos básicos no respondían a intereses personales sino a una necesidad de la sociedad. Se acordó en el Pacto de Olivos y en el Pacto de la Rosada. Se procuró y logró, como lo dijo el constituyente Augusto Alasino, una constitución antidiscriminatoria. Fue una Constitución que no solo miraba la historia, sino que pretendió ser una Constitución mirando al futuro.
Se procuró el equilibrio entre los tres poderes del Estado, limitando las facultades del Ejecutivo, dejando el control en manos del Congreso y, como órgano técnico, a la Auditoría General de la Nación. Y ratificó para la Justicia el control de constitucionalidad.
Se incorporaron valores como la solidaridad, la igualdad, la calidad de vida, la equidad, la igualdad real y la cultura de la paz. Y se estableció la obligación de consensuar y sancionar una ley de coparticipación federal. Esta norma debía entrar en vigor en 1990, es decir, que arrastra una demora de 28 años.
Y un punto esencial: se acordó delimitar la vigencia de acuerdos y los mandatos a autoridades en ejercicio, estableciendo cláusulas transitorias de tal manera que la decisión sobre los mandatos vigentes fuera inequívoca y que no quedara todo librado a la interpretación del gobernante en ejercicio. Una sabia disposición que, lamentablemente, no se quiso implementar en la última reforma de la Constitución de la provincia de Salta, por la negativa cerrada del partido político gobernante. Fue aquella una Constitución votada por unanimidad. En el artículo 124 se consagra el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio.
En el artículo 75, inciso 17, la Constitución reformada en 1994 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Es decir, impone la obligación de garantizar el respeto a su identidad y el derecho de esas comunidades a una educación bilingüe e intercultural; a que se reconozca su personería jurídica y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, además de regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
El texto también destaca que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
Este principio de solidaridad intergeneracional proviene de los Tratados de Derechos Humanos, incorporados también en la Constitución en el Art. 75, inc. 22, donde si incluyen el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, la prevención y sanción del delito de genocidio, la eliminación de toda forma de discriminación racial, de toda forma de discriminación contra la mujer, de la tortura, malos tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, además de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Todos estos derechos son incorporados a la Constitución nacional, por lo que suelo señalar que la pirámide de Kelsen ya no tiene su vértice superior en un punto, sino que ya es un cuerpo aplanado, o sea que en ese vértice está la Constitución nacional y los tratados internacionales referidos a Derechos Humanos.
Entre otras cuestiones que hacen al buen funcionamiento del Estado está la creación de la Auditoría General de la Nación, como asistencia técnica del Poder Legislativo para el control estricto del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales económico, financiero y operativo, para ejercer el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales financieros y operativos. También la creación de la figura del Defensor del Pueblo como órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso. Todos estos avances en la normativa constitucional nos equiparan a los países democráticos más desarrollados. Pero, como dice el doctor José Benjamín Rodríguez Iturbe, citando a Antonio Gramsci, “la historia enseña pero le faltan alumnos”.
Es imprescindible que seamos conscientes de que se dictó esta constitución después de luchas fratricidas y gobiernos de facto. En los hechos y en democracia, no practicamos el consenso, el diálogo, los acuerdos. Se quiere y se procura imponer la voluntad de un partido, o de una persona; los políticos han perdido la capacidad del diálogo, cada uno se cree el dueño de la verdad, y esta, tan solo “su verdad”, sin límite ni reparos en incurrir en la contradicción. Y así no se construye democracia. El enfrentamiento permanente, la ofensa descarada, la mentira, el engaño, el descontrol, o la falta de control, no llevan a los pueblos al mejor destino.
Todos, los políticos y los ciudadanos, los que habitamos este suelo y quienes pretendan la nacionalidad argentina deberíamos ser los alumnos de una enseñanza permanente y continua de la Constitución. No se respeta la Constitución, no se la lee, o se la desconoce abiertamente y, en consecuencia, no se la aplica.
Así, por ejemplo, pasa con la coparticipación. El senador nacional y constituyente en 1994, el doctor Juan Carlos Romero, ya presentó varios proyectos de ley, pero no hay avances hacia el acuerdo. No hay voluntad. No se quiere compartir. Desde hace quince años no hay Defensor del Pueblo.
Se firma pacto para explotar los recursos naturales, y no se señalan los límites que establece la Constitución vigente. Las tierras de los pueblos indígenas no son respetadas; tanto es así que el Tribunal Internacional dictó una sentencia contra de la Nación Argentina por esta cuestión, y otros temas como el agua y la consulta previa a los pueblos originarios.
El drama de la violencia contra las mujeres es cada vez más grave. Es que no se asume el respeto por el derecho y el rol de la mujer en la sociedad. Y esto queda claro en un ejemplo: en la Suprema Corte no hay mujeres y ahora propone na dos hombres. En la historia de la Corte solo hubo tres juezas: Margarita Argúas, entre 1970 y 1973, y desde 2004, con acuerdo del Senado, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, brillantes ambas, que dejaron esa Corte, una por fallecimiento y otra porque se le venció el acuerdo. La mujer sigue postergada en la cabeza de los poderosos.
Los constituyentes que representaron a las provincias, más allá del partido político al que pertenecieran, procuraron y lograron, mediante el diálogo y el consenso, incorporar estas cuestiones, pensando en el futuro. Sin embargo, ese futuro proyectado, treinta años después, no se corresponde con aquellas aspiraciones, porque el país se fue degradando cada vez más, con más pobreza e indigencia, con corrupción, y con la degradación del rendimiento educativo. Estamos en un punto donde, si no nos aferramos a la Constitución de 1994, si no recuperamos principios y valores, perderemos la democracia y estamos en riesgo de perder la República.
El país atraviesa momentos muy difíciles y si nuestro pensamiento, nuestras reflexiones, no giran en torno a los valores y los mandatos de la norma máxima de la Nación, la Constitución, vamos a perder el rumbo de la convivencia, la democracia y la Justicia.
El 15 de diciembre se cumplirán treinta años de la sanción de la reforma constitucional y de aquella proclamación en el Palacio San José, en Entre Ríos. Más allá de los importantes actos conmemorativos, tratemos de recuperar aquellos principios y valores que ese texto consagra.
El país necesita que pensemos en todos, no en uno solo. Que pensemos en las generaciones presentes, y también en las futuras., Es la única forma de construir la paz con justicia.
Estamos a tiempo. ¿Estamos a tiempo?