La Justicia Federal de Quilmes allanó ayer 24 comedores, merenderos y depósitos de organizaciones sociales y piqueteras involucrados en presuntos casos de extorsión contra beneficiarios del programa de Potenciar Trabajo y defraudación a la administración pública.
En esos operativos, funcionarios judiciales y efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron mercadería en mal estado que había sido entregada por el Estado nacional y el provincial en enero, pero que nunca se distribuyó entre la población vulnerable. También hallaron marihuana, un revólver, libros contables, computadoras y celulares, casi $500.000 en efectivo y planillas de asistencias a movilizaciones y carpetas con pruebas para la investigación.
Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo Luis Antonio Armella y su secretario Alejandro Quiroga.
Indignación
Los investigadores que intervinieron en el operativo se mostraron “sorprendidos e indignados” al llegar a un galpón, al que llaman “almacén o depósito de alimentos” que pertenece a la organización piquetera de izquierda MTD-Teresa Rodríguez, ubicado en la localidad de Florencio Varela. Detrás de la puerta del lugar donde se cree que los referentes extorsionaban a las personas que recibían planes para que asistan a las marchas, descubrieron “alimentos podridos”. Había leche en polvo, harina, polenta, yerba y pan.
Según declararon los responsables del lugar, la provincia de Buenos Aires les entregó esos alimentos en “enero y no tuvimos tiempo de repartirlos”.
Según se informó, el juez ordenó que por los alimentos vencidos se notifique al área de bromatología de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, por los que aún están en buen estado se informó al Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.
Las organizaciones allanadas fueron la Cooperativa Martín Fierro; el Movimiento y la Cooperativa Teresa Rodríguez Limitada; la Agrupación Barrios de Pie; la Agrupación la Dignidad Confluencia; el Polo Obrero; la Agrupación Frente de Organización en Lucha (FOL); y la Agrupación Movimiento de Trabajadores Desocupados.
También se allanaron sedes del Movimiento Corriente Clasista y Combativa; el Movimiento La Resistencia San Jorge; la Federación Nacional; el Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad M.I.M.; la Agrupación C.T.P.-Trabajo y Producción; la Agrupación Conciencia Popular; la Agrupación Libres del Sur; el Frente de Desocupados Eva Perón y el Frente de Desocupados Unidos.
Los procedimientos tuvieron lugar en edificios ubicados en las localidades de Florencio Varela, Dock Sud, Villa Domínico, Gerli, Berazategui, Quilmes, Ezpeleta y San Francisco Solano.
Expedientes derivados de la causa principal
La investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros por “extorsión” y “facturas truchas” que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita tiene, al menos, una derivación de máxima importancia en el juzgado federal de Luis Armella, en Quilmes. En el marco de esas causas derivadas son los allanamientos que se realizaron ayer en comedores, merenderos y depósitos de organizaciones piqueteras y cooperativas.
En efecto, a juzgado de Armella recayeron -en mayo- dos expedientes en los cuales Casanello se declaró incompetente porque las llamadas al 134, el número habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar denuncias por las presiones que recibían los beneficiarios de planes sociales, habían surgido de domicilios de localidades bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda, cuya jurisdicción correspondía al Juzgado Federal Quilmes.
Por una cuestión práctica, el magistrado y su secretario, Diego Quiroga, dividieron las dos causas en 44 expedientes agrupados en movimientos sociales, agrupaciones políticas, piqueteras, etc.
Las diligencias judiciales y de investigación en el campo se canalizan a través de Prefectura Naval argentina, una de las fuerzas federales que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.