La industria minera es vital para la transición energética, aunque esta actividad no deja de generar entredichos. Por eso es importante que el sector trabaje en la mejora de su desempeño en materia de transparencia e integridad.
En las empresas comúnmente se habla de “compliance”, entendiéndose por tal a la gobernanza que, principalmente involucra el cumplimiento de las normas. Sin embargo, el cumplimiento no se trata sólo de la relación entre empresas y grupos de interés (“stakeholders”) sino de todo el canon ético de valores en el que opera.
La responsabilidad social empresarial también desempeña un papel importante. Este concepto apunta a que las empresas asuman la responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente más allá de los mínimos legales.
La transparencia, la participación y la integridad son conceptos estrechamente interconectados y constituyen elementos integrales de gestión, Price Waterhouse lo llama el “ABC” (anti-bribery & corruption).
La integridad y transparencia generan confianza entre las empresas mineras y las comunidades en las que operan, protegen el medio ambiente, promueven el desarrollo económico, mejoran la seguridad y alientan la adopción de mejores prácticas.
Desde el punto de vista del “estado anfitrión” propietario de los recursos naturales, si solamente aplicáramos los principios republicanos (que perfeccionan la democracia), habríamos recorrido gran parte del camino y los ciudadanos tendríamos más confianza en la actividad que genera importantes ingresos: transparencia de los actos de gobierno; austeridad; responsabilidad de los funcionarios por su gestión; separación de las funciones del poder del estado; idoneidad; rendición de cuentas; participación; elementos que conforman lo que hoy se denomina “gobierno abierto”.
Adicionalmente, la transparencia de los destinos de los fondos que las industrias extractivas generan debe darse no sólo desde los gobiernos hacia los ciudadanos, sino desde el gobierno provincial hacia los municipios donde se produce esa riqueza mineral; y desde los gobiernos locales hacia las comunidades aledañas a los yacimientos. Los recursos naturales son de todos los ciudadanos, y por ello es su obligación –como administradores- responder a simples y fundamentales preguntas: ¿Qué se hace con lo que las empresas pagan en concepto de regalías, impuestos, tasas, etc.? ¿En qué se invierten, en qué se gastan para que esos ingresos contribuyan a la sustentabilidad a largo plazo? Por otro lado, ¿son esas decisiones adoptadas de forma participativa?
Existen varios esquemas internacionales voluntarios que apuntan a incentivar y lograr la tan mentada integridad en el sector minero como, por ejemplo:
* Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (“EITI”), la Red de Compliance en Minería (CiMN), una plataforma común de empresas;
* El programa “Publish What You Pay”, (“publica lo que pagas”, una red en 50 países), enfocado en hacer transparentes los ingresos de la minería; y las guías anticorrupción del International Council on Mining & Metals;
* Los programas del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales y la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) y la Iniciativa para los Reportes Globales (GRI), específico para la minería;
* Las guías de debida diligencia de la OECD para cadenas de suministro responsables y áreas de alto riesgo; las iniciativas de Transparencia Internacional y la Práctica de Industrias Extractivas del Banco Mundial que apuntan a disminuir –y eliminar- los focos de corrupción en minería.
A nivel nacional podemos mencionar la Mesa sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC) y Sistema de Información Abierto a la Comunidad sobre la actividad Minera (SIACAM), que de alguna manera contribuyen a la transparencia y la participación de las comunidades.
Los reportes anuales del Instituto Fraser, de Canadá, que construyen un “ranking” entre cientos de jurisdicciones mineras del mundo dan cuenta también que la falta de transparencia en el sector son un desincentivo a la inversión.
Los incidentes en los territorios mineros y las disputas con las partes interesadas locales son ejemplos de cuestiones que pueden comprometer la licencia social para operar. Ese término, que denota la aceptación de las organizaciones y sus operaciones por parte de las comunidades locales, es esencial para la minería sostenible.
La transparencia de parte de las empresas ayuda a generar confianza de parte de las comunidades; la transparencia e integridad de parte de las autoridades oficiales, contribuye a generar confianza en los inversores. Y la confianza se genera con accionar ético durante largo plazo, y a través de diversas y sucesivas administraciones públicas.
La transparencia también mejora la correcta asignación del valor de bienes públicos (como el agua, el paisaje, los recursos humanos).
Los expertos reconocen que la corrupción es perjudicial para las empresas y tiene impactos sociales y económicos negativos en los lugares donde tiene lugar. Las empresas mineras (a través del CiMN por ejemplo) creen que trabajar de manera abierta y colaborativa fomenta la visión de una industria minera libre de corrupción.
¿Qué podemos hacer en Salta para mejorar la transparencia de la minería?
La provincia y las empresas deben tomar conciencia que el fortalecimiento del “gobierno abierto”, que acentúa la transparencia y la integridad es intrínsecamente bueno y por ello hay que hacer esfuerzos para conseguirlo.
Utilizar herramientas tecnológicas para mostrar información ayudan a lograrlo: publicación cuantitativa en portales digitales de los organismos (Secretaría de Minería, de Ambiente, de Ingresos Públicos), y empresas del estado sobre los beneficios que se obtienen de la industria minera, el destino de estos y la forma en que esos ingresos se administran. La Secretaría de Ingresos Públicos es, la encargada de “la recaudación, fiscalización, determinación y control de las regalías mineras e hidrocarburíferas”, ¡pero nada dice de su publicación!
Mejora en los sistemas de selección, y elección de los funcionarios y técnicos, como manifestación de los principios republicanos citados.
Al mismo tiempo, fortalecimiento de la carrera de los funcionarios públicos, sobre todo los dedicados a la gestión de las industrias extractivas, mediante capacitación permanente, remuneración competitiva comparable a los funcionarios de las empresas privadas, dotación de materiales, equipamientos y herramientas tecnológicas acordes a las necesidades y exigencias actuales.
Publicación de los organismos de control (Auditoría General de la Provincia, Sindicatura, etc.) de los reportes de auditorías, inspecciones y procedimientos que se llevan a cabo en relación con ingresos ante los diferentes organismos que administran fondos públicos. En el web-site de la AGP, por ejemplo, en el Área de Control N°IV, en el que figura REMSA como ente auditado no hay informe alguno (desde el año 2008) referido a ingresos y administración de fondos de esa empresa.
Habilitación de líneas de denuncia (hot-line o whistleblowing) por lo que ciudadanos o empleados puedan revelar información sobre actividades dentro de una organización pública o privada que se considera ilegal, inmoral, ilícita, insegura o fraudulenta (esto implicaría la simplificación y anonimidad del procedimiento contemplado en el Reglamento de Admisión de Denuncia (Res. AGPS Nª 52/01).
Por último, la transparencia debiera aplicarse también respecto del origen de fondos y gestión de todos los actores involucrados en la industria minera, como los proveedores y empresas de servicios; las organizaciones no gubernamentales (ONG); y el acceso a la información de parte de la prensa (el denominado “cuarto poder”) debiera ser insoslayable.