Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, la ONG que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil y el proxenetismo en la Argentina y países de la región, se refirió a los errores que se produjeron en la búsqueda hasta ahora infructuosa de Loan Peña, el niño correntino desaparecido el pasado 13 de junio. Vera, de profesión docente y ex legislador porteño, por el Multimedio audiovisual de Tartagal consideró que en relación con el caso de Loan “la investigación no se ajustó a los protocolos y los manuales de búsqueda que básicamente establecen que cuando desaparece un niño, niña o adolescente en un contexto de vulnerabilidad se pueden barajar varias hipótesis, pero la investigación se tiene que encuadrar alrededor de la hipótesis más grave. Hay que situarse en el peor de los escenarios”.
Vera agregó que “este protocolo significaba que desde el minuto ‘0’ de la desaparición del niño la causa debía ser tramitada por un Juzgado Federal, que es el que tiene competencia en este caso de delitos graves como es la trata, la Policía provincial tenía que haber sido reemplazada por las fuerzas de seguridad federales, porque cuando se investiga trata es obvio que hubo zona liberada y si hubo zona liberada es porque hubo complicidad estatal, lo que ha quedado demostrado en el caso de Loan, por eso el comisario del pueblo y una funcionaria municipal de mucho peso político en la provincia están detenidos. Y la tercera cuestión es declarar el ‘alerta Sofía'”.
En esa línea explicó: “Esas medidas concretas del ‘alerta Sofía’ implican retenes inmediatos en todo el pueblo para impedir el egreso de personas sin ser revisadas de manera exhaustiva, retenes en las fronteras provinciales, convocar a una alerta migratoria para controlar de manera más exhaustiva las fronteras, en ese caso en particular Brasil y Paraguay, alerta en vialidad para montar retenes en rutas y peajes, alerta a la comisión de regulación del transporte para chequear pasajes aéreos, marítimos y terrestres; en el caso de Loan se debían retener a todas las personas que participaron de ese almuerzo y tomarles testimonios, realizarle la Cámara Gesell a los menores, peritar los celulares de todos los adultos, pero ese mismo día, no 10 días más tarde como sucedió en este caso”.
Vera explicó que “si todas esas medidas se hubiesen tomado a tiempo estaríamos mucho más cerca de la verdad, cuando se han perdido semanas con una investigación a cargo de un Juzgado de Garantías que no solo no tiene competencia para investigar trata sino que se montó un gran show para cubrir una cadena de complicidad, para cubrir algo que evidentemente no ocurre por primera vez. La funcionaria detenida tiene un álbum de fotos con el gobernador Valdez, por lo tanto era una persona que pisaba muy fuerte en la provincia políticamente hablando”.