El juicio por la estatización de YPF es paradigmático por la cantidad de planos de análisis que merece. Transcurre en Nueva York, a pesar de que los hechos ocurrieron en Argentina y ningún actor del drama es estadounidense. Una discusión jurídica en derredor de dos artículos del estatuto social de YPF, que obligaban a cualquier comprador de un porcentaje relevante del capital accionario, a hacer una oferta al resto. La contienda terminó en una sentencia de primera instancia por 16 mil millones de dólares, a partir de un reclamo original comprado por 15 millones de euros.
La cruda descripción invita a un análisis de las causas, y a un intento por aprender lecciones. Se llega a la justicia de New York con la excusa de que YPF está listada en su bolsa. El trasfondo es de doble cara: una jurisdicción favorable a los acreedores; un mercado de capitales inmenso para los Estados, obligados a respetar las sentencias si quieren mantener su crédito internacional, incluyendo organismos multilaterales. Todo en un marco en el que el poder jurisdiccional de Estados Unidos ha ido ampliando su alcance, al extremo ya no solo de congelar cuentas bancarias sino de aislar sistemas financieros nacionales completos, como se ha visto luego de la invasión a Ucrania.
El estatuto social, pensado, escrito y sujeto a la ley argentina, fue interpretado por una jueza americana. Como si no hubiera jueces en el país. Claro, esto explica por qué es importante designar magistrados probos, empezando por la Corte Suprema; por qué hoy la inversión vacila; y por qué es una idea cortoplacista aceptar prorrogar jurisdicción en el capítulo de RIGI de la Ley de Bases: pan para hoy, hambre para mañana, como se vio históricamente en los arbitrajes del Banco Mundial, jurisdicción muy discutible, que se aceptó como gran idea durante la década de los 90, en tratados bilaterales que comprometieron al país.
Una tasa de retorno de 37.000 %; de millones de inversión a miles de millones de ganancia, que en algún momento deberemos pagar entre todos a unos oportunistas de la estupidez. Claro, la negligencia de un gobierno es posible cuando se está bajo un régimen de aislamiento internacional, como el que dominó el país por décadas. Integrarse, como se pretende, exige otros parámetros, más serios.
Esta semana se presentaron en segunda instancia YPF y Argentina. La primera, esperando seguir afuera de la condena, un logro que tiene todas las de seguir ganando: no se puede pedir a una sociedad anónima que cumpla obligaciones que son propias de los accionistas, como indica el Estatuto. La segunda, intentando al menos reducir el monto de una condena grosera, con un argumento válido: para calcular los daños, la jueza de primera instancia tomó en cuenta el tipo de cambio de la fecha de condena y no la de aquella en que ocurrieron los hechos, como indica la jurisprudencia predominante en NY.
Lecciones concluyentes. El que las hace, las paga con creces, en un mundo integrado. No es sólo cuestión de abrir mercados y desregular; ya se vio en los 90… se trata de reconstruir las instituciones, empezando con la justicia; también sancionar leyes inteligentes, que apunten un poco más allá de la coyuntura económica y su horizonte tan pobre como urgente. Aprendamos a no repetir los extremos de nuestra historia: no volvamos a tropezar con las mismas piedras.