Una vez más, el sector salud en Argentina cruje: persisten sus serios problemas estructurales, agravados por sucesivas intervenciones gubernamentales, que lejos de equilibrar, profundizan y aceleran las asimetrías prexistentes. Un interminable círculo viciosos que agrava la situación inicial.
El Gobierno de Javier Milei detectó un comportamiento, o posición dominante, debido a la aparente concentración de una parte del sector financiador, las empresas de medicina prepaga (EMP), a partir del aumento de las cuotas derivado de la desregulación del sistema.
Esas cuotas venían congeladas sobre el final del gobierno anterior (Alberto Fernández) con un notable retraso respecto a la inflación.
En el mismo sentido, durante ese periodo, las EMP retrasaron los aranceles, que son los montos que les pagan a los prestadores de salud por sus prestaciones.
Acto seguido, frente al nuevo gobierno y la desregulación vigente, las EMP aumentaron las cuotas para tratar de compensar, de modo súbito, el retraso producido por el congelamiento acordado con el gobierno anterior.
Pero ese aumento, que golpeó de manera contundente a los afiliados, no redundó en una compensación en el retraso acumulado y crónico de los valores abonados a los prestadores, institutos, clínicas, sanatorios y consultorios.
Vaya un ejemplo cuantificable: en enero de 2024, la mayoría de las EMP aumentaron las cuotas el 40 %. Pero sólo trasladaron el 36 % a los prestadores de salud.
Vale aquí una consideración central y determinante sobre la realidad del sistema, porque describe la lógica del modelo de salud. Ese 36 % otorgado en enero se materializaría en pagos a los 90 días promedio de realizada la prestación y, en algunos casos, hasta 120 días. Los prestadores de salud están sometidos a plazos ruinosos de pago.
Si en los 90 días descontamos a la tasa de inflación o equivalente de cualquier instrumento financiero para compensar la inflación, el prestador (médico) cobró en el mejor de los casos en abril las prestaciones realizadas enero con un incremento real del 18 por ciento.
Aquí esta el fundamento de la afirmación que realizáramos oportunamente, el paciente cada vez paga más por su cobertura y su médico cada vez cobra menos por sus servicios. Esto generó que el gobierno visualizara y considerara que hubo cartelización para con los afiliados los clientes de las EMP.
Ese comportamiento también se consolidó y sigue su curso con los prestadores de salud, como se expone en este breve análisis.
Ahora bien, en la actualidad, el Gobierno intervino y, de una u otra manera, estableció un precio máximo para las EMP.
Esta situación es el argumento utilizado por las EMP para no actualizar en el mes de mayo valores para los prestadores de salud, lo cual profundiza las asimetrías sistémicas.
Los prestadores soportan un incremento a tasa geométrica de su estructura de costos; producto de la inflación, variaciones de los tipos de cambio y paritarias que acaban de anunciarse e implican un 10 % para mayo, 9 % para junio y 7,5% para julio.
Esto contrasta con el incremento de los aranceles que apenas si crecen a una tasa aritmética, a punto tal que para algunos meses se prevé incluso nulo, es decir cero aumentos.
Hecha esta aclaración sobre la realidad de la relación prestadores con las prepagas, podemos inferir, desde la perspectiva del análisis económico, qué implica la fijación de precios máximos o pseudo precios fijados por la autoridad política.
En general, como afirma el emérito profesor doctor Alberto Benegas Lynch (h), “los precios ponen de manifiesto el deterioro en el poder adquisitivo del dinero debido a la inflación monetaria que los gobiernos provocan”.
Por ende, la implementación de pseudo precios no resuelve el problema sencillamente porque no ataca su causa, además de generar efectos distorsivos que agravan profundamente la situación.
Sobre la implementación de precios máximos nos deja evidencia empírica lo ocurrido en el sistema de salud durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández.
Esto genera consecuencias severas como la expansión de la demanda, lo que produce a su vez un faltante artificial, debido a que hay una contracción en la oferta que hace que aquel faltante artificial se agudice más aún.
A su vez, se produce la alteración artificial de los márgenes operativos y eso genera efectos, a cuál peor: confusión o deterioro de la capacidad que tienen los precios de guiar y promover inversiones necesarias donde hacen falta, y su correspondiente asignación eficiente de recursos para tal fin, lo cual provoca en definitiva un empobrecimiento de la comunidad.
En general, estas distorsiones y atrasos contraen la oferta. Como en el caso de la salud hablamos de bienes o servicios preferentes, los gobiernos optan por subsidiar de alguna forma a los actores del sistema.
En el sistema de salud se visualiza en los montos que discrecionalmente se les giran a las obras sociales sindicales o la emergencia sanitaria, que permite a los agentes no ser ejecutados por el no pago de aportes patronales, etc.
Estos subsidios son extraídos o se le quita tal asignación a otro sector de manera compensatoria y, como consecuencia, los problemas se agravan acelerando procesos de inversión erróneos o equivocados.
Un ejemplo es que un porcentaje preocupante de los prestadores de salud, de no prorrogarse rápidamente, la ley de emergencia sanitaria, entrarían en procesos de concurso y quiebra.
Por ende, podemos afirmar que, estas organizaciones que prestan servicios de salud a este nivel de precios subsisten de manera artificial y bajo el amparo de una definición discrecional del gobierno y no de la realidad que prevalece en el mercado. Por ende, ante un cambio de gobierno si la decisión cambia se desmorona inmediatamente el sistema de salud.
El efecto acumulativo de la intervención complica aún más la situación. La aparición del mal llamado copago es una muestra de ello y los riesgos de la informalidad y su posterior persecución precarizan el ya degradado acto médico.
En síntesis, lo que se busca con este mecanismo de precios máximos es beneficiar a una parte de población que tiene cobertura en las EMP. El resultado será el faltante artificial de prestaciones y prestadores en el presente, que además impacta en todo el sistema de salud.
El decremento de la oferta de servicios de salud de calidad en el futuro y el despilfarro de recursos como lo girado a las obras sociales sindicales u otros subsidios en perjuicio de recursos productivos, perjudican al paciente y al prestador de servicios de salud (médico).
Paradójicamente dejan mejor parados al conjunto de intermediarios que concentran su participación y poder de negociación en el sistema de salud.
Al respecto, desde la Cámara de Medicina Oftalmológica hemos convocado a los diferentes actores del sistema para promover una agenda en la que inmediatamente se discuta una agenda urgente:
1) Recomposición de valores para la oftalmología.
2) La razonabilidad de los plazos de pago de las prestaciones realizadas.
3) Debate técnico-científico sobre composición y alcance del PMO (programa médico obligatorio).
4) Implementación de esquemas de cobertura parcial y programa auditorías conjuntas hacia el interior del sistema.
Lo hacemos desde el profundo convencimiento de que sólo una mesa de acuerdo sobre la política sanitaria y su financiamiento pueden constituir el punto de partida genuino para atacar los problemas estructurales del sistema de salud en la Argentina.