He pensado mucho en la temática de este artículo antes de comenzar con su investigación primero y su escritura después.
Es que la misma ha sido siempre objeto de diversas, aunque por cierto razonadas opiniones, muchas de ellas totalmente antagónicas entre sí, lo que ha llevado a discusiones donde pocas han sido las veces en las cuales se haya arribado a un punto de consenso.
Una bandera es levantada en el entorno de la seguridad vial y pretende otorgar plena justificación a una política de tolerancia cero.
La instauración de la misma obedece y busca sustento en la necesidad de disminuir drásticamente la ocurrencia de incidentes graves, los cuales a mi juicio no son causados por conductores cuya alcoholemia oscile entre 0 y 0,5 g/l, sino por lo que holgadamente transitan valores superiores a 1 o 1,5 g/l.
Por otra parte hay quienes aducen que el margen de hasta 0.5 g/l nos garantiza que podamos circular tranquilos luego de compartir una copa en familia o con amigos, sin cometer otras infracciones, obviamente, ya que a partir de allí empieza el estado de “intoxicación alcohólica”, algo que desde el ámbito científico no merece objeciones.
Debemos encontrar en la sociedad un punto de encuentro, de convivencia social con la idea de crear hábitos y conductas responsables, previsibles y solidarias en el uso de la vía pública, en el contexto de sus relaciones ciudadanas.
Cuando hay divorcio entre lo que recomienda la cultura y lo que dice la ley, surgirán sin duda alguna, los problemas. La sociedad está poniendo de manifiesto cada vez con mayor énfasis las diferencias existentes entre la ley, la moral y la cultura, parámetros estos reguladores del comportamiento humano
Pero esas diferencias pueden atenuarse mediante un cambio de conductas consciente, a través de la construcción de una cultura ciudadana que incida en el comportamiento colectivo en pos de alcanzar una armonía mayor entre la ley, la moral y la cultura.
La cultura ciudadana es la regulación de la interacción entre ciudadanos y los funcionarios encargados de llevar a cabo los controles regulatorios.
Debemos ser conscientes también de que, para alcanzar el objetivo, muy loable por cierto, que busca la disminución de accidentes debe ponerse sobre el tapete y considerar que, además de propender a generar conductores impolutos ante el alcohol, no debe olvidarse la instrumentación de una verdadera política de Estado en materia de seguridad vial.
Considerando que somos una provincia turística, productora de excelentes vinos y nuestra gastronomía es reconocida internacionalmente, la alcoholemia cero es portadora de daños colaterales hacia las fuentes de trabajo de miles de familias y empresarios que se ven perjudicados.
Además los turistas pueden llegar a encontrarse con que prácticas en su lugar de origen son perfectamente normales y aceptables legalmente y aquí son motivo de causa grave y condenables.
Según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte , con dfatos de 2019, los controles de alcoholemia por año oscilan los 444 por cada mil habitantes por año, en Polonia o los 204 por mil en Austria, a los 125 de Suecia.
En esos países no rige la tolerancia cero. En Argentina, en 2022, se hicieron 14 controles cada mil habitantes.
Ello nos da la pauta que el éxito en la reducción de la siniestralidad vial no está sujeta a la alcoholemia cero sino a verdaderas y permanentes políticas de seguridad vial en donde el Estado dice presente.
Solo con la unión de voluntades que generen un compromiso de absolutamente todos los actores sociales y la efectiva presencia del Estado podremos paulatinamente ir acercándonos a los objetivos que en esta materia puedan plantearse, aunque sin puritanismos subyacentes.