Legué con puntualidad británica -a las 9 de la mañana del 1 de noviembre de 1968- a la casona de Perón en Puerta de Hierro. Me abrió el metálico portón del Jardín madrileño un hombre maduro, canoso y de ojos suspicaces y penetrantes. Era José López Rega, el asistente del viejo general, quien me condujo hasta el escritorio de la casa y me instaló en un cómodo sillón. Perón se presentó con una amplia sonrisa gardeliana y me brindó un saludo cordial.
Ante mi estaba esta esfinge viva, que tenía en lo más recóndito de su ser las claves del destino argentino. Me escrutó sin mayor disimulo. Yo vestía “el uniforme” de los “petimetres” citadinos; saco azul marino, pantalones grises de franela peinada, mocasines de Guido y una sobria corbata inglesa que hacía lucir mi pulcra camisa blanca. Iniciando el diálogo me dijo: ¿Usted sabe que yo también he sido periodista y que aún hoy despunto el grato vicio de escribir? –me preguntó súbitamente.
Si, le respondí; Leí algún artículo que Ud. publicó en el diario “Democracia” con el seudónimo de “Descartes”- “A propósito, siempre me intrigó una pregunta ¿por qué eligió identificarse con este filósofo, padre del racionalismo moderno?
“En realidad, fue una devolución de atenciones – respondió con una sonrisa diáfana e irónica a la vez. ¿Sabía Ud. que Descartes, siguiendo su lema “larvatus pro Deo -que significa avanzar encubierto- firmaba sus escritos con el sobrenombre del célebre geógrafo Perón?”
“Touche”-le reconocí. Luego comencé un largo tanteo previo para centrar el reportaje en el tema de mi interés. En ese trayecto hacia la actualidad, habló del pacto que celebró con Frondizi, que aseguró la victoria electoral que lo consagró presidente. Elogió a Rogelio Frigerio que fue el arquitecto del pacto que hizo posible reconstruir la unidad del movimiento obrero, al que el general proclamó como la columna vertebral del Movimiento Peronista y su leal guardia pretoriana.
Omnipotencia cegetista
A confesión de parte relevo de prueba, reza un principio jurídico consagrado y este es precisamente el nudo gordiano y el fundamento constitutivo de la CGT como una verdadera magistratura política y también como el tribunal supremo de la ortodoxia económica justicialista, que dictamina sin apelación sobre las leyes y medidas que deciden los gobiernos no peronistas sin su consentimiento. Precisamente, el último fallo inquisitorial fue el que pronunció la central obrera cuando dispuso el último paro general, que como confesó el titular cegetista fue eminentemente político y contra un gobierno elegido democráticamente, a pesar de lo estampado en el artículo 4 de su estatuto –hecho a medida y genialmente ambiguo- que proclama que la “CGT, es independiente de todo partido político o tendencia ideológica, religiosa o filosófica”.
Hasta aquí el contenido corresponde al deber ser de equidad, justicia y juridicidad; luego agrega: “pero podrá fijar posición política, apoyando partidos políticos y candidatos o propiciando, cuando entendiera que así conviene a los intereses de la clase trabajadora”. Por supuesto que los sindicalistas utilizaron la última parte del artículo 4, para intervenir en favor del candidato del frente peronista, que era el ministro de economía del catastrófico gobierno de Alberto Fernández, poniendo el gran poder burocrático de la CGT a favor de una facción política que acabó perdiendo las elecciones generales de 2023. Ahora, en revancha por este fracaso electoral, llevan realizando dos paros generales contra el gobierno que preside Javier Milei, a quien, a sólo 5 meses de gobernar pretenden responsabilizar por las consecuencias de los desaciertos del candidato cegetista, quien fue el fáustico Dr. Sergio Massa, ministro de un régimen que gozó de la suma del poder público para realizar sin límites sus “políticas” de gastos proselitistas con total desmesura y sin sonrojarse un ápice.
Este último paro ha tenido un declinante acatamiento popular de cerca de un 25%, pero ha costado al país U$S 500 millones. Demuestra que la CGT ha perdido consenso y prestigio. Su excesivo ejercicio del poder hace necesario la derogación del Estatuto de la CGT que se aprobó en 2021, bajo un gobierno complaciente y que consagra legalmente a la CGT como un nuevo poder político que no tiene límites legales a su actuación, en campos donde no es competente. La nueva norma debe prohibir la actividad política de los sindicatos que implica terminar con su formidable poder de bloqueo de cualquier intento de cambio político y económico nacional. La Central Obrera, debe gozar de plena libertad, pero sólo para la defensa de los intereses profesionales, económicos o sociales de sus afiliados.
Obviamente es necesario democratizar la elección de los dirigentes gremiales, consagrar la libertad de asociarse y concluir con la solidaridad forzosa que hace que los trabajadores que no se hayan afiliado deban pagar compulsivamente las cuotas sindicales. Finalmente debe revisarse la solución del sindicato “más representativo” y liberalizar el procedimiento de discusión de los salarios, que debe realizarse por empresa y no por ramas de actividad que engloban situaciones de gran diversidad.
Finalmente debe concluirse con el régimen de obras sociales sindicales, instaurado durante el gobierno de Onganía, por Decreto Ley 18.610, del 23 de febrero de 1970, Texto Ordenado por Decreto 2020/70, que les transfirió a los gremios más del 2% del PBI, que superaba al presupuesto de las FFAA y Fuerzas de Seguridad de la Nación. Esas normas fueron posteriormente derogadas por la ley 22.269. Pero estos privilegios gremiales lejos de disminuir crecieron con el tiempo. Pensamos que, sólo volviendo la actividad sindical a un cauce legal razonable, se podrá restablecer el equilibrio entre los principales actores del escenario político, económico y social en nuestro amado país.
1) El 24 de enero de 1951 apareció en el diario “Democracia” una columna titulada “Política y Estrategia”, firmada por Descartes. En ese espacio periodístico, el misterioso columnista desarrolló la teoría de la Tercera Posición justicialista como un equilibrado intento de mantener a la Argentina equidistante de las dos potencias que se debatían por la supremacía mundial. La doctrina antiimperialista rechazaba simétricamente el capitalismo supuestamente darwiniano de los EEUU y el materialismo dialéctico de la URSS y sus permanentes avances imperialistas. Con el tiempo se supo que Descartes era el seudónimo que utilizaba el Presidente Perón. En 1643 Descartes había firmado una comunicación al Consejo de la ciudad de Utrecht con el nombre de Perón. El caudillo criollo tenía un sentido muy fino de la ironía. Si Descartes firmó como Perón el firmaría como Descartes.