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Los sospechosos están acusados de un delito de explotación laboral y trata de personas en una cantera de piedras preciosas ubicada en la zona de Catalán, a 60 kilómetros de la ciudad uruguaya de Artigas, según recoge el periódico Crónicas del Este.
Cuatro de los arrestos se llevaron a cabo en Artigas, mientras que los otros tuvieron lugar en Montevideo.
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Los ciudadanos venezolanos fueron captados a través de una aplicación de mensajería para trabajar en la cantera de piedras preciosas. Se les prometió un salario mensual de 2.500 dólares por trabajar ocho horas al día, pero las jornadas laborales eran de 12 horas diarias y apenas recibieron un salario de 200 dólares por quincena, una vez descontados los gastos de alojamiento, alimentación y acceso a Internet. Mora era quien tramitaba la entrada de los ciudadanos venezolanos en Uruguay.
Las acusaciones fueron formuladas por la fiscalía del segundo turno en Artigas, a cargo de Sabrina Massaferro, por presuntamente formar parte de una red implicada en la explotación laboral de ciudadanos venezolanos y en actividades que menoscaban su dignidad humana en una cantera de piedras semipreciosas.
Los sospechosos están acusados de un delito de explotación laboral y trata de personas en una cantera de piedras preciosas ubicada en la zona de Catalán, a 60 kilómetros de la ciudad uruguaya de Artiga (Foto de archivo de la Intendencia de Artigas)
Según la acusación formal presentada por la fiscalía, más de 30 ciudadanos venezolanos fueron identificados como víctimas de estas prácticas en la referida cantera. Uno de ellos, quien arribó a Uruguay en enero, fue el denunciante inicial.
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El juez no ordenó detención preventiva a los acusados, sino la obligación de registrar su domicilio, la prohibición de abandonar el país, la retención de sus documentos de viaje, la prohibición de contacto con las víctimas, el arresto domiciliario nocturno y el uso de dispositivos de monitoreo electrónico.
Los pasajes y la coordinación del viaje de los venezolanos hasta Uruguay fueron supuestamente organizados y costeados por los acusados, incluida la funcionaria del ministerio de Defensa uruguayo que se presentó como representante de la empresa ante los migrantes.
Posteriormente, los documentos de los migrantes fueron confiscados y se les hizo firmar contratos sin la oportunidad de revisarlos previamente.
El ministro de Defensa, Javier García, afirmó que Sonia María Mora Pintos es una empleada “de carrera” con más de 30 años de experiencia, y que no ocupaba un cargo de confianza personal. Sin embargo, según apuntó CNN, la oposición uruguaya ha difundido una resolución ministerial del 2023 que la designa como “jefa interina de la Sección Notarial”.
(Con información de EP)